– “No todo lo bueno cuesta”.

Por: Estaban Patricio M.

El Congreso del estado de Michoacán está entre los más caros de todo el país, apenas tres estados de la república gastan más en sus diputados locales. Los legisladores michoacanos perciben salarios diez veces mayores que un ciudadano promedio de la entidad, pero además de este dispendio, el desempeño de los diputados puede decepcionar.

Un viejo dicho sentencia que “lo bueno cuesta”, pero al contrastar las acciones de los legisladores con sus costos, parece que no todo lo bueno cuesta.

¿DIPUTADOS?

El Congreso del Estado de Michoacán es el órgano colegiado en cual se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en el Estado.

Entre sus principales funciones destacan la de representar políticamente a los michoacanos, legislar sobre los ramos de la administración que sean competencia del Estado, así como participar en las adiciones o reformas a la Constitución Local y a la Constitución de la República.

También se encarga de fiscalizar las acciones del Estado y los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública; y, por otro lado, erigirse en Jurado de Sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio del interés público.

El Congreso se integra con cuarenta diputados electos, de los cuales 24 son electos por el sufragio universal, libre, secreto y directo; es decir, esos que los ciudadanos tachan en las boletas en los días de elección.

Y otros 16 son electos conforme al principio de representación proporcional, que significa que son asignados de acuerdo al porcentaje de votos que un partido político obtiene en las elecciones, para lo cual cada partido da una lista de candidatos también conocidos como “plurinominales” y según la proporción de votos que el partido recibe, se le asigna cierto número de espacios en el Congreso.

¿QUÉ TAN CAROS SALEN?

Si se toman en cuenta los presupuestos oficiales de las 32 entidades de la República para este 2019, de los recursos destinados a los poderes legislativos, se evidencia cómo el Legislativo michoacano es el cuarto más caro del país, sólo debajo de la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco.

Esto contrasta con el discurso de austeridad que desde inicios de la LXXIV Legislatura sostienen sus integrantes.

El argumento que mencionan los legisladores michoacanos para evadir este señalamiento, es que el presupuesto aprobado para el Congreso del Estado incluye tanto el recurso del Congreso como el de la Auditoría Superior de Michoacán, por no ser unidades programáticas presupuestarias separadas.

Pero, aun así, si a los presupuestos de los demás congresos estatales se le suman los de sus respectivos órganos fiscalizadores, o sea sus auditorías, para que estén en igualdad de comparativas, resulta que Michoacán se posiciona en el cuarto sitio entre los 32 estados.

Ahora, si se toma en cuenta el máximo de presupuesto de cada Poder Legislativo estatal y se divide entre los diputados que los integran, podemos tener un panorama de cuánto cuestan los legisladores locales por año en el país.

Ahí también Michoacán aparece entre los más caros, en promedio los diputados locales nos cuestan 23.09 millones de pesos por cabeza, ubicándose en la quinta posición a nivel nacional.

Los diputados más caros son los de la Ciudad de México, con un promedio anual de 34.6 millones de pesos cada uno; le siguen los de Baja California con 25 millones; los de Jalisco con 26.2 millones; los de Quintana Roo con 26.1 millones; y luego los michoacanos con 23.09 millones.

LA MUY NOTORIA DIFERENCIA

Bajo este esquema, se debe comparar el ingreso de los legisladores con el de sus representados, en Michoacán apenas hace unos meses el Secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza, mencionó que el ingreso anual promedio de un habitante ronda de 98 mil 550 pesos.

Es decir, el ingreso promedio de los michoacanos apenas representa el 0.43% de lo que se tiene que gastar de dinero público para mantener a los diputados. Dicho de otra forma, un michoacano promedio tiene que trabajar por casi 233 años para poder pagar él solo lo que se gasta en un diputado.

¿Y LA EFICIENCIA?

El pasado viernes 8 de marzo el Congreso realizó un foro que se supone buscaba conocer la opinión de expertos sobre la Guardia Nacional; sin embargo, ese ejercicio no cambiará ni una coma en la iniciativa que se tiene que subir al Pleno Legislativo michoacano respecto al tema.

Paro se debe recordar que la iniciativa que dará origen a la Guardia Nacional se trata de una ley federal y estas deben ser sometidas a votación de los Congresos de los 32 estados de la república, no se le puede hacer modificaciones, sólo se podrán pronunciarse a favor o en contra.

Es decir, los legisladores realizarán un foro para escuchar opiniones que anteriormente pudieron tomar de otros actores para decidir su voto a favor o en contra, algo que probablemente pudieron hacer hasta en su casa, pero que mejora harán en un recinto oficial, generando un gasto para las arcas públicas.

Otra situación que deja dudas de la eficiencia de los legisladores se dio con relación al tratamiento que dieron al Derecho de Alumbrado Público.

El Derecho al Alumbrado Público (DAP), se cobra por dos vías a los usuarios, una a través del impuesto predial y la otra a través del recibo de luz, esto pese a que la doble tributación por un mismo concepto está constitucionalmente prohibida.

Eso lleva a que la totalidad de juicios que se presentan ante el Tribunal de Justicia Administrativa en contra del doble cobro, se resuelven de manera favorable para quienes los promueven.

El pasado martes 4 de marzo las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública y la de Hacienda y Deuda Pública sesionaron para dictaminar entre otros temas, la iniciativa presentada por la legisladora Teresa Mora Covarrubias, que planteaba eliminar el cobro del DAP por parte de los municipios, pero los integrantes de la comisión determinaron que era improcedente, por considerar era confuso y ponía en riesgo los ingresos en los municipios.

Después en una reunión, los diputados reconocieron la inconstitucionalidad del doble cobro que defendieron en comisiones, pero argumentaron que por la poca recaudación de recursos que tienen los municipios, decidieron no trabajar, afinar y continuar el curso de la propuesta de eliminarlo.

Es decir, los diputados prefirieron seguir con un cobro ilegal, a solucionar de fondo el problema con propuestas para compensas los ingresos que genera el DAP a los municipios, pero eliminar su cobro.

23.09 millones de pesos se usan en cada uno de los diputados, que además tienen a tres “asesores”, con ingresos de casi 20 mil pesos mensuales, pero su actuación deja que desear, lo caro no precisamente es bueno.

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