El silencioso riesgo para el campo michoacano

Un sector productivo que por casi 10 años ha mantenido a Michoacán entre los estados destacados por sus resultados, es el agrícola. Sin embargo, las recientes propuestas de leyes relacionadas a la propiedad de tierras, podrían poner en riesgo al campo de la entidad.
EL ÉXITO PRESUMIDO
Hace aproximadamente cuatro meses, la Delegación en Michoacán de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), dio a conocer con bombo y platillo que por noveno año consecutivo Michoacán se mantuvo en primer lugar a nivel nacional en el valor de la producción agrícola, con más de 80 mil millones de pesos.
La dependencia enfatizó que este logro reflejó el trabajo de las y los productores y el compromiso de las organizaciones productivas del Estado, en la labor dentro de ese un millón 047 mil 398 hectáreas cultivables, con las que cuenta Michoacán.
El delegado Estatal de la Sagarpa, Jaime Rodríguez López, informó que en el cierre de producción agropecuaria 2017, que contempla a nivel nacional más de 800 especies, variedades agrícolas y especies pecuarias, se confirmó el incremento del valor de la producción, con respecto a 2016, en más de 16 mil millones de pesos, de los cuales Michoacán aporta a nivel nacional el 13.75 por ciento.
Resaltó que en los últimos años en Michoacán se han registrado cosechas en 117 cultivos, que han representado el incremento en el valor de la producción, entre los cuales destacan el aguacate, frambuesa, fresa, limón, mango y zarzamora, todos ellos productos que se exportan al menos a 49 países.
Finalmente, el delegado de la SAGARPA en Michoacán señaló que respecto al sector pecuario, el 2017 cerró con un valor de la producción de más de 11 mil 422 millones de pesos, incrementándose con respecto al cierre de 2016 en más de 613 millones de pesos.
De igual forma, resaltó que en el sector agropecuario, el valor de la producción en Michoacán rebasó los 92 mil millones de pesos.
Constantemente se destaca que nuestro estado produce el 94% de la zarzamora del país, o que es el segundo productor nacional de arándano.
Pero en este ámbito y a como contexto para el tema a abordar en los siguientes párrafos, se debe destacar que buena parte de esta producción surge de tierras ejidales y comunidades, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chiapas, Michoacán y Veracruz concentran la mayor cantidad de núcleos ejidales y de comunidades, pues estos tres estados concentran 26.7 % del total de ejidos y comunidades del país.
Es decir, Michoacán está entre los estados de la republica con más ejidos y comunidades.
EL RIESGO
El 23 de octubre pasado, el Senador Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, presentó al Congreso de la Unión una Iniciativa de Ley de Desarrollo Agrario, con la que propone derogar la Ley Agraria publicada en 1992.
Desde entonces, académicos, activistas y organizaciones campesinas se han posicionado en contra de esta propuesta, al señalar que la propiedad social de las tierras está en riesgo de desaparecer.
Esta propuesta plantea mantener los tratos agrarios de enajenación de parcelas y de los derechos sobre las tierras de uso común, así como el arrendamiento de tierras por parte de terceros, hasta por 30 años prorrogables.
Pretende también individualizar los derechos agrarios, promover la concentración de las tierras a través de sociedades civiles y mercantiles; facilitar el uso, ocupación, explotación y aprovechamiento de las tierras para la industria de los hidrocarburos y la energía eléctrica por parte de empresas.
La licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán (Colmich), Carmen Ventura Patiño, recientemente expuso que esta propuesta de ley debilita los mecanismos colectivos de decisión sobre el destino y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en más de 99 millones de hectáreas, que representan poco más de la mitad del territorio nacional, superficie que se encuentra en manos de cerca de 5 millones de sujetos agrarios.
Destacó que atenta contra las tierras de los pueblos y comunidades indígenas, en las que se ubican las principales cuencas hidrológicas, los bosques templados, nubosos y mesófilos, las selvas altas, las selvas húmedas, la mayoría de las Áreas Naturales Protegidas, que contienen una variedad y riqueza de flora y fauna. Además de los yacimientos minerales, codiciados y ya concesionados a empresas extranjeras y una parte importante de las reservas de hidrocarburos.
Otros académicos en el país destacaron que el diagnóstico que sustenta esta iniciativa afirma que en el campo se han realizado “esfuerzos considerables de gobierno para mejorar su situación económica” y que se “han puesto en marcha diversos programas” y que a pesar de esta circunstancia la población del medio rural en su conjunto concentra la población en pobreza extrema.
Pero estas son afirmaciones que van en contracorriente de los múltiples diagnósticos y estudios hechos recientemente por diversas organizaciones (SUSMAI, RISMIP, CEIBA) e investigadores a lo largo del país, quienes sostienen que la situación de pobreza en el campo se explica principalmente por la ausencia de un desarrollo integral, por el énfasis de subsidios diferenciados: productivos para los grandes agricultores y asistencialistas para los pequeños (sin posibilidad de mejorar sus condiciones productivas), programas aislados sin orientación clara y asignados principalmente para bienes privados individuales y la ausencia de cadenas productivas.
También han enfatizado que la iniciativa de ley parece ignorar que la riqueza natural concentrada en el uso común de ejidos y comunidades se debe, en gran medida, a los arreglos colectivos que la gente tiene para interpretar, manejar y relacionarse con la naturaleza.
En consecuencia, el uso social de la tierra, así como la vida en comunidad, significan para las poblaciones campesinas una de las pocas posibilidades para hacer frente a procesos que, como los de la globalización y el libre mercado, comprometen su reproducción social y continuidad histórica.
EL RECHAZO
En Michoacán, el Consejo Supremo Indígena, integrado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de más de 50 comunidades, externaron ya su rechazo a esta iniciativa mediante un comunicado que fue replicado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En el documento indicaron que esta iniciativa “contribuye a despojar y destruir los territorios ejidales y comunales de las comunidades originarias, tratándose de facto de una nueva reforma neoliberal que convalida el Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares)”.
Por ello llamaron a las cámaras de diputados y senadores a realizar una consulta libre, previa e informada sobre las políticas administrativas o legislativas que afecten a los pueblos originarios michoacanos.
En el vecino estado de Guerrero, El Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa de Territorio de la Montaña y Costa Chica (CRAADT) hizo un llamado similar para frenar la iniciativa, pues consideran que “sólo deja más vulnerable a nuestras comunidades indígenas y desprotegidas de proyectos extractivitas, pues facilita el saqueo y el despojo de nuestros territorios por parte de empresas privadas y mineras”.

¿Las propuestas relacionadas al campo desatarán una nueva discusión entre las organizaciones agrícolas indígenas y el gobierno federal que está en plena etapa de transición?