Ni los señalamientos de organizaciones civiles, ni el rechazo de la ciudadanía, ni  las advertencias de inconstitucionalidad, ni la mismísima Comisión Nacional de Derechos Humanos… nada ha detenido el paso del proceso para la elección del Fiscal General de Michoacán.

Requisitos violatorios de la Constitución, una “papa caliente” heredada, la responsabilidad de  designar al encargado de la procuración de la justicia en la entidad durante los siguientes nueve años y las omisiones en advertencias de inconstitucionalidad, hacen los ingredientes de lo que podría ser un desastre en siguientes años para Michoacán en materia de justicia.

EL ORIGEN

El 10 de febrero de 2014 fue publicada la reforma al artículo 102, inciso A, Constitucional, que estableció la creación de un nuevo Órgano Constitucional Autónomo.

“El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios”, de acuerdo con las nuevas disposiciones plasmadas en el artículo 102.

Así, la procuración de justicia y la investigación del delito serán facultad de un órgano autónomo y no de una dependencia estatal, mientras que el fiscal podrá llevar a cabo sus tareas de investigación con independencia funcional, presupuestaria.

En Michoacán el 2 de julio de este año, de manera unánime, los diputados integrantes de la ya extinta 73 Legislatura estatal aprobaron en lo general y particular, la reforma a la Constitución de Michoacán, en donde la figura del Procurador se sustituyó por el Fiscal General, y quien asuma este cargo durará nueve años.

NO TIENE RESPALDO

En la reforma federal, uno de los artículos transitorios permitía que el Procurador General que se encuentre en funciones, al momento de que inicie actividades la Fiscalía General, tendía pase automático para dirigir al nuevo organismo. Lo que provocó que se le apodara “el fiscal carnal”.

Sin embargo, el PRD y el PAN objetaron el artículo, porque el nombramiento automático del fiscal no abona a la discusión del modelo institucional de la fiscalía.

En Michoacán también hubo rechazo por un sector de la sociedad ante una posibilidad similar en la selección del titular.

Un grupo de abogados de la Asociación Civil “Justicia y Equidad a tu Alcance, A.C.”, se manifestaron a inicios de agosto en las puertas del Congreso Legislativo de Michoacán, su inconformidad a la validación, selección y designación del Fiscal General de Estado, por considerarla precipitada, con un proceso poco transparente y no limpio.

También el pasado 14 de agosto, el virtual Secretario Nacional de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, exclamo reiteradamente “no al fiscal carnal”. También los partidos políticos de oposición en el estado se han posicionado contra esta figura del Sistema Estatal Anticorrupción.

Incluso se debe destacar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde argumenta que hay inconstitucionalidad en la convocatoria para los fiscales generales, tanto a nivel federal como en varios estados.

La CNDH argumenta que es contra la Constitución que uno de los requisitos establecidos para ser Fiscal del Estado sea el no encontrarse sujeto a procedimiento de responsabilidad, esto por considerar que resulta contrario al principio de presunción de inocencia, “pues prejuzga sobre la responsabilidad de una persona y genera un efecto discriminatorio, consistente en la imposibilidad de acceder a un empleo, a saber, el cargo público de Fiscal General de la Entidad”.

EL MIEDO NO ANDA EN BURRO

Ante estas controversias y rechazo, se deja en evidencia que no fue de gratis que los anteriores diputados locales prefirieran dejar a sus sucesores esta tarea, de designar al nuevo fiscal.

A finales de agosto pasado, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado acordó no iniciar el procedimiento para la designación del Fiscal General y que fuera entonces la próxima Legislatura la que lo hiciera.

Uno de sus argumentos fue que los tiempos ya no daban a la anterior legislatura para concluir el procedimiento de designación del Fiscal General, ya que su periodo legal concluía a las 12:00 horas del 14 de septiembre.

Le dejaron entonces la “papa caliente” a sus sucesores. Pero el colmo fue que estos nuevos diputados ni siquiera sabían bien cuando debían hacer esto.

La reforma constitucional realizada por la pasada Legislatura local que da vida a esta figura, establece un plazo de 60 días para la designación. Sin embargo los legisladores recién llegados al Congreso, ni siquiera tenían claro si el plazo se integra por días hábiles o naturales, ya que la reforma constitucional no lo especifica.

Entonces, decidieron continuar a la brevedad el proceso.

LA OMISIÓN

Pero finalmente y a pesar de los señalamientos de inconstitucionalidad en su contenido, este jueves 11 de octubre la LXXIV Legislatura local aprobó la convocatoria para la designación del Fiscal General del Estado, la que en tiempos se alargará hasta el primer trimestre de 2019.

La convocatoria fue aprobada en los términos establecidos en la propuesta elaborada por las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación y en ella se alarga por 90 días los tiempos de publicitación de la convocatoria y entonces deja abierto el plazo para que las comisiones definan el listado de los diez finalistas que habrán de entregar al Ejecutivo del Estado, para que éste a su vez retorne una propuesta de terna al Congreso, de la que se elegirá al Fiscal General.

Incluso previo a su aprobación, en tribuna la coordinadora parlamentaria del PT, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, reconoció los visos de anticonstitucionalidad y señaló la facultad de la Cámara para suprimir tal situación y blindar así la convocatoria, pero ni ella ni ningún diputado propusieron reforma alguna antes de la aprobación.

Con esta aprobación, combinada con la controversia pendiente de resolver por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se corre el riesgo de que, si se decide que hay inconstitucionalidad en los requisitos, se tendría que hacer de nuevo todo el proceso.

Así es como la elección del Fiscal General en Michoacán se ha enmarañado, ni los “expertos en leyes” que se supone son los diputados, están afinados en las consecuencias que podría traer su actuar y mientras tanto, las aplicaciones de reformas que se supone van encaminadas a la mejora de la justicia para la sociedad… sólo se aplazan y se aplazan.

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Ni los señalamientos de organizaciones civiles, ni el rechazo de la ciudadanía, ni  las advertencias de inconstitucionalidad, ni la mismísima Comisión Nacional de Derechos Humanos… nada ha detenido el paso del proceso para la elección del Fiscal General de Michoacán. Requisitos violatorios de la Constitución, una “papa caliente” heredada, la...