Michoacán es un estado con una extensión territorial de 58 mil 643 kilómetros cuadrados, de los cuales  poco más del 60 por ciento está dedicado al uso forestal. La diversidad de climas y superficies, con las que cuenta nuestra entidad, es de las más variadas en el país; pues lo mismo se tiene zonas lacustres, que playas; igual que zonas áridas, húmedos bosques y selvas. Sin embargo, las crecientes actividades agrícolas, la omisión en la persecución de la tala clandestina y el amago del crecimiento de las mineras, ponen en riesgo la riqueza de los suelos michoacanos.

El panorama

De un total de cinco millones 911 mil 847 hectáreas que conforman el territorio michoacano,  de ellas tres millones 596 mil 206 son las que  se clasifican como de uso forestal y es la región de la sierra – costa en la que se cuenta con el mayor número de hectáreas ocupadas por bosques y selvas, dicha región la conforman los municipios como Coalcomán, Tumbiscatío, Arteaga y Aquila.

La vegetación secundaria, característica de los suelos degradados por la ganadería y los pastizales inducidos, alcanza 303 mil 668 hectáreas.

Pero para el uso forestal; es decir, la explotación de los recursos de esta índole, es la región Purépecha la que cuenta con las mayores superficies destinadas a tal uso, pues el 60.94 por ciento de las 381 mil 357 hectáreas de la región Purépecha, que representa 232 mil 432 hectáreas, se especializa en el uso forestal.

El riesgo

Pero precisamente es la Meseta Purépecha él área con mayores riesgos debido a la tala clandestina, particularmente Uruapan, San Lorenzo, Angahuan, Paracho, Cherán, Santa Cruz Tanaco, Nahuatzen y Santiago Tangamandapio. Mientras que el oriente, sobre todo la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, Ciudad Hidalgo, Ocampo y Angangueo, son zonas vulnerables por el repunte de la actividad de talamontes; un total aproximado de 1.7 millones de hectáreas estaría en inminente riesgo de desaparecer por la sobreexplotación de los recursos maderables en estos puntos. Así lo han señalado autoridades estatales.

En todo el estado, los bosques mixtos en la actualidad constituyen el ecosistema forestal más amenazado en la entidad, especialmente los bosques de pino y encino, donde se ha observado el aumento en la incidencia de la tala clandestina, al tiempo que una mayor presencia del conflicto social y control de la delincuencia organizada.

La Comisión Forestal del estado ha expuesto que entre 1990 y 2010 se produjo la pérdida de un millón 335 mil 059 hectáreas, de las que 630 mil 004 corresponden a bosques y 705 mil 055 a selvas, situación que se ha acompañado de un decrecimiento en la obtención legal de madera, de un millón 084 mil 172 metros cúbicos en 1995 a 458 mil 473 metros cúbicos en 2013, una reducción de 652 mil 699 metros cúbicos en 18 años.

Los alcances

Entre las consecuencias de la pérdida de bosques y selvas se señala la aparición o recrudecimiento de conflictos sociales al interior de ejidos y comunidades (cabe solo recordar el caso de Nahuatzen o Cherán), intensificación de la migración y abandono de las zonas forestales, pérdida de biodiversidad, disminución de la captación de agua y crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, rubro donde Michoacán ocupa el segundo sitio a escala nacional, a pesar de no contarse entre los estados más industrializados.

La magnitud del problema es mejor visto si se observa que el estado ha dejado de registrar ingresos por cuatro mil 085 millones de pesos por causa de la deforestación por tala clandestina y cambio de uso de suelo, debido a que quienes realizan estas actividades no pagan impuestos, programas de manejo o servicios técnicos e introducen la madera a precios por debajo del material lícito, cada año se observa la necesidad de invertir en promedio mil 500 millones de pesos para recuperar parcialmente la superficie devastada, con lo que el costo total inicial de la tala inmoderada asciende a cinco mil 585 millones de pesos.

La comparativa de dicha cantidad es la que abre el panorama de gravedad, pues basta recordar que el presupuesto de operación del gobierno de la capital michoacana en 2015 fue de mil 640 millones 423 mil 233 pesos. Igualmente se puede comparar la cantidad con lo usado para el llamado Plan Michoacán implementado por el gobierno federal desde 2014 y en el cual se contemplaron 250 acciones, entre ellas, la construcción de cuatro autopistas y la ampliación de dos más, con una inversión superior a los 14 mil 400 millones de pesos y 300 kilómetros de longitud.

Con las cantidades que se pierden por la tala clandestina anualmente en Michoacán, casi se podría igualar el presupuesto que para 2015 el gobierno estatal asignó a las secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas, de Seguridad Pública y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Líderes en destrucción

Las referencias de Michoacán en materia forestal se vuelven aún más endebles si se pone atención en que la entidad posee la tasa de deforestación más elevada de México, con un total de 50 mil hectáreas por año, según las estimaciones más conservadoras del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Campus Morelia, mientras que para la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom) se habla de un total de 70 mil hectáreas, anuales. No está por demás recordar que México se posiciona como el cuarto país con mayor daño por deforestación en el mundo.

Respecto a las causas de la deforestación en la entidad aparecen elementos recurrentes de daño, como agricultura intensiva, particularmente del aguacate, fenómeno observado en la Meseta Purépecha; extracción de madera con fines comerciales, inclusive en la reserva de la Mariposa Monarca y demanda de espacios urbanos y de cultivos como el maíz.

El nuevo intento por proteger

En el intento por disminuir o hasta desaparecer la tendencia a la desertificación ocasionada por la tala ilícita en Michoacán, las autoridades del sector pretenden implementar el Mando Único, signado por 108 municipios, que auxiliará en la vigilancia de los bosques de Michoacán y así, con la coordinación policiaca se reducirán los índices de saqueo, tala ilegal y tráfico de especies en peligro de extinción.

Dentro del mencionado esquema, la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente ha señalado que al detectarse saqueo de materias primas los elementos de seguridad podrán acudir a atender el problema. Anteriormente sucedía que los elementos de corporaciones municipales no tenían capacidad de afrontar a los saqueadores, debido a que no había la coordinación que ahora se prevé instaurar para el 2016.

Minería a la alza

Pero aún sobre la gravedad del problema, que la tala clandestina le ha representado a la entidad por décadas y la complejidad de su solución, que requiere de amplios esfuerzos conjuntos de ciudadanía y gobierno, así como recursos, hay una propuesta con un riesgo alto que estaría iniciándose, se trata de la alza a la industria minera que se ha anunciado por el gobierno estatal.

Fue el pasado 4 de diciembre cuando junto a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, anunció la creación de un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el Estado de Michoacán. Junto con este, además la llegada de recursos al estado por casi 74 millones de pesos, que se contemplan para su distribución en los proyectos de obra y de desarrollo en los municipios que tienen actividad minera.

La actividad minera representa también riesgos para el medio ambiente, aun y cuando se haga de manera legal, pero sin los adecuados procedimientos. “En la entidad, la mayor contaminación del suelo es en las zonas de producción agrícola y minera, particularmente unos 20 municipios prioritarios”, enfatizó recientemente Alejandro Casas, director del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la UNAM Campus Morelia. Sobre todo se debe mencionar que entre los pretendidos planes está la apertura de minas a cielo abierto, un formato que representa considerables daños al suelo.

Y por sobre el peligro que puede representar la minería en un ámbito ambiental, está también el social, pues se tiene que tener presente el caso de Aquila, donde la empresa Termiun y las irregularidades en su operación han llevado a la molestia de decenas de comuneros, con lo que se han activado conflictos sociales en dichas zonas.

Las prioridades dentro de cada propuesta merecen un muy profundo análisis, pero sobre todo la asesoría de expertos y el consenso social con los verdaderamente afectados o beneficiaos en la primera instancia: los habitantes de las zonas donde se pretenden implementar los planes ya expuestos.

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Michoacán es un estado con una extensión territorial de 58 mil 643 kilómetros cuadrados, de los cuales  poco más del 60 por ciento está dedicado al uso forestal. La diversidad de climas y superficies, con las que cuenta nuestra entidad, es de las más variadas en el país; pues...