Las reminiscencias de los oscuros manejos en las arcas estatales siguen surgiendo aún en la actualidad, y es esta vez el tema seguridad, donde el dinero de los michoacanos desapareció “mágicamente”. Mientras tanto, los políticos de siempre ya se convirtieron en “gurús” de los aspirantes ciudadanos y un nuevo conflicto se avecina en las dos principales ciudades de la entidad. Octubre no pinta del todo bien en Michoacán.

*SIGUE SALIENDO LA COLA QUE LES PISEN

Ya en enero, de este mismo año, se había dado a conocer que la Secretaria de la Contraloría del Estado de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, había interpuesto 10 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en contra de 10 ex servidores públicos de las administraciones, desde 2012 hasta 2015.

El motivo de esos procesos fue la malversación de recursos, daño al erario público y peculado, entre otros, en dependencias como la Dirección de Pensiones del Estado, el Instituto de la Vivienda de Michoacán, el Fondo de Participaciones Federales a los 113 ayuntamientos, el Fondo de Aportaciones Múltiples y en Protección Social a la Salud o el Seguro Popular.

Pero ahora, se iniciaron otras seis denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), donde se investiga el desvío de más de 550 millones de pesos destinados para el Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Quien dio a conocer esta nueva irregularidad, fue Lilia Cipriano Ista, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien detalló que durante la revisión de cinco años de administración en el área de Seguridad Pública, hubo hallazgos en las cuentas públicas, en el manejo de los recursos, se han tenido también subejercicios en los que se ha dado una disminución de recursos al estado de Michoacán, porque no se ha podido comprobar o aclarar donde se ejercieron o porque no se gastaron.

Explicó a modo de ejemplo, que en el ejercicio fiscal del  2016 y en el actual, se entregaron a Michoacán 122 millones de pesos, debido a los subejercicios, pero se busca que en 2018 la cantidad aumente, pues ya se denunció que hay gastos no aclarados entre 2009 y 2014, y esos subejercicios de recursos federales que llegaban a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), no eran devueltos a las arcas del gobierno de la república, lo que motivó que se suspendieran los recursos a ésta área.

Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa y Salvador Jara Guerrero son los tres mandatarios señalados por esta situación.

Pero hay un aspecto que resaltar, y es el hecho de que, de aquellas denuncias de enero de 2017, no se ha sabido de siquiera un requerimiento para declarar de parte de las autoridades hacia los ex funcionarios.

En cambio, por ejemplo, Fausto Vallejo Figueroa se pasea campante en época preelectoral, pues el pasado priemro de octubre, su hijo Fausto Vallejo Mora, mediante twiter publicó fotografías del ex gobernador con organizaciones obreras, entre ellas la Unión de Auténticos Recolectores de Basura Generalísimo Morelos. Incluso Vallejo Mora hizo referencia al slogan que durante varios meses usó la presidencia de la república al escribir: “Esto si es MOVER A MÉXICO. Con ideología y convicción, pero sobre todo CON LA GENTE”.

La otra dependencia que también tiene que aclarar cuentas, es la Secretaría de Salud de Michoacán, púes el presidente municipal de Villamar, Joel López Padilla, junto a los representantes del municipio de Jiquilpan, Marcos Castellanos, Chavinda y Tangamandapio, les denunciaron de “desaparecer recursos”.

Señalaron, durante la semana pasada, que 8 millones de pesos etiquetados por el gobierno Federal, para llevar a cabo la segunda campaña antirrábica, que debió de iniciar el 24 de septiembre, no estaban aclarados, pues se supone que eran para el pedido de 40 mil frascos que representan 800 mil dosis, pero nunca se concretó esa petición.

*¿LOS ENSEÑARÁ A “AULLAR”?

Hace casi tres años la nota llegaba hasta los medios nacionales: “Renuncia al PAN (Partido Acción Nacional) el diputado michoacano Alfonso Martínez Alcázar”. Después de una militancia de décadas en el partido blanquiazul, el entonces presidente de la mesa directiva del congreso del estado decía adiós al instituto político que forjó su carrera.

El antecedente ya estaba, Martínez Alcázar había intentado llegar a la presidencia municipal moreliana como abanderado de su partido y el logro no llegó, un par de ocasiones por un tema interno del partido, y en otra más si fue candidato, pero no obtuvo la mayoría y no sintió el apoyo suficiente de su partido.

Después de renunciar, hizo pública su intención de contender por la presidencia como candidato independiente, e inició su colecta de firmas para poder concretar esa candidatura, la cantidad que necesitaba era 11 mil 126 firmas, pero logró en total 13 mil 204. Se señaló en esos días, que uno de los personajes que le dio apoyo para este resultado, era Fausto Vallejo Figueroa.

Finalmente, después de una campaña donde una y otra vez despotricó contra los partidos políticos, asegurando que la opción de la candidatura independiente le permitiría gobernar de otra forma, consiguió ganar la elección en 2015, con un total de 63 mil 400 votos, que se traducían en casi 27 por ciento de los votantes de esa elección en la capital michoacana.

Pese a su abanderamiento como independiente, los resultados de Martínez Alcázar ya han dejado un mal sabor de boca a muchos morelianos, que incluso se han arrepentido de su elección. Entre que no hubo castigo a responsables de obras mal hechas, o que se volvieron a dar las situaciones de dispendio excesivo en obras, o que no había reales diálogos con ciudadanos con inconformidades, la imagen de Martínez Alcázar no quedó tan bien “parada”.

En junto con otros personajes, como Jaime Rodríguez Calderón (un ex priista que también ganó como independiente, pero la gubernatura de Nuevo León), impulsó la figura de las candidaturas independientes.

Pero a pesar de ello, ahora ya empieza a “meter mano” en el nuevo proceso electoral, pues el pasado primero de octubre, en la capital michoacana, cerca de 40 aspirantes independientes, de 40 municipios de Michoacán, firmaron junto a Martínez Alcázar un decálogo con el que, quienes se sumen al “movimiento independentista”, requieren de ser honestos, transparente y atender las necesidades de los ciudadanos.

Alfonso Martínez se comprometió a capacitar a los ciudadanos y orientarlos sobre el proceso para captar las firmas. Frente a ellos y los asistentes al evento, donde presumía su nueva faceta de asesor, expuso: “¡Estamos cansados de los partidos políticos, quienes  han hecho tanto daño y se sigan beneficiando de nuestro dinero, tras la tragedia del sismo, donde aportaron, pero el gobierno no ha aportado esos recursos!”.

Así, nuevamente, una elección tendrá un cierto protagonismo de Martínez Alcázar, aunque podría ser mayor, pues no se ha aclarado si buscará la candidatura al Solio de Ocampo, también como Independiente.

*MALAS PREMONICIONES

Por otra parte, la posibilidad de un nuevo conflicto en el ámbito del transporte público es inminente en Morelia y Uruapan, ya que el pasado cuatro de octubre, la plataforma digital Uber, que oferta el servicio de traslados en automóvil y camionetas familiares, por medio de su requerimiento a través de una aplicación en teléfonos inteligentes, anunció que iniciará su operación en Morelia.

Cabe mencionar que en casi todas las 35 ciudades mexicanas donde esta plataforma tiene presencia, se han presentado rencillas entre taxistas que se oponen a la opción, por considerarla desleal y ventajosa, al no tener que pagar los mismos derechos y tributos, por lo que les es posible ofrecer un servicio más barato.

Enfrentamientos a golpes, líos legales, destrucción de unidades y hasta daños a los usuarios de Uber, han sido el resultado de estas disputas en otros lugares donde opera.

Basta con mencionar el caso del vecino estado de Guanajuato, donde la oposición de taxistas a Uber ya se ha prolongado por casi dos años, donde incluso se han dado manifestaciones por parte de ambos bandos, que han incluido el bloqueo de vialidades, principales en León Guanajuato y la misma capital de ese estado.

Para calmar esa situación, en 2016 el congreso del estado de Guanajuato tuvo que modificar su ley de movilidad, para de esta forma regular la operación de este servicio en la entidad, se requería el trámite de un permiso especial, pero el problema fue que estos permisos se han emitido a cuentagotas y según muchos de los operadores de Uber, de manera viciada, pues la mayoría de los permisos se dieron para servicios similares que son operados por empresas de taxi locales, que simplemente crearon su propia aplicación similar a Uber.

Con pocos permisos circulando, iniciaron operativos de revisión por parte de las autoridades y han resultado en la detención de decenas de vehículos, por lo que operadores de Uber acusan una cacería dirigida a ellos.

Así el ambiente con los vecinos, cuando ahora se ha anunciado que en Uruapan y Morelia ya se iniciará la operación de este servicio, un anuncio al que inmediatamente reaccionó el ex diputado y líder de la Comisión Reguladora del Transporte, José Trinidad Martínez Pasalagua, quien aseveró que este servicio significa un “pirataje moderno”, al operar sin algún permiso del gobierno estatal, y hasta invocó diferentes leyes, como el artículo 6 la Ley de Inversión Extranjera, en su fracción 1, dice que el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería, está reservada como actividad “de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros”, así que ha asegurado que su organización no permitirá que esta plataforma se desarrolle en el estado.

También diputados y la Comisión Coordinadora de Transporte (Cocotra), han aseverado que esta plataforma necesita una concesión para operar en Michoacán y de no obtenerla, están violentando la ley.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo, el pasado 22 de mayo, que se pone del lado de Uber y le permite entablar negociaciones con los verdaderos reguladores del transporte público en cada entidad, para llegar a un acuerdo.

“Los taxis de alquiler funcionan con una concesión. No se pueden equiparar, para mí, con el servicio que se presta con una plataforma electrónica, como la que estamos ahora estableciendo. Si se subsumen las actividades de servicio de pasajeros de plataformas estilo Uber, lo que sucede es que van a tener exactamente los mismos requisitos, porque cualquier diferencia sería inconstitucional, es poner en riesgo la viabilidad de la modernidad de este tipo de plataformas”, destacó desde aquel momento el ministro Arturo Saldívar.

Y se debe recordar que los mandatos del máximo órgano impartidor de justicia en México, están por sobre los gobiernos estatales, así es que Michoacán tendrá que adaptarse a la nueva opción, aunque el gremio de los taxistas, quizá no esté tan de acuerdo y realice acciones de rechazo.

 

Así es como las cuentas, las compañías y los panoramas futuros, no son del todo buenos en Michoacán. Los ejercicios de recursos en el pasado, las “asesorías” de algunos en el presente” y los próximos escenarios para una nueva opción de transporte, que operará inicialmente en la capital y Uruapan, no tienen total claridad ni son “miel sobre hojuelas”.

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Las reminiscencias de los oscuros manejos en las arcas estatales siguen surgiendo aún en la actualidad, y es esta vez el tema seguridad, donde el dinero de los michoacanos desapareció “mágicamente”. Mientras tanto, los políticos de siempre ya se convirtieron en “gurús” de los aspirantes ciudadanos y un nuevo...