Ha transcurrido año y medio, desde aquel junio del 2014, cuando en La Mira, tenencia de Lázaro Cárdenas, fuera detenido el fundador de los grupos de autodefensa de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde. Desde ese entonces, el factor salud del médico cirujano había sido señalado en múltiples ocasiones por su defensoría legal, hoy ese mismo factor se ve como determinante para solicitar su reubicación; una solicitud a la que se han hecho oídos sordos, y pareciera que las instancias gubernamentales apostaran a un olvido comunitario, para callar una de las voces de mayor influencia para Michoacán en los últimos años.

Las palabras incomodas

Corría el mes de junio de 2013, habían pasado cuatro meses desde que se iniciara el movimiento de autodefensas en Tepalcatepec, al poniente de Michoacán y José Manuel Mireles Valverde daba una de sus primeras entrevistas a medios de comunicación, más exactamente a la agencia Subversiones, que le presentaba en aquel video como consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec y presidente de padres de familia de secundaria de esa misma población.

“Estamos aquí, en una delas posiciones desde las cuales estamos vigilando la tranquilidad de nuestro municipio y de que los miembros de la delincuencia organizada, de cualquier cartel que se trate, no vuelvan a invadir nuestra vida, nuestra propiedad ni nuestra familia”; eran las primeras palabras que emitía en aquella entrevista, donde detallaba el origen del movimiento que encabezaría.

En ella explicaba que se habían vivido 12 años de disputa entre los carteles por esa zona del estado, primero los zetas, después la familia michoacana y luego los caballeros templarios, estos últimos ofertaron proteger a la población civil y solo tratar con los narcos y ejercer sus acciones violentas sobre ellos, lo cual habían cumplido en un principio.

“El problema empezó cuando a raíz de tantas ejecuciones de los narcos, los que no murieron mejor decidieron abandonar al país y como ya no había narcotraficantes a quien pudieran explotar y de quien mantenerse, empezaron a explotar a la comunidad”, y ante esto, “ninguna autoridad pudo desempeñar su función  (…) porque eran parte de esos carteles”.

“Los ganaderos tenían que pagar mil pesos por cada vaca que vendieran, los carniceros tenían que dar 15 pesos por cada kilo de carne que vendían, los tortilleros tenían que pagar cuatro pesos por cada kilo de tortilla que vendían”, relató el médico en la entrevista, en la que detalló que al menos 30 millones de pesos mensuales era lo que se llevaban los miembros del crimen organizado.

“Ya nos tenían medidos los metros de enfrente, porque ya nos iban a cobrar por cada metro de vivienda”; pero incluso, con eso el doctor mencionaba que comerciantes y empresarios podían lidiar con la situación, pues solo aumentaban esas cantidades en sus ventas. “El problema les tronó cuando empezaron a llegar a tu casa y te decían: ‘me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo, pero mientras me bañas a tu niña, porque esa si se va a quedar conmigo varios días’ y no te la regresaban, hasta que estuviera embarazada”.

De ahí que los ganaderos se convirtieran en precursores del movimiento, que el propio doctor admite en la entrevista, que fue el noveno de este tipo en surgir en el estado, después de que los purépechas iniciaron los propios para defender sus bosques y comunidades y de ellos tomaron el ejemplo, “si ellos pudieron, ¿porque nosotros no?” pensaban.

Pero en su relato, además de señalar a las autoridades policiacas estatales, federales y municipales, así como a las ministeriales y otras más, como inmiscuidas con las organizaciones criminales, el líder autodefensa acusaba hasta los mandos militares, “hasta allá está el crimen organizado, hasta la Secretaría de la Defensa Nacional” y es que a los militares, después de cuatro meses de surgir el movimiento, “los mandaron a desarmar al pueblo que se había defendido”.

Las declaraciones de Mireles Valverde opacaban las afirmaciones que había dado un par de meses antes el entonces gobernador interino, Jesús Reyna García, que descartaba la necesidad de un “rescate” en Michoacán y señalaba que “No estamos en guerra, tenemos una situación grave, delicada, pero debemos de implantar la paz”.

Pero no conforme, un mes después Mireles señalaba que “en el estado de Michoacán no existe el Estado de Derecho, el señor gobernador interino es uno de Los Templarios”, una afirmación que fuera calificada de absurda por Julio Hernández Granados, en esos días Coordinador de Comunicación Social del gobierno de Michoacán.

A todo esto le siguieron amenazas de muerte, por sus declaraciones sobre el mandatario interino, desencuentros  con el ejército mexicano y otros dimes y diretes más con autoridades estatales. Los guardias comunitarios incluso denunciaban las pretensiones del gobierno estatal para llevar a cabo detenciones masivas de los integrantes de las autodefensas.

El encierro

2014 iniciaría complicado para el doctor, pues el 3 de enero sufriría lo que se reportó como un accidente aéreo por un aterrizaje forzoso en La Huacana, cuando se trasladaba desde Guadalajara hacia Tepalcatepec; lo que, lo llevaría  ausentarse por ocho semanas de sus actividades. Mientras tanto se presentaba ya una crisis por el amago de desarme de las autodefensas y en medios nacionales se le señalaba por sus supuestos antecedentes como narcotraficante, según información “filtrada”.

En esos albores de 2014, más exactamente el 15 de enero, llegaría al estado un personaje que se volvería clave en el tema de las autodefensas: Alfredo Castrillo Cervantes, con el mal antecedente del caso Paulette en Estado de México, este designado por el gobierno federal asumía la encomienda de re estabilizar al estado.

Aún con este factor, Mireles aseveraba a fines de febrero “vamos por Morelia (…) para allá vamos. Queremos limpiar todo el estado”, al celebrarse el primer año del surgimiento de las autodefensas en Tepalcatepec.

Más tarde, en abril, el Consejo General de Autodefensas aceptaba la entrega de las armas del movimiento e integrarse a un proceso de “regularización”, mediante el cual pasarían a formar parte de la Fuerza Rural, apoyada por el gobierno estatal; aunque en un posterior momento Mireles rechazaría el acuerdo, al señalar que se trataba de “una más” del gobierno en complicidad con el crimen organizado.

“No es justo que frente a tantos miles de muertos no haya culpables. No es correcto que el duopolio televisivo se vuelva tapaderas de malos gobiernos. Cuando este estado de cosas cambie y el imperio de la ley nos garantice la vida, los bienes y el desarrollo, entonces hablaremos del desarme (entre) nosotros, porque no vamos a privilegiar la violencia, no vamos a secuestrar, no vamos a violar, no vamos a descuartizar, no vamos a extorsionar a nadie, pero si nos vamos a defender”, sentenció en un video.

Días después de eso, lo señalado antes por el doctor parecía ser real, un video donde aparecía Servando Gómez “La Tuta” junto a Jesús Reyna y José Trinidad Martínez Pasalagüa era dado a conocer y un par de días después, el entonces Secretario de Gobierno sería aprehendido, para un mes después recibir un auto de formal prisión por sus nexos con el líder criminal, los mismos que había negado después de los señalamientos de Mireles Valverde.

Pero en los inicios de ese mismo mayo, primeramente se destituyó a Mireles como vocero del Consejo General de Autodefensas, bajo el argumento de que sus acciones eran de riesgo para el movimiento. Mireles Valverde negó la destitución, pues ya hasta había desconocido la figura del Comisionado Castillo y llamó a la conformación de un Movimiento Nacional de Autodefensas.

Se llegó el día del desarme y “coincidentemente” ese día se daba a conocer que a Mireles Valverde (quien se resistía al desarme), se le investigaba por la muerte de cinco personas, que había ocurrido dos semanas atrás. El doctor obtendría un amparo para evitar ser llamado a comparecer, pues no se tenía claro el panorama de las supuestas investigaciones anunciadas.

Después de que Hipólito Mora saliera de su primer estancia en la prisión, desde que se integró a las autodefensas, el 19 de mayo, Mireles afirmaba que “estoy esperando la oportunidad de que ya me dejen en paz para poderme registrar también y a las escoltas, porque es imposible que otra gente ande armada por todas las carreteras y a mí cada vez que paso por cualquier retén, hasta me quitan los cartuchos que traigo por ahí tirados, que no son míos, pero son de mis escoltas”.

Para el 22 de mayo, le había sido negada la posibilidad de añadirse a la Fuerza Rural Estatal, bajo el argumento de su anterior expulsión del consejo General de Autodefensas, aunque otras versiones apuntaban a que había decidido no registrarse, porque “para mí todo esto es un teatro” y seis días después, en el primer encuentro Nacional de Autodefensas Ciudadanas, que se realizó en el Distrito Federal, señalaba que su “guerra” no era contra el gobierno, sino contra el crimen organizado.

Un mes después, el 27 de mayo, a solo siete días de que Fausto Vallejo “renunciara” a la gubernatura y bajo un ambiente de zozobra, en la tenencia de La Mira, en el Municipio de Lázaro Cárdenas, elementos de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Mireles Valverde, bajo la acusación de delitos de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos agravada; así como delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de sustancias prohibidas. La detención se dio luego de que el médico anunciara que esa tarde conformarían el Consejo Ciudadano de Autodefensas en esa Tenencia (de La Mira), donde intentaron levantar al pueblo en armas.

Durante el sábado, Mireles Valverde permaneció en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la capital del estado, pero al día siguiente se remitiría su caso a la Procuraduría General de la República, por la materia de las acusaciones y a su vez dicha instancia le remitió a un penal de máxima seguridad.

Apuesta por el olvido

Durante aquel sábado 28 de junio, después de que se confirmara su detención, decenas de personas salieron a plazas de la capital michoacana para protestar por la detención del líder autodefensa; incluso, en el marco de dichas manifestaciones se rodarían videos de ciudadanos exigiendo la liberación del médico, pero fueron en vano los llamados.

Desde el momento de la detención se había señalado sobre la negativa al acceso a medicamentos para el autodefensa y hasta en su traslado, su entonces abogada resaltaba que, “desde que llegó a Sonora no le han suministrado la medicina, no le dan de comer y tiene taquicardias”. Se enfatizó también el hecho de que había sido rapado y rasurado, lo que se indicó como un signo de humillación, aunque él sabía que sucedería.

Al paso de un año, donde la Procuraduría General de la República había apelado el amparo que le habría podido dar la libertad a Mireles, se señaló en mayo de 2015 que existían los elementos para la liberación del médico, pero que sólo era facultad de la titular de la dependencia federal el desistimiento de las acusaciones, lo cual no se concretó.

Mientras tanto la Fuerza Rural se había concretado y con esto el gobierno estatal (ya encabezado por Salvador Jara Guerrero) y federal, daban por concluido el capítulo de las autodefensas en el estado, con lo que se apostaba al olvido de Mireles en la cárcel.

Pero más aún preocupa el estado de salud de Mireles Valverde, el cual ya había empeorado considerablemente, pues se le habían ya caído uñas de los pies y presentaba algunas úlceras y las autoridades del penal federal, en donde permanece internado, no le han brindado la atención adecuada.

La mención de su nombre y referencia a su persona se ha ido desvaneciendo en medios, tanto locales y con mayor motivo nacionales. En el último semestre, además de la mención de su posible salida y su primer año como preso, se resaltaba el otorgamiento de una Presea al Mérito Ciudadano, otorgada por el periódico Cambio de Michoacán, sin embargo el seguimiento a su situación es endeble.

Hoy se tiene pendiente la respuesta a una petición de su familia para que se permita el traslado de Mireles Valverde a un hospital en Ciudad de México, para ser intervenido por las complicaciones de salud, que repunta debido a su diabetes; pero pareciera que la perdida de cuatro kilos de peso en una semana, las crisis, como deshidratación aguda y diarrea constante, además de descontrol de la presión arterial, no parecieran ser motivo suficiente para que se permita la atención especializada.

El médico permanece preso bajo argumentos de estricto apego a derecho, pero pese a que el artículo cuarto de la carta magna señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley parece aplicarse a una cierta conveniencia o capricho y una apuesta por el olvido se sostiene a medida que hay oídos sordos a las peticiones que han llegado incluso hasta organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Ha transcurrido año y medio, desde aquel junio del 2014, cuando en La Mira, tenencia de Lázaro Cárdenas, fuera detenido el fundador de los grupos de autodefensa de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde. Desde ese entonces, el factor salud del médico cirujano había sido señalado en múltiples ocasiones por...