BANNER POST - 728X90

Pese a la renovación en el sistema que supuestamente imparte justicia, las extrañezas en las decisiones judiciales continúan dejando dudas en la eficacia de esos procedimientos, y es que nuevamente una defensora de derechos, que se atrevió a denunciar injusticias, ahora ha sido señalada y hasta procesada por alzar la voz, se trata de Circe López Riofrio.

Dos años atrás El Despertar también había documentado brevemente en este espacio de un caso donde un infractor de la ley, claramente evidenciado, había intentado cambiar papeles y hacerse victima acusando daños a su “honor”, pero de eso más adelante recordaremos.

Defensa constante

Desde diciembre de 2010, la organización civil Humanas sin Violencia ha sido encabezada por Lucero Circe López Riofrío, activista que se ha enfocado en la defensa de derechos de las mujeres  en el trabajo por la igualdad de género en el estado.

No sólo en esta forma, sino también con movilizaciones, foros y encuentros, entre otras actividades, esta asociación se ha encargado de difundir sus objetivos y trabajar en concretarlos.

En esa labor, desde 2014 la organización había iniciado una petición ante el gobierno estatal para que se decretara una alerta de género, debido a la persistencia de actos violentos contra las féminas en la entidad. El principal objetivo de esta acción es coordinar el sistema de impartición de justicia e investigación de los tres niveles gubernamentales en los casos de violencia contra mujeres.

A mediados de 2015, en entrevista para El Despertar, Circe admitía: “No creo que se decrete la alerta de género”, pues no se había profundizado en conclusiones de un grupo de trabajo que se había conformado al iniciar su petición.

Pero para junio de 2016 finalmente la alerta de género se había establecido en la entidad, con lo que se llegó a esa meta mediante el esfuerzo de casi dos años.

En cuanto a la actividad de Riofrio, no sólo se limita a su trabajo con la asociación, sino que también realiza asesorías a mujeres que pasan por casos de violencia, para asimismo documentar el curso de sus procesos de atención por parte de las autoridades.

El antecedente

Para la instauración precisamente de la Alerta de Género, que se mencionó en párrafos anteriores, se había constituido un grupo multidisciplinario, el cual realizaba de seguimiento para la instalación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Michoacán.

Entre sus integrantes estaba un académico de la facultad de psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Boris “G”, pero el 22 de enero de 2015 la activista exigió que el psicólogo no participara en los trabajos, pues presuntamente tenía denuncias por acoso sexual en su contra.

La activista pidió que el consejo, que integraban especialistas en materia de violencia de género, no admitiera al ex catedrático dentro de las reuniones y además no se le otorgara ningún otro cargo para tratar este tema, al considerar su historial cuando fue acusado por acosar a una alumna de la Universidad Michoacana.

La queja de esa alumna se realizó en el año 2014 ante el Consejo Técnico de la Facultad de Psicología, el cual resolvió que no había elementos probatorios en contra del profesor; sin embargo, éste fue cambiado de área para evitar confrontaciones.

Para estas acciones, la joven se había acercado a López Riofrío y su asociación, quienes le acompañaron en ese proceso administrativo, ya que el supuesto acoso nunca fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán.

Justo en el año 2015, junto con su exigencia de expulsar al catedrático de este grupo multidisciplinario, Circe López ventiló este caso a una reportera, el cual después fue publicado.

Ante ello el académico interpuso una denuncia penal en contra de la activista por que argumentó que había daños a su honor, a su persona y a su familia, luego de que lo acusara públicamente de un hecho que las autoridades universitarias habían ya resuelto.

En la imputación formulada por el Ministerio Público se alega que el profesor dio positivo a daño psicológico que le provoca insomnio, falta de hambre y sensación de zozobra permanente.

Al llegar este caso a la siguiente instancia, dentro de la causa penal 28/2018, el Juez de Control de la región de Morelia consideró que existen los elementos suficientes para presumir la responsabilidad de la también directora de la organización civil Humanas sin Violencia de haber atacado, sin fundamento, el honor del profesor, por lo que la vinculó a proceso.

El Juez de Control determinó un periodo de dos meses para que la fiscalía y la defensa presentaran sus pruebas, por lo que no determinó medidas precautorias hacia la activista.

De esta forma una activista ahora está siendo procesada como responsable de delitos, lo que en palabras de la propia activista, sienta un antecedente de la “ley mordaza” para las defensoras de derechos en el estado. “Esto implica el hecho de que como defensoras no tengamos posibilidad de proteger a las víctimas de violencia, es algo complejo”, dijo la activista tras la audiencia donde se le vinculó a proceso.

“Entre quienes estamos defendiendo derechos y quienes estamos persiguiendo que esas sean las puertas para que haya mayor investigación. A mí me parece que yo no estoy diciendo mentiras; ya veremos qué es lo que sucede”, añadió también López Riofrio.

Pedro González Carapia, dirigente de la organización “Migrantes Sin Fronteras”, calificó la vinculación a proceso de Circe como una cobardía total y señaló que se trata de un tipo de aviso que pretenden dar autoridades ante la insistencia en la denuncia de sus irregularidades por parte de activistas.

El antecedente

Es de considerarse que Desde el mes de septiembre, del año 2015, fueron aprobadas una serie de reformas al Código Penal del Estado de Michoacán, en las que se incluyeron los delitos de Ataques al Honor y Ataques a la Propia Imagen.

En el Capítulo I, del apartado de Delitos Contra la Dignidad Humana, cita en el Artículo 192 que comete el delito de ataque al honor, quien realice, participe o consienta cualquier acción que perjudique el honor de una persona, hecha ante otras personas o la publicación por cualquier medio de difusión. Lo anterior, tras considerar que el honor es el derecho que tiene la persona a la reputación o a la fama como resultado de las relaciones sociales.

En el Artículo 193 el Código Penal se establece que quien cometa el delito de ataques al honor, se le aplicará una pena de tres a cinco años de prisión y una multa de cien a trescientos días de salario mínimo general vigente, así como la reparación del daño. Este delito se perseguirá por querella.

Y mucho menos podemos dejar de mencionar el caso de la artista, arquitecta y promotora cultural Verónica Loaiza, quien después de evidenciar al entonces diputado federal Ernesto Núñez, fue denunciada en 2016 por el mismo, acusando justo las mismas situaciones que el catedrático que acusó a Riofrio: Ataques al Honor y Ataques a la Propia Imagen.

En el caso de Loaiza requirió de un proceso de casi un año y medio y dos instancias para que finalmente se le diera la razón a ella.

Mientras tanto unos, como si nada

No se puede omitir una situación de algún modo relacionada, y se trata de Fausto Vallejo Figueroa, quien a pesar de estar vinculado todavía a procesos por los probables desvíos de recursos, como lo confirmó la Contraloría de Michoacán, así como la Auditoría Superior del estado, está más que puesto para buscar de nuevo la alcaldía de Morelia.

Incluso el exgobernador ya fue presentado oficialmente como el candidato del Partido Encuentro Social como su candidato para buscar la alcaldía moreliana.

Todavía hace unos días el cuatro veces alcalde moreliano se atrevió a declarar: “Me atrevo a regresar a postularme confiado en que los morelianos me conocen, nos conocen a la perfección, conocen nuestro trabajo, conocen nuestra honorabilidad”.

 

Así, defensores de los derechos, se ven acusados de ataques al honor, mientras que aquellos que han dejado en dificultades a la entidad, están incluso a punto de volver a obtener puestos de elección popular… los pájaros le siguen tirando a las escopetas.

https://i1.wp.com/www.periodicoeldespertar.com/wp-content/uploads/2018/02/eldespertar-1-1-2-2-2.jpg?fit=640%2C428https://i1.wp.com/www.periodicoeldespertar.com/wp-content/uploads/2018/02/eldespertar-1-1-2-2-2.jpg?resize=150%2C150Esteban Patricio M.Opinión
Pese a la renovación en el sistema que supuestamente imparte justicia, las extrañezas en las decisiones judiciales continúan dejando dudas en la eficacia de esos procedimientos, y es que nuevamente una defensora de derechos, que se atrevió a denunciar injusticias, ahora ha sido señalada y hasta procesada por alzar...