SINOPSIS POLITICA 06/04/2019

                                                               HISTORIA NEGRA DE ZITÁCUARO

De la historia contemporánea de Zitácuaro, nada tenemos para presumir o sentirnos orgullosos. Se trata de una tradición de vergüenza para unos y de putrefacción para otros, pero la que nadie se ha esforzado por cambiar, ni soportado la tentación de la corrupción.

Desde que tengo memoria ha existido una fuerte descomposición ética en quienes se dedican al servicio público y a partir del ejercicio de este noble oficio de escribir, en esta región han sido excepcionales los hombres y mujeres que se han resistido a la voracidad por apoderarse de los bienes ajenos y utilizar el poder político para lucrar y ofender a la sociedad.

La inmensa mayoría de representantes populares y funcionarios, de todos los partidos políticos, han robado. En mayor o menor grado, pero la totalidad de ellos resultaron vulgares ladrones o encubridores. Aunque lo más grave, es que esa práctica de la rapiña se intensifica cada vez más entre la clase gobernante, mientras se hace común entre los gobernados. A los que no les resulta extraño que su presidente municipal se convierta en nuevo rico o incremente desmesuradamente su patrimonio, “trabajando” en la función pública. Al ciudadano común, tampoco le parece insólito que el ladrón que se ampara en la política para delinquir, jamás sea castigado. Veamos algunos ejemplos:

Fue casi al finalizar la administración municipal de Leopoldo Martínez Ruíz (2005-2007), cuando el crimen organizado realizó sus primeros intentos por hacer presencia en el municipio de Zitácuaro. Con Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (2008-2011) al frente de la comuna zitacuarense la “maña” se apoderó de la región y en caravanas campechanamente transitaban por el centro de la ciudad, extorsionando, levantando, secuestrando y asesinando. Las libertades de la población habían sido suprimidas de facto.

Pero fue durante el mandato de Juan Carlos Campos Ponce (2012-2015), cuando el crimen organizado dominaba absolutamente desde el mismo palacio municipal, pero simulaban gobernar de la mano: ayuntamiento y cabecillas delincuenciales. Al grado que, los mismos funcionarios responsables de la seguridad pública municipal alardeaban su cercanía con los jefes criminales, mientras integrantes del Cabildo amagaban a sus compañeros ediles opositores y a la población, amparándose en la “amistad” que tenían con los “mañosos”.

Era tal la degradación del gobierno y sus integrantes, que cual más de ellos buscaba e imploraba estrechar relaciones con los jefes criminales, tributándoles todo tipo de privilegios (obviamente a cargo de los contribuyentes del municipio), incluyendo el popular “diezmo”, que el mismo alcalde Campos Ponce aceptó públicamente que otorgaba al crimen organizado. Utilizando la “protección” que tenían de las organizaciones criminales para intimidar y mantener sometida a la población.

Con el surgimiento del Movimiento de Autodefensas y la amenaza de que esa lucha libertadora se extendería hasta esta región, los grupos opresores se replegaron. Luego se dio el cambio de gobierno estatal y municipal y los nuevos mandatarios, al menos en esta región, durante más de dos años estuvieron conteniendo la operación abierta de los grupos criminales.

Con la llegada de un nuevo gobierno y partido al poder (PRD), se albergó la esperanza de que al menos los excesivos robos al patrimonio municipal, así como las abiertas complicidades y colaboración de los funcionarios con los integrantes del crimen organizado, sería investigados. Pero no fue así, todo parece indicar que pudieron más los acuerdos políticos con delincuentes, que la pulcritud y honorabilidad de los nuevos mandatarios. En tanto las agresiones en contra de los gobernados también se incrementaron, en cantidad y gravedad, pero ahora infringidas por la propia policía y la Fiscalía Regional de Justicia. La primera de manera directa arremete en contra de la población y la segunda con su ineficacia y complacencia con los infractores (civiles y oficiales).

Por ejemplo, se ha insistido hasta el cansancio la cantidad “histórica”, como diría los políticos, de quejas y denuncias en contra de la Policía Michoacán, por robo, extorsión, privación de la libertad, tortura, fabricación de delitos, siembra de evidencias, hasta violación en perjuicio de una adolescente… la mayoría de las querellas con nombre y apellido, y muchas en contra de José de Jesús Flores, de quien los propios “dueños” de la Secretaría de Seguridad Pública afirman desconocer, pero en visita reciente al municipio de Ciudad Hidalgo se le identificó como escolta personal del aún Sub Secretario, de apellido Gómez Arrieta. Demostrándose los motivos por los cuales las acciones legales en contra del policía infractor jamás han procedido, pues la protección a sus fechorías es respaldada desde la cúspide de dicha Secretaría. Y no creo que sea gratuita, conociendo lo hambreados que andan de dinero.

Nuestros funcionarios son tan crueles, que nadie, absolutamente nadie, se ha preocupado, menos ocupado, por conocer el destino de la niña ultrajada, de su estado emocional como victima de un delito brutal a manos de integrantes de la Policía Michoacán. Las bestias indolentes ignoran que la pequeña se encuentra seriamente afectada de sus facultades psicológicas, duerme en un rincón, en el suelo de una paupérrima vivienda, no permite que nadie se acerque a ella. Mientras la familia que le da cobijo está en la zozobra de que los elementos policiacos los localicen y concluyan lo que dejaron pendiente, pues amenazaron que los matarían a todos, y ellos, como sus víctimas de tortura, saben que es cierto, pues podría tratarse de criminales sin escrúpulos, capaces de introducir el cañón de un fusil en las partes nobles de la pequeña.

En la Fiscalía Regional de Justicia también está pendiente de resolver el asesinato de una jovencita embarazada, cuyo abdomen fue abierto por el desalmado criminal para extraerle al bebé, quien también murió. Pues ese inhumano asesino, ante la ineptitud de las corporaciones investigadoras y persecutoras de los delitos, continúa libre, poniendo en peligro la vida de más personas.

        LOS EXPERTOS DEL DERECHO y DEFENSORES DE LA JUSTICIA TAMBIÉN SE HA CORROMPIDO

Casos como los anteriores, se pueden enumerar por decenas. Pero no nada más los políticos, funcionarios y policías se han corrompido, también la sociedad. En Zitácuaro se han fundado Universidades que, se supone, además de humanistas, son centros de enseñanza que proporcionan conocimientos científicos especializados; pero, sobre todo, cultivan los valores. Y, aunque muchos profesionistas zitacuarenses son catedráticos en estas beneméritas instituciones, poco o nada han realizado por frenar la creciente depravación. Es decir, en la práctica no se percibe la participación de las Universidades, ni de los docentes (catedráticos), contribuyendo en la “transformación” del entorno en el que subsisten.

Tampoco se distingue la contribución “social” de las diversas agrupaciones de Abogados, que son expertos del Derecho y se presume tienen convicciones justicieras, luego entonces pugnan por combatir la corrupción en las áreas donde laboran o litigan, como es la Fiscalía Regional de Justicia, la SSP y Poder Judicial. Pero lejos de este ideal, muchos peritos del derecho se han inclinado por favorecerse de la corrupción, volviéndose apáticos, negligentes y en ocasiones hasta beneficiarios de la desgracia de los demás, cuando sus garantías esenciales son vulneradas. Con excepción de muy pocos juristas que se enfrentan al monstruo de la descomposición ética gubernamental.

Pero la podredumbre también en los conocedores del derecho es una realidad, al grado de coludirse con ex funcionarios del Poder Judicial y funcionarios del Poder Ejecutivo para estructurar una bien coordinada red de corrupción o Asociación delictuosa, como le llaman los Abogados, para despojar a ciudadanos de su patrimonio, apoderándose de más de 17 inmuebles en esta ciudad y la región.

Pero el surgimiento de este tipo de agrupaciones delictivas, no es más que la consecuencia lógica de la impunidad, causada por la incompetencia, omisión y negligencia de las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia y del Poder Judicial.

                      TAREAS URGENTES DEL NUEVO SECRETARIO DE GOBIERNO y FISCAL GENERAL

 Partiendo de que no hay dinero en las arcas públicas para ejecutar magnas obras, que impacten en el ánimo social, el gobierno de Michoacán tendrá que realizar grandes acciones para recuperar la confianza ciudadana. Empezando por combatir aquello que más preocupa y lastima a la sociedad, lo que más terror le causa, por tratarse de lo que amenaza de manera latente su vida y su patrimonio, como es la corrupción, que fomenta el saqueo, la impunidad, inseguridad y violencia.

No hay otro secreto para que los michoacanos puedan recuperar la tranquilidad, el gobierno simpatías y su partido votos. Pero se debe empezar por realizar cambios estructurales profundos, tanto en la Secretaría de Seguridad Pública, como en la Fiscalía General del Estado y de ser posible en la Auditoria Superior de Michoacán (donde algunos funcionarios se han enriquecido extorsionando, entre otros, a presidentes municipales torpes).

Aunque en la SSP los cambios ya se dieron, y todo indica no para bien, a pesar de simular que entraron con todo y trabajan para dar resultados, el paso que tuvieron los mandos por la Procuraduría General de Justicia nos anuncia lo que sucederá en esta Secretaría. Lo único que resta es vigilar de cerca su conducción y operación.