ALARMANTE INCREMENTO DE ROBOS EN ZITÁCUARO

En todo el territorio michoacano, particularmente en Zitácuaro, la inseguridad se ha disparado de manera impresionante, incrementándose los delitos de robo a transeúntes y a casa habitación. Los delincuentes andan desatados, perjudicando incluso a ciudadanos honorables, a quienes hasta el crimen organizado respetó.

Por ejemplo, ya lesionaron la tranquilidad y el patrimonio de un ex presidente municipal, adulto mayor y gran ser humano; visitaron también a un exitoso comerciante, hermano de una ex alcaldesa y hasta a la suegra de un periodista le saquearon su hogar los ladrones; entre varias decenas de víctimas de los amantes de lo ajeno que se han visto afectadas en los últimos días, ante la ineptitud de las corporaciones policiacas o complicidad en ciertos casos, cuando no son ellos los criminales.

Los atracos antes descritos y muchos más se han perpetrado a plena luz del día y en el centro de la ciudad; pero nadie denuncia ¿para qué?, si bien les va perderán su tiempo y jamás recuperarán lo saqueado, en cambio corren el riesgo de ser tratados peor que delincuentes, ser hostigados, maltratados y “se las pueden voltear” y abrirles carpetas de investigación por “auto robarse”. No existe la mínima posibilidad de confiar en las autoridades de la fiscalía o subprocuraduría regional de justicia. Luego entonces, los asaltos y robos ejecutados en diciembre y lo que va del 2016, no formaran parte de las estadísticas oficiales y no existirán para el gobierno; pues, reitero, no se denuncia, por qué no se confía en los responsables de procurar justicia, ya que muchos de ellos resultan peores que los integrantes del crimen organizado.

Son muchos los casos de extorsión que los elementos de la policía ministerial y estatal (esta última en tiempos de Martin Meza como coordinador regional) han realizado. Inicialmente, con el pretexto de combatir al crimen organizado, exigían cuota a bares, cafeterías donde venden pastillas psicotrópicas a traileros, propietarios de maquinas tragamonedas, distribuidores de “piratería”, de droga, han sembrado evidencias para inculpar y timar, alteran los números de series de vehículos para acusar a los poseedores de robo y extráeles fuertes sumas de dinero…en resumen, han venido a saquear a los michoacanos… conscientes que su paso por el estado es temporal, se dedican a apoderase de cuanto bien material les sea posible.

Es evidente el estado de indefensión de la población, cuando quien tiene la obligación de protegerla y velar por sus intereses de justicia y seguridad social es el principal depredador. Frente a este escenario ¿ante quién se puede acudir a denunciar? Ocasionalmente, la única opción que se tiene es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero esta no posee facultades coercitivas y sus recomendaciones les vienen guangas a los cínicos; así que, las violaciones a las garantías fundamentales quedan en total impunidad. Sin contar que, quien se atreve a quejarse es perseguido y amenazado con “desaparecerlo”, como sucedió recientemente con un funcionario de la defensoría de oficio y el pasado jueves contra el abogado y compañero columnista del bisemanario Primer Plano, Joel Vera Terrazas, quien fue amagado con ser detenido por qué no permitió se vulneraran sus derechos, entre ellos a la privacidad, al oponerse a que revisaran su celular.

Respecto al funcionario que fue amenazado con “desaparecerlo”, empleados de la fiscalía afirman que la supuesta víctima utiliza un vehículo con presuntos problemas legales y que la queja presentada en Derechos Humanos es parte de una estrategia para evadir la acción de la justicia; lo cual es probable, no obstante el descrédito de la institución hace prácticamente imposible creerle a los empleados de la fiscalía. Es más fácil confiar en un infractor que en un funcionario policiaco.

Mientras se intimida a la población indefensa, la ineptitud de las corporaciones policiacas se evidencia con el incremento (también) del número de ejecuciones. En la última semana de diciembre se llevaron a cabo tres asesinatos dolosos por día, en tanto que el 2016 fue recibido con 10 ejecuciones en sus primeras horas. Mientras nuestros funcionarios públicos y líderes políticos mantienen sus mansiones resguardadas con guaruras, se transportan en lujosas unidades blindadas y escoltados por ostentosos aparatos de seguridad con cargo a los contribuyentes, que deberían ser la prioridad, por tratarse de los patrones de los primeros.

  

LOS VERDADEROS CULPABLES DE LA DESGRACIA EN MICHOACÁN

Sin embargo, los culpables de la más bestial desgracia que hemos padecido los michoacanos, son los pillos que nos han gobernado durante los últimos 13 años. Esa tribulación se llama CORRUPCIÓN y trae como consecuencia la crisis económica e inseguridad que en la actualidad padecemos, derivado del saqueo descomunal de los bienes públicos, endeudamientos del patrimonio estatal, impunidad, injusticia, lo que a su vez trae consigo desigualdad, desesperación y violencia.

Pero esos malhechores tienen nombre y apellido, pero también acaudalado patrimonio y enorme poderío político  que les permite no sólo evadir la acción de la justicia y presentarse en sociedad como honorables personajes, si no hasta para someter a los medios de difusión, manipular a la opinión pública y volcar su furia para detractar a quien intente evidenciarlos.

La voracidad de algunos integrantes de la clase política no conoce de filiaciones partidistas, ni respeta dogmas doctrinarios, ellos van por el billete y les vale madre sobre quienes tengan que pasar. Ladrones abundan, tanto en las fuerzas revolucionarias que pregonan justicia social, como en los conservadores que utilizan la moral como mercancía electoral, pero peores han resultado los “izquierdistas”, los libertadores del pueblo, que se abanderan usando como estandarte la democracia y una patria para todos.

El debacle financiero, producto del saqueo y endeudamiento, inició durante el gobierno perredista de Lázaro Cárdenas Batel, se prolongó con Leonel Godoy Rangel (PRD), quien compró “gobernabilidad” cediendo cifras millonarias al magisterio a través de la firma de minutas con la CNTE, entregando plazas automáticas a normalistas y permitió el incremento de “aviadores” en ambos sindicatos (CNTE -SNTE). Fausto Vallejo, conociendo esa penosa realidad del desaseo, prometió que se transparentarían las finanzas públicas y castigaría a los responsables del saqueo. Tal vez su cercana relación con Los Cárdenas o sus problemas de salud le impidieron honrar la palabra empeñada.

Por su parte, Jesús Reyna se concentró en infiltrar con incondicionales el gabinete de Fausto, luego a moverle el tapete para perpetuarse en el cargo como gobernador sustituto; después fue enviado a prisión, por obstruir la carrera política del aspirante priista a la gubernatura, pues a este le convenía un títere a modo, así como un enviado presidencial que se ajustara a sus intereses, que pudiera pactar con el crimen organizado, sometiera a los grupos rebeldes y acumulara capital financiero despojando a los michoacanos, optando por el entonces Rector Salvador Jara y el Comisionado Alfredo Castillo, quienes vinieron a empeorar la situación financiera y de seguridad, siendo estas las dos peores plagas que hemos padecido, que aún nos siguen azotando y seguiremos sufriendo las consecuencias de esos nefastos gobiernos, con una severa crisis económica, problemas de inseguridad, alza en los impuestos, creación de nuevas cargas tributarias y medidas tan drásticas, como el reemplacamiento.

Respecto al reemplacamiento, Silvano Aureoles había asegurado que no habría canje de placas en 2016, tal vez desconocía la gravedad del boquete financiero heredado por sus antecesores. Por el momento ya logró se aprobara la polémica medida, con el aval de la mayoría de los legisladores locales, pero la implementación del anti popular reemplacamineto tendrá un costo político, pues afectará negativamente la imagen del mandatario, aun cuando todo esto deriva de la irresponsabilidad y voracidad de los anteriores gobernadores.

Es decir, Silvano tendrá que pagar los platos que no rompió, enmendar los daños por otros causados, padecer los latrocinios que personas a él ajenas y adversarios a su proyecto político disfrutan; por lo que, resultaría torpe de su parte no aprovechar esa “debilidad” de los saqueadores para fortalecerse así mismo.

El primer paso es recabar todas, absolutamente todas las pruebas de las “irregularidades”, dar vista de ellas a las dependencias respectivas, recuperar el capital financiero “distraído” o robado e imponer penas ejemplares a los corruptos ladrones y a todos sus cómplices, caiga quien caiga, para sentar un precedente que contribuya a inhibir esas prácticas en el futuro y quite tentaciones a sus propios colaboradores.

Lo mismo debe hacer Carlos Herrera Tello, reunir las evidencias que los criminales que encabezaron la administración pasada dejaron de todas sus tropelías, mandarlos a prisión y recuperar cada centavo del botín que sustrajeron de las arcas municipales. Ya basta de lamentaciones, hay que pasar a las acciones, pues ahora los cínicos desvergonzados hasta se burlan y demandan a quienes descubren sus raterías e ilícitos.

  P D: Demasiado conveniente resulta para el gobierno federal y la presidencia de la república la reciente reaprehensión de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, cuando el país se cimbra ante la escandalosa caída del peso frente ante el dólar y el desplome del precio del petróleo, previo a la visita del político más poderoso y acaudalado del planeta, su Santidad Bergoglio. ¿Cuánto tiempo permanecerá Guzmán Loera reinando tras las rejas? ¿Hasta que exista la necesidad de opacar un escándalo con otro?

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