ZITÁCUARO EN LA ANARQUÍA

   La finalidad de las leyes y reglamentos, es contribuir al logro del bien común de las personas que forman parte de una sociedad organizada bajo determinados derechos y obligaciones.

Las normas jurídicas se elaboran con el propósito de regular la conducta de los seres humanos que viven insertos en una sociedad y constituyen el principal control para vigilar que las acciones y omisiones de sus habitantes no se desvíen y terminen perjudicando a su prójimo. Su cumplimiento (de las leyes y reglamentos), es obligatorio para todos, sin excepción, porque de la observancia de estas depende que no se caiga en la anarquía o el caos. No es con injurias, ni siquiera con críticas, por incisivas que estas sean, como se logra una mejor convivencia en colectividad, sino con un estricto acatamiento a las normas y justa aplicación del derecho.

COMERCIANTES Y TRANSPORTISTAS FUERA DE LA NORMA

Algunos sectores productivos de Zitácuaro se ha acostumbrado a permanecer fuera de la legalidad y como las autoridades, por intereses electoreros y económicos, ha sido “flexibles” con ellos,  grupos de comerciantes y transportistas consideran, por así convenir a sus intereses, que han generado derechos; aun que persistan atropellando las garantías de terceros, como es el derecho al libre tránsito y el uso y disfrute de espacios públicos.

Ciertos líderes de agrupaciones de comerciantes y transportistas argumentan en su defensa que “pagan impuestos” y por ello las autoridades están obligadas a cumplir sus exigencias, como si los ciudadanos afectados no fueran también contribuyentes. Otros alegan necesidad de generarse el sustento para sus familias, a lo que desde luego tienen derecho y el gobierno la obligación de contribuir a ello, por eso se han edificado mercados, que se encuentran vacios; así que el problema no son los espacios para ofrecer las mercancías, si la no voluntad para someterse al imperio de la ley y llegar a acuerdos que favorezcan a todos.

Muchas han sido las críticas de zitacuarenses y visitantes reprobando la obstrucción de la vía pública por comerciantes (algunos ciertamente no cuentan con otra alternativa de subsistencia, pero muchos de ellos tienen más de un establecimiento o puesto en la calle y hasta local en alguno de los mercados); pero cuando el gobierno municipal intenta aplicar el reglamento respectivo, imponer orden y recuperar esos espacios públicos, que nos pertenecen a todos, de inmediato aparecen “los justicieros” que rechazan lo que consideran autoritarismo gubernamental, prepotencia y abuso de la autoridad, que es acusada de utilizar el poder para atropellar a la clase desprotegida, aun que esta de desamparada no tengan absolutamente nada.

Entonces ¿Quién nos entiende?

Primero protestamos por la dificultad que se tiene al intentar caminar por las banquetas del centro de la ciudad, ocupadas por puestos; y transitar por algunas calles, también invadidas por comerciantes, sitios de taxis y terminales de combis y microbuses. Se ha exigido a los diferentes gobiernos que han desfilado por el municipio, que rescaten ya los espacios públicos y embellecer nuestro centro histórico y otros lugares de la ciudad, hacerla más atractiva e impulsar turísticamente nuestra región; pero cuando alguien intenta fajarse los pantalones, surgen las protestas…y no solamente de los directamente afectados, que obviamente defienden sus personales intereses…también de aquellos que están en contra de todo y a favor de nada, de los que buscan hacerse notar con la denostación, los que pretenden llevar agua a su molino desgastando al adversario político y los que se dejan llevar por la inercia de la natural insatisfacción.

                               URGE REUBICACIÓN TOTAL DE COMERCIANTES Y TRANSPORTISTAS

El gobierno municipal debe valorar y estudiar la posibilidad de ejecutar una reubicación integral y definitiva de comerciantes y transportistas, no sólo del centro histórico, sino en toda la zona urbana de Zitácuaro. Además de descentralizar algunas dependencias u oficinas públicas, para descongestionar el centro de la ciudad e impulsar el crecimiento y movimiento en otras zonas.

Aprovechando las leyes y reglamentos en la materia, exigir al transporte concesionado (público), taxis, combis, microbuses y autobuses, locales y foráneos, que renten o compren terrenos privados para que establezcan sus sitios, bases y terminales. En este tema algunos patrones y trabajadores del volante olvidan que es el Estado el que les permite o concesiona la prestación del servicio de transporte público y puede el mismo Estado suspender o cancelar el permiso o concesión; a pesar de esta realidad, los transportistas constantemente se rebelan en contra de las leyes y reglas que la autoridad intenta imponer. En este caso, como se pretende el bien común de la sociedad, seguramente el sector transportista contribuirá con propuestas para que sus unidades no afecten más a la ciudadanía.

De ser posible, exigir también a los dueños y conductores de vehículos particulares, que guarden o estacionen sus carros en cocheras o estacionamientos, no en la calle, no más vehículos ocupando la vía pública e impulsar el hábito de caminar. Obviamente, lo ideal sería que propuestas como estas el cabildo las retomara, analizara y perfeccionara, para que posteriormente sean sometidas al escrutinio ciudadano, a través de una amplia consulta popular, como debe hacerse con todas las acciones trascendentales de gobierno.

                                                      LOS ERRORES DEL REEMPLACAMIENTO

Si un político pretende el inmediato rechazo del electorado, o si un gobernante busca que sus gobernados lo repudien; incluso, si un connotado estadista intentara experimentar el fracaso, la forma más efectiva es meterse con el bolsillo (de por si paupérrimo) de los contribuyentes. Nada irrita más a la ciudadanía, que se le despoje del producto de su esfuerzo.

Se entiende perfectamente el grado de dificultad que padecen nuestros gobernantes y funcionarios, quienes recibieron un estado y municipios con sus economías colapsadas, crisis extremas, que no son culpa del gobernador Aureoles, ni de sus colaboradores; quienes, por el momento sólo pueden ser acusados de benevolentes y tolerantes con los políticos que saquearon y hundieron al estado, imponiéndonos una deuda superior a los 33 mil millones de pesos (casi alcanza los pasivos que Humberto Moreira Valdez, ex líder nacional del PRI, heredó a los Coahuilenses cuando fue gobernador: 36 mil millones de pesos).

Es justificada la preocupación del gobierno actual, frente a la urgente necesidad de cubrir los gastos de operación del aparato burocrático, encarar la carestía de los michoacanos y fortalecer las finanzas del estado; sin embargo, no es justo que, luego de saqueados, humillados y apaleados, los ciudadanos sean obligados a pagar por los deslices de los ladrones que todo se llevaron.

Los diputados del Congreso de Michoacán erogan fuertes sumas de dinero en la contratación de asesores; luego entonces, antes de aprobar el reeplacamiento debieron estudiar otras alternativas menos agresivas (ofensivas) y enterarse a tiempo que la propuesta aprobada no resultaría viable:

Primero, porque la ciudadanía no es la culpable del desfalco.

Segundo, amplios sectores de la sociedad están desinformados, no les interesan las penurias del estado o consideran que los gobernantes en turno son iguales que los anteriores y quieren dinero para también robarlo.

Tercero, el costo del reemplacamiento aprobado por los legisladores michoacanos es exageradamente elevado, comparado con los estados vecinos, como Guerrero, donde dicha carga tributaria asciende a 650 pesos; o el Estado de México, donde el costo de las placas es de $ 477.00. Esto motivará que los michoacanos emigren a otros estados a emplacar sus unidades, con la consecuente fuga de capital, provocando que “coyotes” locales y “gestores” de entidades vecinas hagan su “agosto”, cazando a los contribuyentes michoacanos para gestionar dicho trámite de manera masiva.

                                          QUE AUREOLES NO PERMITA SE ABUSE DE SU TOLERANCIA

El gobernador Silvano Aureoles siempre ha sido proclive a la conciliación e inclusión, no se confronta ni reprime; estas han sido algunas de sus fortalezas como político, pero como mandatario podrían representarle debilidad.

Se ha caracterizado también por su tolerancia a la crítica, a pesar de que ésta sea infamante, por ello no sorprende  su paciencia hacia quienes tanto han dañado a los michoacanos y su intento por enmendar los errores y excesos cometidos por sus adversarios políticos. No obstante, la Comisión Inspectora de Glosa del Congreso Local, la Auditoria Superior de Michoacán y la propia Procuraduría General de Justicia del Estado, deben aplicarse en la investigación del origen de la deuda, documentar los desfalcos, acreditar la responsabilidad penal y actuar en consecuencia, recuperando lo robado y mandando a la cárcel a los estafadores. Esto sería lo ideal, pues con la recuperación se evitaría seguir endeudando a los michoacanos y lesionarlos con reemplacamientos. Además de sentar un buen precedente de combate exitoso a la impunidad y ayudaría a inhibir presentes y futuras tentaciones.

A los críticos inquietos, que se adelantan a los acontecimientos: no coman ansias, no existe gobernante perfecto, los actuales mandatarios ya cometerán sus fechorías y entonces daremos cuenta de ellas, no podemos inventarlas, ni restarle importancia a los criminales que han sido despojados del poder público. Recordemos que tanto el gobierno estatal, como los ayuntamientos, trabajaron los tres y cuatro últimos meses con el presupuesto del 2015, despilfarrado por los gobiernos salientes. Será a partir de marzo o abril cuando sepamos de que están hechos nuestros nuevos empleados.

 

 

 

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ZITÁCUARO EN LA ANARQUÍA    La finalidad de las leyes y reglamentos, es contribuir al logro del bien común de las personas que forman parte de una sociedad organizada bajo determinados derechos y obligaciones. Las normas jurídicas se elaboran con el propósito de regular la conducta de los seres humanos que...