LAS TRANZAS DE LOS QUE SE FUERON y LAS AMBICIONES DE LOS QUE LLEGAN

Considero que a estas alturas ha quedado perfectamente claro quiénes son los verdaderos “enemigos del pueblo”…y no, no es Trump. Tampoco el crimen organizado que corrompe, asesina, secuestra y extorsiona. Algunos de estos más bien fueron o han sido también víctimas. Los verdaderos verdugos de la población, son los integrantes de la clase política que gobierna los municipios, estados y el país, sin importar la filiación partidista, creencias religiosas, ni siquiera la formación doctrinaria.

Ahora, con el inicio de labores de las nuevas administraciones, los funcionarios federales; pero sobre todo los gobiernos municipales (que son los que están más cerca de la población), tienen la oportunidad de demostrar que pueden ser diferentes a las lacras que se han padecido. Pero no en la sofisticación de sus técnicas de latrocinios o nivel de cinismo, si no en la capacidad para conducir a los pobladores a niveles superiores de desarrollo, bienestar y justicia.

Esperemos que ese anhelo de lograr la seguridad, la paz, la prosperidad y la equidad, no sea una utopía más; pues la cruel realidad que se nos restriega en el rostro nos muestra que no hay político, gobernante, funcionario o servidor público decente, que todos van en busca de poder y dinero. Pero no perdamos la esperanza, de que en estos gobiernos que comienzan abunden las “excepciones”.

No soy agorero del fatalismo, pero por la experiencia de más de dos décadas de contacto con la vida política del municipio, me atrevo a asegurar que nada cambiará, salvo algunos personajes en el cabildo (porque en el gabinete, en las posiciones de primer nivel, siguen los mismos) y en el cabildo repiten dos: el presidente y la sindico, que en la administración saliente fungió como regidora.

Respecto a la integración y conducción del ayuntamiento (cuerpo edilicio), tampoco se esperan novedades. Aunque algunos regidores practicaran el protagonismo, para hacerse notar y atraer los reflectores, emitiendo declaraciones estridentes y parecer críticos, con el propósito de “cotizarse”, lo cierto es que difícilmente pugnarán en busca del bienestar colectivo. Ojalá entre los 14 integrantes del cabildo haya alguno que me quite lo bocón y canalice su energía, capacidad, creatividad y esfuerzo en beneficio de sus representados; lo cual dudo, pues se enfocaran en satisfacer sus ambiciones personales de dinero y poder político. Todo su protagonismo estará dirigido a acumular dinero y proyectarse a futuros espacios de poder.

Lo ideal sería, además de representar con responsabilidad y seriedad a la ciudadanía en las decisiones que tomen como órgano colegiado, se avocaran a transparentar el manejo de los recursos de la presente y anteriores administraciones municipales, a defender los intereses generales de la colectividad y proteger los derechos de sus representados. Pero eso no será posible, tal vez presionen un poco para chantajear y negociar; pero igual que el gobierno saliente, simularan y negociaran con los corruptos saqueadores, a cambio de dinero y alianzas políticas.

Y ejemplos podemos citar muchos, de la perversión del cabildo saliente a cambio de dinero y pactos políticos, que van desde la indolencia para actuar en contra de Juan Carlos Campos y coacusados (a pesar de las evidencias, pruebas excesivas del saqueo, que reflejan un cinismo atroz e impunidad insultante), hasta recibir dinero para concesionar el rastro a los supuestos adversarios (ya nada más falta que también se les siga otorgando en comodato el campo de futbol “Ignacio López Rayón”, que prácticamente ha sido de su propiedad desde su construcción, hace décadas).

Los regidores entrantes, de todos los municipios, deben aplicarse a fondo en sus obligaciones de fiscalización y control de los bienes públicos, supervisión de las conductas de los funcionarios y denunciar en las instancias respectivas cualquier presunción o sospecha de irregularidad, para que se investigue. No les vaya a ocurrir como está sucediendo con sus ex homólogos de Tuxpan y Benito Juárez; que, frente a la posibilidad de incurrir en violación a la ley de responsabilidad de servidores públicos, hacen esfuerzos desesperados por deslindarse de sus respectivos presidentes municipales.

                                            TERROR CRECIENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD

Otro lastre, tal vez el más sensible que nuestro cabildo deberá afrontar, porque el saliente también en esto fue omiso, es el de la corrupción policiaca y el excesivo abuso de autoridad de la Policía Michoacán en el municipio. Esta y las antes descritas tareas, serían una misión especial de los regidores de oposición, particularmente de MORENA y el PT; quienes, si no se sienten con la capacidad de enfrentar solos dicho flagelo, pueden respaldarse en las diputadas local y federal de dichos partidos políticos; las que, además de tener un compromiso obligado con sus representados, una de ellas es hermana consanguínea de la integrante del cabildo por parte del PT. Que para algo constructivo y justo sirva ese vínculo.

Reitero que deben ser los representantes populares (diputadas y regidores), opositores al régimen municipal y estatal, quienes realicen el trabajo de contención a las agresiones policiacas, porque las autoridades del PRD no lo harán, ya se ha demostrado, tuvieron meses para hacerlo y permanecieron complacientes, pues son lo mismo.

Así como el jueves los legisladores federales abordaron la máxima tribuna de la nación para manifestarse contra la detención de profesores en Michoacán, los diputados locales deben hacerlo para exigir se investiguen los excesos, abusos e ilícitos de las corporaciones policiacas del estado. Además exigir resultados eficientes y tangibles en el combate a los grupos criminales en toda la geografía michoacana y la infiltración de los mismos en las estructuras responsables de combatirlos. Impedir que el terror que desplaza a cientos de personas de sus hogares persista.

Pues no puede concebirse en un estado de derecho que grupos de la delincuencia organizada operen abiertamente, que se enfrenten durante días, expulsen a los pobladores de sus hogares y las autoridades no intervengan, o lo hagan de manera morosa, con la detención de sólo cinco individuos, de decenas de infractores involucrados. Como ha estado sucediendo en la región de Apatzingán, concretamente en la Tenencia de Antúnez, municipio de Paracuaro. Que amenaza con desplazarse a otras regiones ese cruento enfrentamiento.

Ese infierno que atormenta a los pobladores de esa parte de la región de Tierra Caliente y otras zonas del estado, es una muestra irrefutable del fracaso intencional o impericial de los jerarcas de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública y no de la figura de Mando Unificado, la que se distorsionó en su ejercicio, pues el control centralizado de las corporaciones policiacas ha servido para que los beneficios lucrativos de la corrupción se concentren en pocas manos. Obligando a las autoridades a cambiar el nombre, por el de “coordinación”… que en la región oriente ya existe de manera clandestina, entre las corporaciones estatales y federales, pero para delinquir y repartirse el botín.

También se ha aprobado por el Congreso, en su última sesión, privatizar algunas áreas de seguridad pública (lo que se percibe más como negocio para beneficiar a empresas afines), e incrementar algún impuesto para “respaldar” económicamente tareas de seguridad; porque, se supone, no hay dinero suficiente para financiar el cumplimiento de la obligación de proteger la integridad física y patrimonial de los michoacanos. Lo cierto, es que dinero entre los policías hay y de sobra, tanto que ciertos mandos disponen de capacidad financiera para adquirir caballos con valor superior al medio millón de pesos.

Parte de la solución a la problemática de la creciente inseguridad es el despido de los fracasados responsables de procurar justicia y tutelar la seguridad pública. Asimismo de investigar las causas de su fracaso en el cumplimiento de sus obligaciones. Tarea que debe impulsar el Congreso del Estado. Mismo que debe ser escrupuloso en la designación del nuevo Fiscal General; el que, además de sentir un profundo amor por Michoacán y sus habitantes, debe poseer las herramientas técnicas y éticas para retomar asuntos que los actuales no se atrevieron o por convenir a sus intereses no quisieron, pero que lastiman severamente a la ciudadanía.

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