CONTINÚAN LOS CHILANGOS ULTRAJANDO A MICHOACANOS

Hasta el cansancio hemos insistido que ni toda la oposición junta perjudica más a un gobierno y a su partido, que un mal funcionario…bueno, eso era antes, pues ahora como todos los partidos políticos ostentan el poder, se acabó la oposición, el señalamiento incisivo y la crítica objetiva. Además, sin excepción, la mayoría de funcionarios y dirigentes partidistas son iguales, van por lo mismo: dinero y poder. Por eso, los pésimos funcionarios siguen perjudicando a la sociedad y ésta, apática e indolente al ultraje ajeno, permanece pasiva cuando la embestida lesiva no va contra ella de manera directa, y cuando se es el directamente agraviado, quisiéramos que todos se solidarizaran con nuestra tragedia y dolor.

En Michoacán, los funcionarios que más han agraviado, ofenden y seguirán dañando a la sociedad, son los incrustados todavía en la Fiscalía General del Estado, ahora también continúan al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, y que, irónicamente, ni michoacanos son.

La mayoría de mandos policiacos y ministeriales, de ambas corporaciones, arribaron al Estado traídos por el Comisionado Nacional para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, aquél que también dotó de uniformes y armas a delincuentes, y junto con los malhechores que trajo, disfrazados de policías, los “heredó” a la presente administración.

Para nadie es un secreto que los elementos de la Policía Michoacán y de la Fiscalía Regional (al menos en Zitácuaro), se han constituido en asociaciones delictivas que suplen, con mayor voracidad e infamia, las actividades del crimen organizado. Los mandos obligan a sus subordinados a robar, extorsionar, secuestrar y toda acción y omisión criminal que les proporcione dinero, esa es la función principal de su quehacer como servidores públicos: saquear el patrimonio de los michoacanos. Sobornando a los mismos cabecillas del crimen organizado, para permitirles operar y comercializar sus porquerías, que envenena a jóvenes inconscientes y viejos estúpidos e irresponsables.

El poderío que ha alcanzado en Michoacán la denominada “banda de los chilangos”, que se encuentran infiltrados en la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, es de tal magnitud que, para el imaginario colectivo son ellos los que en realidad mandan en la entidad. De ese tamaño deben estar los acuerdos que el mandatario michoacano signó con los patrones de sus jefes policiacos y funcionarios de la SSP y FGE, para permitirles que, sin consideración alguna, saqueen los bienes del estado, roben el patrimonio personal y familiar de los ciudadanos e injurien la dignidad del pueblo michoacano.

Tan empoderados se encuentran los chilangos en las estructuras del Estado, que difícilmente el nuevo Fiscal General podrá tomar el control de la institución que, por primera vez en la historia, se erige con la legitimidad que le da el aval de la representación popular de los pobladores del estado, así como la autonomía e independencia que le confiere no ser ya impuesto por el ejecutivo, sino seleccionado y electo por el legislativo. Es decir, el “patrón” del nuevo Fiscal General del Estado no es más el gobernador, si no el poder legislativo, el Congreso del Estado. Pero aún así, tomar el control de dicha dependencia será tarea complicada y riesgosa, por los intereses criminales que se han enquistado, a través de diversos funcionarios corruptos y desleales.

Respecto a los elementos nocivos, que han desvalijado y mancillado al estado, se entienden los pactos y compromisos que con ellos se hayan signado para que el actual gobierno arribara al poder (aunque sea de manera imaginaria lo del poder, que en realidad ejercen otros), y se entiende también el interés del mandatario por cumplir esos acuerdos. Aunque, con quienes pactó estén siendo desleales con él y con Michoacán. Lo que, por ese sólo hecho: la traición y los daños causados a terceros, ajenos a sus componendas… por lógica jurídica, moral y política, al velar por el bien supremo de todo gobierno, que es el bienestar de los gobernados y tutelando las garantías elementales del ser humano, las conductas de aniquilación social de los mandos policiacos deberían ser causa de recisión de todo pacto, acuerdo o convenio, verbal o escrito.

Se entiende así mismo, que el gobernador, por ser el líder del proyecto e imagen política del mismo, tenga que cuidar las “formas”, sin desgastarse, menos evidenciarse como incumplidor de acuerdos “no escritos”, pero para eso tiene colaboradores leales, para interpretar su silencio, cuidarlo, y de ser necesario, dejar el “cuero en el alambre”. Él no tiene porque enterarse, menos esperar a que “de línea”, para hacer lo que al interés público convenga, por eso tiene un Secretario de Gobierno, asesores, operadores, “cuarto de guerra”, grupos de inteligencia (se supone), para recabar las evidencias que refundan en la cárcel a todo aquel funcionario que este dañando la estabilidad del estado y manchando la imagen del gobierno. Y el gobernador no tiene por qué saberlo.

De ser necesario, cualquier funcionario, colaborador, integrante, simpatizante del equipo en el poder, o ciudadano común, puede hacer uso de sus atribuciones para denunciar, incluso solicitar la colaboración de la federación y hasta de la DEA, si es preciso, para que Michoacán recupere la estabilidad y las lacras sean sancionadas. No resultaría nada difícil “empapelar”, como ellos le llaman, a funcionarios corruptos y corruptores, sin que sea necesario falsear actos delictivos, ni fabricar y sembrar evidencias, ni siquiera torcer la ley, como ellos lo hacen para incriminar, chantajear y extorsionar a sus víctimas. En este caso serían actos de justicia.

Pero, por comodidad, a nadie se le ocurre ayudar a su benefactor. De Herrera Tello, su Secretario de Gobierno, era de esperarse, además de ambicioso (pretende ser candidato al gobierno del estado y evadirá cualquier riesgo de confrontación), es temeroso, incompetente y negligente. Se trata pues de un bufón hablantín, sin la habilidad ni hombría para meter en cintura a los criminales que operan dentro y fuera de las estructuras de gobierno. Insisto, este “trabajo” de depuración y castigo a los ingratos, traidores y delincuentes, no tiene porque ordenarlo, avalarlo…bueno, ni siquiera saberlo el gobernador. Si existiese un poco de inteligencia y lealtad en sus colaboradores, cuidarían la imagen del gobierno y la seguridad del jefe a costa de la propia, por eso deben actuar y si algo sale mal, asumir los costos, sin que la lumbre llegue a la cabeza.

Pero Silvano está rodeado de ineptos, protagonista y hambreados, sujetos que ni en su propia tierra, Zitácuaro, el municipio que gobernaron, fueron capaces de trascender, investigando y transparentado el ejercicio administrativo de sus antecesores, particularmente el periodo gobernado por Juan Carlos Campos Ponce, para recuperar el capital “desviado” y sancionar a los ladrones. Prefirieron aliarse con ellos y protegerlos de la justicia. Tampoco limitaron las constantes violaciones a los derechos humanos, ni exigieron castigo para las corporaciones policiacas que pisoteaban las garantías de los ciudadanos de su municipio, mucho menos intentarán frenar la masacre que se suscita en todo el Estado, donde los intereses y riesgos son superiores.

Esas limitaciones de su socio, aliado y protegido, el gobernador apenas las acaba de descubrir, por eso le ha encajado “ayudantes”, en las personas de Pascual Sigala Paez, designado coordinador de asesores; y el golpeador de perredista, el ex delegado del CEN del tricolor en Michoacán, José Guadarrama Márquez, fue nombrado coordinador de estrategias. Lo que significa que el otrora “flamante” ex alcalde de Zitácuaro, se convertirá nada más en pieza decorativa en el gabinete del gobierno del estado. Precisamente por la inestabilidad, en la que está sumiendo a la entidad, es que su permanencia en la Secretaría de Gobierno pudiese ser efímera, razón por la cual no se ha nombrado a su sustituto, pues podría regresar al frente de la comuna zitacuarense, a pesar de las consecuencias adversas que traería el incumplimiento de las promesas y compromisos de campaña.

Lo cierto, es que alguien debe actuar a la brevedad, pues el hartazgo por las agresiones que padece la población no sólo se reflejará en el rechazo electoral, que sería lo menos lamentable. El peligro, frente a una reacción directamente proporcional a la agresión que se padece, es latente. Ya en otro momento los michoacanos se organizaron para enfrentar a las lacras del crimen organizado que nos mantenían subyugados, ahora la afrenta es peor, al venir de nuestras mismas autoridades.

                                                    JUSTICIA SELECTIVA y ENCUBRIDORA EN MICHOACÁN

Y como todo lo que en este espacio se afirma, se sustenta con hechos y se fundamenta en el derecho, un claro ejemplo de los ultrajes que hemos señalado, es la manera selectiva y arbitraria con la que se pretende procurar y administrar justicia.

Independientemente de las irregularidades cometidas durante la aprehensión del presunto agresor de los escoltas del gobernador, en el Lienzo Charro de Zitácuaro, que van desde el ingreso a un inmueble sin la respectiva orden de cateo, hasta la probable presencia en la detención del supuesto lesionado, para que agrediera físicamente a su victimario (lo que contribuirá para que el sospechoso pueda ser liberado), en este caso se evidencia la manera selectiva en la que la Fiscalía Regional de Justicia intenta aplicar la ley o “procurar justicia”; ya que, mientras existe negligencia en la investigación y ausencia de castigo en delitos de impacto, como el linchamiento de cinco personas en Crescencio Morales y la ejecución de cinco policías en Loma Larga, intentan aplicar “todo el peso de la ley” a un parroquiano que cayó en la provocación de prepotentes y fanfarrones guaruras; que, por no ser corregidos por sus superiores, encontraron quien los “disciplinara”.

Otro asunto que dará elementos para que la Fiscalía investigue, es la agresión a balazos que padecieron dos menores de edad de Ocurio, en las inmediaciones del CETIS, donde los presuntos agresores podrían ser precisamente Policías Ministeriales. Los que andan desatados, “chambeando”, y no precisamente en procurar justicia, proteger la integridad física y patrimonial de la sociedad, mucho menos en investigar delitos y perseguir a los delincuentes. Esto sucede en la tierra del gobernador, del Secretario de Gobierno y de la mayoría de los integrantes del gabinete de Seguridad del gobierno del Estado. Y todos guardan silencio, hasta los de morena, a pesar de que les conviene hacer mitote. No existe pues representación popular, la población está indefensa. Pero ¿Que tal en unos meses? Cuando se acerque el proceso electoral, sobrarán “justicieros luchadores sociales”.

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