SINOPSIS POLITICA 23/03/2019

FUNCIONES DE LA JEFA REGIONAL DE GOBIERNO (PRD) y COMISIONADA FEDERAL (MORENA)

Resulta innegable que la función prioritaria de estas nuevas figuras no es la de expulsar la inseguridad y violencia de la región, para traer la paz y tranquilidad. Tampoco la de combatir la corrupción, ni sentar las bases que impulsen el desarrollo armónico de la sociedad. El objetivo principal del proyecto de MORENA y del gobierno federal es monopolizar los programas federales para realizar proselitismo electoral con ellos; en tanto, el propósito del PRD y su régimen en Michoacán, es recomponer la imagen del gobierno y del partido con el mismo fin: las elecciones del 2021.

Aunque son producto de maquinaciones perversas, originadas de la obsesión por afianzarse al poder, las pretensiones de ambas fuerzas políticas son electoralmente válidas. Pero mejor sería que dejaran de simular y sus esfuerzos se concentraran en conseguir beneficios colectivos para la sociedad, así obtendrían más adeptos y los triunfos electorales sería legitimados, pues la voluntad ciudadana depositada en las urnas, a través del sufragio, no sería producto de la coacción ni de la prostitución de la consciencia.

No obstante, además de hacer presencia política, fortalecer sus estructuras partidistas y realizar proselitismo electoral, ambos partidos en el gobierno, al cumplir sus obligaciones y devengar sus costosos emolumentos, pueden fortalecerse en el imaginario colectivo y concretar una legítima y leal competencia comicial. Realizando, desde abajo, a partir de la base popular, un trabajo que refleje resultados a la sociedad. Tomando en cuenta que el quehacer o ejercicio público demuestra su capacidad en base a resultados y eso es lo que la ciudadanía espera de sus gobiernos, sin importar la filiación partidista: resultados.

Esos resultados, por ejemplo, tendrán que ver con una investigación profundad y la consecuente sanción (o absolución), en obras como la Presa Francisco J Mújica, adjudicada por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel (hoy flamante asesor del presidente López Obrador), a la empresa brasileña Odebrecht, que la construyó al doble de su costo, la entregó incompleta y con deficiencias.

Otros recursos que deben ser investigados por los “paladines de la justicia y combatientes de la corrupción”, son los aplicados en el proyecto del Teatro Matamoros de Morelia, iniciado durante el mandato de uno de los más “ejemplarse” colaboradores de la “Cuarta Transformación”: Leonel Godoy Rangel. Donde el presidente del fideicomiso fue Cuauhtémoc Cárdenas Batel, hijo de otro de los lideres de la democracia y la honradez en el país. Obra que fue programada para que se entregara en 2010 y continúa en ruinas. A pesar de que el proyecto iba a costar 33 millones de pesos, lleva ya invertidos más de 500 millones y todavía faltan más de cien millones para que se concluya.

Respecto a la región oriente, lo primero que deben hacer las damas, representantes del gobierno federal y estatal, es competir, sí, pero dando resultados a la brevedad. Tomando en consideración que, lo que más aqueja es la corrupción, convertida en inseguridad, violencia y crisis financiera (por el saqueo de los bienes públicos). Se tiene que trabajar sin pretexto, ni demora, en la recuperación de los recursos distraídos, desviados o robados. Que los Senadores y diputados federales de MORENA investiguen y den seguimiento en la Auditoria Superior de la Federación, Secretaria de Hacienda, Secretaría de la Función Pública y PGR a todas las investigaciones e indagatorias al respecto.

Lo mismo deben hacer los diputados en el Congreso de Michoacán, con la Auditoria Superior del Estado, Secretaría de la Contraloría y la Fiscalía General de Justicia. En tanto, en el caso de Zitácuaro, los regidores de MORENA y PT, tienen la obligación de investigar, denunciar y recuperar el dinero robado por la administración municipal presidida por Juan Carlos Campos Ponce. Latrocinios que obligaran a la legislatura pasada decretar juicio político por las irregularidades detectadas. Además, exigir castigo a las autoridades anteriores y actuales por omisión y negligencia, traducida en protección a los criminales que saquearon al municipio.

Y digo que los de MORENA y PT, porque los del PRD, PAN y PRI, dudo que lo hagan. Ya tuvieron su oportunidad y nada más sirvieron para complicar todo, con complicidades, ineptitudes, omisiones y negligencias.

Estas acciones, de combate a la corrupción e impunidad y recuperar lo que a los zitacuarenses y michoacanos nos fue robado (para que sean empleados en obras y acciones de beneficio colectivo), les traerá más adeptos que regalar migajas.

Además de que se estaría exhibiendo a los políticos bandidos de partidos adversarios, para que la población los conozca cual son y sepa que sus institutos políticos se condujeron como sus cómplices, protectores y encubridores. Para que se les castigue no confiando más en ellos, negándoles el sufragio. Así, los funcionarios actuales se verán obligados a no meter la mano al cajón, conformarse con su sueldo y abstenerse de corromperse, omitir convertirse en vulgares ladrones, y si lo hacen, sean lo suficientemente inteligentes para no dejar evidencias o bien, padecer las consecuencias, al no controlar sus ansias de apropiarse de los bienes ajenos y andar haciendo negocios con la investidura que les fue confiada.

Tanto Ema Rivera Camacho, como Jovana Alcántara, tienen además el deber de fiscalizar y vigilar el quehacer de los servidores público en el ejercicio de sus funciones, la primera principalmente a los empleados de la PGR, y la segunda especialmente a los mandos de la Policía Michoacán y de la Fiscalía Regional de Justicia, organismos que, por su putrefacción, ineptitud, abusos y negligencia, son los que más irritabilidad generan en la sociedad, degradando descomunalmente la imagen de sus respectivos gobiernos.

Y aunque el Secretario de Seguridad Pública federal anunció que tendrán que pasar cuatro años para estar al tú por tú con el crimen organizado (aceptando que las fuerzas federales están jodidas, hundidas, acabadas, frágiles, incapaces de competir con la capacidad de fuego de los criminales), al menos deberían recomendar a los jefes policiacos y ministerios públicos adscritos a esta región, que no les acepten dinero, para que eviten la sumisión, postración y consecuente penetración y mangoneo de las fuerzas del orden por los grupos delincuenciales.

Insisto, ni toda la oposición junta causa más perjuicio a la imagen de un gobierno, que sus mismos funcionarios. En el caso de Michoacán, ha sido la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía) y la Secretaria de Seguridad Pública, las dependencias que más hartazgo e irritación han causado en la población, por incompetentes, corruptos, extorsionadores, torturadores, abusivos, ladrones compulsivos…y esto no cambiará quitando a un criminal al mando para poner a otro más experimentado en esas mañas.

La única forma de inhibir esa practicas socialmente perniciosas, es con castigos ejemplares. Lo que tampoco sucederá. Pero al menos aquí, en nuestra región, podemos intentarlo. Para empezar, la Jefa Regional de Gobierno debe iniciar por cumplir la palabra empeñada por el gobernador con los zitacuarenses en materia de seguridad, comenzando con los casos específicos del linchamiento masivo y el asesinato reciente de los cinco policías que laboraban en Tuzantla. Casos delicados, en los que sus colaboradores han ridiculizado las promesas del mandatario estatal, de esclarecer los homicidios y castigar a los responsables.

Urge además se obligue a la Fiscalía Regional de Justicia agilice (antes de que les promuevan más “Tutelas”, pues sólo así trabajan), la integración de las carpetas de investigación respectivas a las denuncias presentadas contra mandos de la Policía Michoacán, que ya superan la cifra de 20 y ningún servidor público infractor a sido vinculado a proceso, ni siquiera los que violaron a una adolescente, introduciendo el cañón de un rifle en las partes íntimas de la menor.

Sólo con acciones claras y contundentes en contra de la corrupción (e impunidad) y combate real y efectivo a la inseguridad pública, el electorado podría refrendar su confianza en los actuales actores políticos. Con resultados, no con actitudes incongruentes, retórica hipócrita, ni promesas huecas.