Ejecuciones con licencia y contrastes uniformados

A escasos días de que se cumpla un año de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictaminara que en mayo de se cometió una ejecución extrajudicial, nuevamente Michoacán tiene la atención del resto del país por un tema similar: la policía estatal está en la mira de los organismos vigilantes de Derechos Humanos por asesinar a civiles; pero en contraste, nuestra entidad es la tercera a nivel nacional en violaciones a derechos humanos de los policías.

IMPUNIDAD, LA DOLOROSA CICATRIZ

Enero de 2015, Apatzingán, Michoacán, un grupo de civiles que se habían mantenido en una protesta durante semanas, en el Palacio Municipal de esa ciudad, fueron atacados con 27 disparos de arma de fuego por elementos de la Policía Federal y Ejercito Mexicano, en un intento de recuperar las instalaciones.

El hecho fue evidenciado mediante vídeos que circularon en diferentes medios de comunicación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que los uniformados incurrieron en el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la privación de la vida de cinco personas. Además acreditó la ejecución extrajudicial de otra persona.

Pero a dos años y medio de este caso, no hay detenidos, ni procesados y mucho menos castigados por estos hechos.

La situación es similar en el caso de la ejecución extrajudicial, que también la CNDH señaló, que se dio en Tanhuato, en Mayo de 2015. Fue hace casi un año cuando el organismo nacional dio a conocer su informe sobre este caso y dictaminó que se había tratado de una ejecución extrajudicial.

Pero las peticiones de la CNDH sobre estos casos fueron ignoradas, la Policía Federal desconoció sus recomendaciones y no hay castigo alguno.

En este contexto se debe mencionar que en mayo pasado, la Directora para las Américas de Amnistía Internacional,  Erika Guevara-Rosas, refirió que las Fuerzas Armadas mexicanas “están fuera de control”, tras señalar que  las delegaciones que se le han hecho al ejército sobre seguridad pública han sido una estrategia ineficaz.

SIN “ESCARMIENTO”

Un año después de que se emitió ese dictamen, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pareciera no haber escarmiento; pues otro caso que también se reveló a través de medios nacionales, hizo que las autoridades michoacanas admitieran la persistencia en lo que pueden ser más ejecuciones extrajudiciales.

El pasado miércoles 2 de agosto Televisa expuso un reportaje donde se puso en evidencia lo que parece ser otro caso de una ejecución extrajudicial, pero ahora en Morelia. Policías estatales persiguieron a un sujeto que acababa de asaltar en una tienda de conveniencia con un arma blanca.

Francisco Robles Villa, un albañil de 37 años de edad, asaltó un minisúper en la colonia División del Norte en Morelia y escapó hacia su domicilio, aunque entró a otra casa, los uniformados mantuvieron rodeada la casa, y cuando salió e intentó correr, sin estar armado, los policías le dispararon a quemarropa, dejándolo herido de muerte.

Los hechos se dieron en febrero de este año y hasta ahora no se ha concretado alguna detención o proceso para alguno de los uniformados, pues estos habrían excedido la fuerza; pues, incluso, se encontraron disparos por la espalda en contra de Francisco, quien no portaba arma alguna al momento de su asesinato.

Alfredo Becerril, Fiscal de Delitos de Alto Impacto de Michoacán, admitió que en la escena del crimen no se encontraron armas de fuego ni armas blancas y Francisco no tenía rastros de pólvora en sus manos, por lo que no había disparado contra los policías, como estos en su momento declararon.

A raíz de este reportaje, las comisiones estatal y nacional de los Derechos Humanos, investigan tres casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el 2017 por elementos de la Policía Michoacán.

Una de ellas es la ya mencionada en los párrafos anteriores; pero otra más, es el caso de los dos ladrones detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública, quienes murieron horas después, presuntamente en un accidente automovilístico. En el mes de marzo.

Finalmente, la tercera presunta ejecución arbitraria investigada, corresponde a las muertes de tres comuneros durante un enfrentamiento con la policía estatal, en la comunidad de Arantepacua.

Pero los casos en realidad podrían ser más, pues Larissa Jaimes, integrante del Comité de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM), señaló en mayo pasado que tan solo en Michoacán, para ese mes, se habían encontrado con 17 casos de lo que podrían ser ejecuciones extrajudiciales.

Resaltó también que el incremento de estos casos se dio a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, emprendida por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México por del Partido de Acción Nacional (PAN).

EL CONTRASTE

Pero al mismo tiempo que se dan estos señalamientos a policías por la probable responsabilidad en este tipo de irregularidad, los propios uniformados también están inmersos en un clima de poco respeto a sus garantías individuales.

Esta situación fue firmada por representantes del Comité Ejecutivo Estatal del recién integrado Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia (MNSPJ). El presidente nacional de esta organización, conformada por abogados, policías, peritos y Ministerios Públicos, Ramón Bernal García, indicó que esta se encargará de la defensa de los Derechos Humanos  y laborales de servidores públicos de las áreas de Seguridad y Justicia de la entidad, quienes continuamente son vulnerados por sus superiores.

En ese contexto resaltaron que después de los estados de Guerrero y Tamaulipas, Michoacán es la tercera entidad donde se violentan los Derechos Humanos de los policías.

 

Las dos visiones encontradas induce preguntas: ¿La violación de derechos de civiles genera que haya presión por sobre las prerrogativas de los uniformados?, ¿o será al revés?, ¿la labor que tienen como responsabilidad los policías justifica la violación a sus derechos o que ellos puedan violar los de otros?, así las preguntas podrían seguir y seguir, pero  solo hay claridad en que en Michoacán persiste la impunidad y las violaciones de derechos, lo que genera incertidumbre entre la ciudadanía sobre el destino y manejo de las fuerzas de seguridad.