Michoacán alza la voz por aquellos a quienes callaron

Los agravios de la delincuencia en Michoacán han hecho mella en diversos y muy sensibles sectores de la sociedad. Se han denunciado los temas de pornografía infantil y feminicidios, donde el estado lamentablemente ha destacado. Pero ahora un caso de secuestro ha hecho que se reviva la herida de un sector que ha permanecido desprotegido y bajo amplio riesgo en Michoacán: los periodistas.

Detrás de esas notas informativas que dan cuenta de los hechos que se suscitan en diferentes puntos del estado, donde se exhibe lo mismo a políticos y funcionarios con sus deficiencias y usos inadecuados de sus puestos, o en las que se da cuenta de injusticias y desigualdades en la sociedad.

Detrás de esa información, que ha revelado la delicada situación que prevalece en Michoacán, hay todo un grupo de gente, entre reporteros, editores, fotógrafos, jefes de información, correctores, camarógrafos, ingenieros de sonido y en sistemas, entre muchos más colaboradores que hacen posible la llegada de esa información a la ciudadanía.

Cuando la inseguridad llega hasta este sector, en un afán de coartar su labor de revelación de una realidad, se debe poner atención. Pues se trata del acto de callar a las voces que al mismo tiempo hacen réplica del sentir ciudadano y también le informan  del día a día de su entorno, además de mostrar los desatinos, artimañas y oscuros manejos de la clase gobernante.

Más allá del riesgo que mantiene en incertidumbre a los michoacanos, los pertenecientes a este gremio laboral en la entidad se someten a un peligro mayor, por las consecuencias que su trabajo puede tener, al poder revelar ilegitimas pretensiones o acciones.

El pasado jueves 18 de mayo, un grupo de cuatro sujetos armados y encapuchados, que viajaban a bordo de una camioneta, privaron de su libertad al periodista Salvador Amado Pardo, quien ejercía su labor en Nueva Italia, parte del municipio de Múgica Michoacán, enclavado en la Tierra Caliente.

Han transcurrido más de 15 días, sin que se haya dado resultados en su búsqueda y el hecho ya ha generado consecuencias serias y nuevamente un eco incluso internacional sobre la situación que impera en Michoacán.

PERIODISMO, RIESGO EN MÉXICO Y MICHOACÁN

En septiembre de 2015 la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló que México es el país más mortífero de América Latina y uno de los más peligrosos para los periodistas en el mundo. De enero de 2000 a septiembre de ese año fueron asesinados 81 periodistas.

También para esas fechas, Artículo 19, otra organización internacional de protección a periodistas, calificó ese 2015 como el año más violento para la prensa mexicana en la administración de Enrique Peña Nieto. Tan solo a mediados de octubre, en promedio, cada 29.1 horas, se atenta físicamente contra un periodista.

De enero a septiembre, dicha organización documentó 222 agresiones a la prensa mexicana: 94 ataques físicos, 40 actos de intimidación, 37 amenazas, 23 detenciones arbitrarias, tres asesinatos y un ataque a las instalaciones de un medio de comunicación.

Ello, pese a que hay una Ley, una Fiscalía y un Mecanismo para brindar seguridad a las víctimas. No obstante “ha sido omisa en sus investigaciones”, dijo Darío Ramírez, director general de la agrupación en México y Centroamérica.

El secuestro de Salvador Adame se dio apenas a tres días del asesinato de los periodistas Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce, en Culiacán, Sinaloa y de Jonathan Rodríguez, de Jalisco, y un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto anunció medidas para proteger a periodistas.

En Michoacán, del 2005 a la fecha, han sido 8 periodistas muertos, 14 desaparecidos y 17 con conflictos laborales por despidos injustificados o con irregularidades en los ceses laborales. Además de que los comunicadores de este estado enfrentan de nuevo amenazas del crimen organizado, dado que este tan solo se fragmentó y mantiene la operatividad en la entidad.

Estos datos, que proporcionó Artículo 19, fueron expuestos por periodistas Michoacanos que se habían manifestado en la capital del estado, justo un día antes de la desaparición de Adame Pardo, pues en ella reclamaban el asesinato de Javier Valdez de Sinaloa y Jonathan Rodríguez de Jalisco.

SE ALZARON LAS VOCES EN MICHOACÁN

Tras darse a conocer el caso de la desaparición de Adame Pardo, en Michoacán se reiniciaron las manifestaciones para hacer exigencia a las autoridades de una investigación adecuada para dar con su paradero.

Sin embargo, el primer posicionamiento de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, encabezada por Martín Godoy Castro, y que se dio hasta once días después del crimen, no fue bien recibido, pues señalaban que la más fuerte línea de investigación apuntaba a que el comunicador mantenía relaciones con varias personas, que incluso habían acudido a declarar por la desaparición del periodista.

La declaración tuvo respuesta inmediata de colegas y familiares, que pidieron no juzgar por la vida personal del periodista y avocarse a su hallazgo, incluso lo calificaron como una “tomada de pelo”.

Apenas dos días después, en una reunión de periodistas con el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en la que estuvo también Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), quien señaló que, “para nosotros el ejercicio periodístico de Salvador es la línea a seguir, estamos haciendo el rastreo de ese trabajo y de opiniones en redes sociales”.

En entrevistas que se han realizado a familiares y colegas de Adame Pardo, se ha recalcado que el periodista mantenía cuestionamientos constantes a las autoridades del municipio y detallan que el inicio de sus indagatorias sobre la instalación de una nueva gasolinera en el municipio, habían generado incomodidad.

También se ha recordado que fue golpeado y detenido junto, a su esposa, en abril de 2016, por la Policía Estatal, tras filmar el desalojo violento de un grupo de mujeres que protestaban en la Alcaldía de Nueva Italia.

El caso ya ha trascendido incluso a nivel internacional, pues se ha sumado a los recientes hechos violentos en contra de periodistas.

Pero además de esa proyección, una importante repercusión es el fenómeno que ha generado entre el propio gremio de comunicadores en el estado; pues primeramente, tras aquellas declaraciones de Godoy Castro sobre la vida personal del comunicador como motivo de su desaparición, los colegas del estado usaron en redes el hastag #SiMeDesaparecen, para mostrar su indignación por los fundamentos que había dado la dependencia.

Pero después se presentó un hecho inédito en el país, cuando un centenar de periodistas acudieron, el pasado miércoles, a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, a presentar una denuncia colectiva y exigir avances por la desaparición del periodista Salvador Adame Pardo.

Esta denuncia derivó también en una manifestación en las oficinas de la Procuraduría General de la República, en la ciudad de México, donde se entregó el documento que había sido firmado por los colegas y expusieron a medios nacionales la realidad.

La situación de riesgo en el país y el estado para los periodistas, han generado ya no solo una repercusión entre sociedad y los propios trabajadores de la información con una indignación por el ataque a quienes se dedican a exponer las realidades, sino que también en el ámbito jurídico se han presentado ya medidas nunca antes vistas.

Los ataques a periodistas se traducen como una mella a la sociedad en sí, al tomarse en cuenta el objetivo de la labor de los comunicadores. Las autoridades tienen las miras encima, ante la delicadeza de esta serie de casos.