SINOPSIS POLITICA 04/05/2019

DE REGRESO A LA ÉPOCA MÁS OSCURA y VIOLENTA EN LA HISTORIA DE NUESTROS PUEBLOS

 Lo que más se temía está sucediendo… y tal vez parezca arrogante afirmar: “se los dije”, pero resulta necesario reiterarlo, pues con anticipación se advirtió que el responsable de la política interna del gobierno del estado, el jefe del gabinete de seguridad, ni por asomo o error tiene el perfil para imponer respeto al estado de derecho y restablecer las condiciones de gobernabilidad en Michoacán. Se trata más bien de un especialista en el tráfico de influencias para apropiarse de los dineros públicos a través de empresas constructoras, un experto en acumular dinero, pero pésimo como funcionario público.

La mejor prueba de la ineptitud de Carlos Herrera Tello, hoy Secretario de Gobierno, son las condiciones en que dejó a Zitácuaro, municipio que lo “reeligió” como alcalde, y que hoy, gracias a su impericia y negligencia para gobernar, se encuentra hundido en el caos, particularmente en materia de seguridad, transparencia y aplicación de la legalidad.

Con anticipación, en este espacio se aseguró que el señor Herrera Tello no funcionaría como como Secretario de Gobierno, pues no tiene la mínima idea de lo que significa ser un hombre de estado, un estadista. Esa concepción la habrá leído y teóricamente se la imagine, utilizándola en su retórica para engañar ingenuos; pero él, lo único que sabe, es hacer dinero, y dinero y política, es el binomio más perverso, motivo de la descomposición ética de los hombres públicos. Herrera pertenece a esa generación que confunden la política con funciones histriónicas, creen que el político es un payaso, cuya cualidad principal es hacer el ridículo y conquistar sonrisas haciéndose el chistoso, tratando de parecer simpático. La mejor demostración de su incompetencia, es Zitácuaro.

En Zitácuaro, desde que Herrera fungía como alcalde, no han parado las desapariciones, secuestros, extorsiones (la mayoría a manos de la policía, lo mismo que torturas) y ejecuciones, aunque las autoridades las han ocultado, para hacer creer a los incautos que todo está bien, dando validez al discurso del que no pasa nada, que Zitácuaro es un municipio seguro…aunque la verdad se les restriega frecuentemente en el rostro, el cinismo es tal, que ni así aceptan el daño que están causando al pueblo que gobiernan, e intenten corregir.

Pero a partir de la semana pasada el incremento de la inseguridad y violencia fue de tal magnitud, que ya no pudieron seguir disimulando:

Gracias a las complicidades de un gobierno pervertido e inepto para cumplir sus obligaciones mínimas indispensables, como brindar seguridad a la población (proteger la integridad física y patrimonial de sus gobernados), el pasado día viernes una familia zitacuarense fue ultrajada impunemente, cuando un grupo de maleantes, a unos pasos del cuartel de la Policía Michoacán (prácticamente en la nariz de los corruptos e ineptos “guardianes del orden”), incineró dos camionetas de su empresa, dedicada al transporte público desde hace décadas. Transportistas que además contribuye con la comunidad, otorgando becas a estudiantes que utilizan dicho servicio. Y, aunque el propietario de dicha línea de autotransporte ha fungido como representante popular y funcionario público, el suyo es de los pocos patrimonios de políticos construido con trabajo, desde su padre y abuelo.

Por eso, insisto, no considero justo que, por la indolencia de un gobierno corrupto, cómplice de criminales, los patrimonios de personas trabajadoras y la vida de seres inocentes estén siendo afectadas. Nadie merece que años de esfuerzo se vayan a la basura, pues, aunque las unidades estuviesen aseguradas, las empresas de seguros buscan pretextos para evitar hacerse responsables, y una de esas evasivas, es no responder cuando las perdidas materiales son causadas por actos vandálicos. Así que, los únicos perdedores son los integrantes de esa emprendedora familia. Que, a diferencia de otros, han tratado mantenerse al margen de los vínculos con personajes oscuros, que la mayoría de políticos del pueblo afanosamente buscan o mantienen.

El segundo suceso violento, fue el mismo viernes, cuando un conocido joven zitacuarense, abogado, fue asesinado en Tuxpan. El ahora occiso, durante una de las épocas más cruentas del crimen organizado, fungió como director de seguridad pública de algunos municipios de la región. Posteriormente fue sujeto a proceso penal y después de recuperar su libertad sufrió un atentado con disparos de arma de fuego en el centro de la ciudad (en El Jardín Chiquito), quedando lesionado. Cuando acontecieron los hechos que le arrebataron la existencia, el joven abogado laboraba como profesor en la telesecundaria de la comunidad de El Aguacate.

Después de los anteriores acontecimientos de violencia, se desencadenaron múltiples hechos de sangre, que evidenciaron a todas las corporaciones policiacas como entes inútiles e innecesarios los costos que se tienen que pagar por sus salarios, crenado en el imaginario colectivo la idea de que la población se defiende mejor sola o está igual de desprotegida con o sin “cuerpos de seguridad pública”.

Entre las victimas se encuentra una mujer, cuyos restos fueron localizados en estado de descomposición, en la localidad de La Dieta, en los límites con el Estado de México. Este hallazgo se realiza cuando algunas damas han sido reportadas desaparecidas, y aunque la Fiscalía Regional de Justicia no ha informado al respecto, se especula que los restos encontrados no pertenecen a alguna de las féminas cuyas familias de la región trabajan en su localización.

En el transcurso de la semana hubo también al menos dos personas ejecutadas, un individuo asesinado por el tiradero de basura, uno baleado en la zona urbana del municipio y dos adolescentes lesionados con disparos de arma de fuego. Son algunos sucesos reportados por ciudadanos y confirmados por los medios de comunicación, ya que las autoridades responsables de brindar la información respectiva ocultan cualquier dato que evidencie la inseguridad que se padece en la región oriente y tierra caliente, de esta zona de Michoacán.

Durante el encuentro de empresarios y algunas asociaciones de la sociedad civil con el Fiscal General del Estado, se le informó el temor fundado de que los órganos investigadores y persecutores del delito estuviesen en riesgo de ser infiltrados y manipulados por organizaciones delictivas, lo que dejaría en estado de indefensión a la sociedad, pues las corporaciones responsables de la seguridad pública y procuración de justicia estarían al servicio de otros intereses. Situación que de inmediato sería identificada, ya que se evidenciaría con la impericia y omisión dolosas de las autoridades respectivas, y esto podría estar sucediendo: la negligencia e ineficiencia podrían ser intencionales, con el propósito de favorecer con la impunidad a los grupos delictivos a cambio de beneficios monetarios. Igual que en el pasado reciente.

Lo más grave sería, para la propia seguridad de los funcionarios coludidos, es que le estuvieran recibiendo dinero a todos los grupos en pugna. Cuando resulta sencillo autoprotegerse, y el más efectivo blindaje, es la honradez. Nadie puede obligarlos a recibir dinero indebido, preferible es renunciar al cargo, por muy lucrativo que sea, que vivir en la incertidumbre, perder la tranquilidad, arrastrando en esa desgracia a seres inocentes y amados.

También pueden resistirse a la penetración y colaboración con las agrupaciones delictivas, argumentando que las actividades del crimen organizado son de competencia federal, que se “pacte” con funcionarios de ese nivel, que sean ellos los que se corrompan (si AMLO lo permite), en tanto los locales se apliquen en resolver los ilícitos del fuero común… Pero a los puercos les encanta el excremento, aunque les rompan el hocico.

La mejor prueba de la anterior afirmación, es el excesivo incremento de venta y consumo de droga, las desapariciones, ejecuciones, y extrañamente no hay autores materiales, ni intelectuales detenidos, mucho menos sentencias condenatorias en contra de los infractores, pues las carpetas de investigación son deficientes y excesivas, en tanto el personal sin instrucción e inexperto en el nuevo sistema penal. Además de que anteponen llenarse el bolsillo, antes que administrar justicia.

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