SINOPSIS POLITICA 16/02/2019
“INCONSISTENCIAS” EN EL ASESINATO DE POLICIAS
La desinformación oficial y el hermetismo gubernamental en el caso de los policías desaparecidos y posteriormente encontrados asesinados, aunado a la natural desconfianza en las corporaciones policiacas, generó un ambiente de absoluta confusión en la ciudadanía de la región oriente y tierra caliente y angustia en las familias de las víctimas.
El desconcierto en la población aun persiste, ante la ausencia de claridad en el “desenlace”. Mientras que, en las familias de los sacrificados, la angustia se ha convertido en impotencia, coraje y rencor. Pues, aunque ya se localizaron los cuerpos, no hay transparencia respecto al móvil del crimen, autores intelectuales ni materiales. Tampoco certeza en el desarrollo de las investigaciones, ni detenidos (con excepción del que fue asesinado bajo tortura), a pesar del aparatoso operativo, para simular que se trabaja.
A continuación, presento un breve resumen de las inconsistencias detectadas a simple vista, que profundizan la desconfianza en las autoridades en este caso, ya que la confusión podría tener como propósito ocultar la verdad. Misma que podría ser excesivamente grave, tanto como para estar dispuestos a gastar y desgastarse en costosos operativos de simulación.
El primer evento que produjo incertidumbre, fue la noticia de que cinco cuerpos habían sido localizados calcinados en un Tsuru blanco y trasladados al semefo de Zitácuaro. Versión que las autoridades negaron, pero testigos presenciales, que en ese momento se encontraban en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Justicia, afirman haber visto la llegada de las camionetas del semefo con cuerpos, la noche de martes, un día después de la desaparición de los policías de Tuzantla. Mientras que vecinos de Benito Juárez y Susupuato aseguran que se localizó un Tsuru blanco incinerado, y en un corralón de Zitácuaro se encuentra un Tsuru Blanco quemado. Por lo que no ha quedado claro si se trató de cinco o diez los desaparecidos.
Lo cierto, es que la información relacionada a la desaparición de los policías se “paralizó”, lo mismo que la del ciudadano torturado y asesinado “presuntamente” por la Policía Michoacán. Tema que mediática y judicialmente no dará para más, pues solamente la presidenta de Tiquicheo alzó la voz, y no tardarán en “convencerla” de guardar silencio. Todo se detuvo, ante la visita del presidente de la república a Huetamo, pero nada más se fue y el día lunes que aparecen lo cuerpos en el municipio de Zitácuaro.
Donde según los ejecutaron, en un paraje ubicado en Loma Larga, lo que significa que sus captores los trajeron paseando durante una semana y sin atarles las manos (como acostumbran), a pesar de tratarse de policías, que se suponen tienen instrucción en defensa personal y otras artes milicianas que no poseen el común de los ciudadanos y que ponía en riesgo a sus victimarios. En las fotografías difundidas se aprecia a los policías victimados sin ataduras en sus extremidades.
Otra irregularidad, consiste en que la propia policía contaminó la escena del crimen o la cadena de custodia, como ahora se le llama. En las fotografías, obtenidas por diversos medios, extrañamente tomadas en distintos momentos, unas de día y otras en la oscuridad, la cartulina con el mensaje dejado por los supuestos homicidas fue movida, en algunas graficas aparece en uno de los cuerpos y en otras, en lugar diferente.
Surgiendo la hipótesis de que los cuerpos fueron sembrados ahí por la misma policía, que pretendería ocultar la verdad o distorsionarla. Por lo que una línea de investigación debería dirigirse precisamente hacia dicha corporación, particularmente existiendo el antecedente de que, en tiempos reciente, los elementos policiacos fueron utilizados como colaboradores de organizaciones delictivas, desempeñando funciones de informantes, “antenas”, incluso ellos mismos se encargaban de realizar los levantones de personas, que luego entregaban a los grupos armados. Además, los primero que hace el crimen organizado para operar en determinada región, es “comprar” la colaboración de los mandos policiacos, pues resulta difícil a los delincuentes maniobrar sin el consentimiento o complicidad de los mandos.
Otra prueba más de la simulación e ineficacia, se dio al día siguiente del pomposo operativo que todas las fuerzas del orden realizaron en el municipio, evento presidido por el gobernador del estado y los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes alardearon que Zitácuaro es un municipio seguro, que todavía no ha sido contaminado con los sucesos violentos de Tierra Caliente…pero al día siguiente de iniciado el mega operativo, un sujeto apareció ejecutado en la carretera que conduce de la cabecera municipal de Zitácuaro a la tenencia de Timbineo de Los Contreras, cerca del tiradero de basura.
Ya nada más falta que la federación le retire a Zitácuaro los fondos destinados a la seguridad pública, por no cumplir con la disminución de los índices delictivos… y también de eso se nos culpe a los medios de comunicación.
PROTECCIÓN DEL GOBIERNO A LA CORRUPCIÓN
Con agradó me enteré que el gobernador de Morelos, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, denunció ante la PGR a su antecesor Graco Ramírez, a la esposa de este y a su hijastro, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. La denuncia se presentó el pasado miércoles 13 de febrero, por irregularidades en la compra venta de dos propiedades, cuyas anomalías ascienden a 22 millones de pesos. La acción del mandatario de morena, contra actos presumibles de corrupción de su antecesor perredista, se realizan a cuatro meses de la toma de posesión como gobernador.
Pero es de resaltar que, quien ahora combate la impunidad en Morelos, buscando resarcir el daño causado a los habitantes del estado que gobierna, es un sujeto sin instrucción académica, sin oficio político, un neófito en materia jurídica; es decir, un autentico “burro”. Aunque, por lo que se percibe con sus primeras acciones de gobierno, con mucha voluntad de hacer las cosas bien, apegadas a derecho, buscando la justicia y trascender, al marcar la diferencia.
Mientras que en Zitácuaro, después de más de cuatro años de ejercicio, de la ahora reelecta administración, que prometió se trasparentaría el ejercicio público de sus antecesores, se investigarían los actos de corrupción, las irregularidades administrativas y reunirían los elementos de prueba suficientes para mandar a la cárcel a los ladrones…nada, absolutamente nada se ha hecho al respecto. En tanto los vulgares bandidos, que tanto daño causaron al patrimonio y a la dignidad de los zitacuarenses, gozan de cabal impunidad y hasta se mofan de quienes tuvieron el valor de enfrentarlos para llevarlos ante la justicia. Donde, quienes tienen la obligación de pugnar para que sean castigados, han sido el más grande obstáculo.
A diferencia de Morelos, en Zitácuaro no fue el gobierno municipal, sino un grupo de ciudadanos los que iniciaron con el proceso para transparentar y recuperar el patrimonio saqueado, a través de un Juicio Político. En Zitácuaro, aunque es sólo un municipio, las irregularidades financiaras cometidas por los ex mandatarios y sus funcionarios no son de 22 millones de pesos, como en Morelos: aquí, ascienden a más de 200 millones.
Y lo peor, en el caso de Zitácuaro, es que las autoridades, legal y moralmente obligadas transparentar, investigar, sancionar y recuperar el dinero desviado, se han aliado con los delincuentes, brindándoles protección, por omisos y perversos. Acusando, igual que sus antecesores lo hicieron, de mentirosos a quienes han estado combatiendo la impunidad y buscando castigo para los corruptos y delincuentes.
A pesar de las pruebas contundentes, el gobierno de Zitácuaro no ha exigido a las autoridades responsables actúen en consecuencia, ni han aportado las evidencias de las que disponen. Más bien están permitiendo que el tiempo transcurra y queden sin efecto las acciones penales respectivas, pretendiendo que las conductas ilícitas prescriban.
La pasividad de las autoridades en Zitácuaro resulta evidente y encubridora, pues de 27 procedimientos administrativos instruidos en contra de Juan Carlos Campos y su equipo de colaboradores, nada más uno se ha resuelto, fincándoles un crédito fiscal por más de 8 millones de pesos, que debería haber reintegrado a las arcas publicas y no lo ha hecho, pero tampoco nadie se los ha requerido. Además, se ignora que ha pasado con los otros 26 procedimientos administrativos, porque razón están suspendidos o si ya prescribieron, y de ser así ¿Por qué no se actuó?
Y, aunque los anteriores y presentes gobernantes afirman son embustes de los medios de comunicación los señalamientos hechos a ambos gobiernos, en la última edición de El Despertar se da cuenta que un Juez ha apercibido a la Fiscalía Regional de Justicia para que, de ser necesario, arreste al presidente municipal Carlos Herrera, por ser omiso en la aportación, como prueba, de las auditoria practicadas a la administración presidida por Juan Carlos Campos Ponce.
En la misma publicación se informa también de la “distracción” de más 53 millones de pesos de la Dirección de Obras Públicas por parte del ex titular de dicha dependencia, y aunque el hoy Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno del estado, Hugo Raya Pizano, en su momento denunció ante la PGR dicha anomalía, jamás se le dio seguimiento, como si ignoraran que los Ministerios Públicos no actúan si no hay dinero para ellos de por medio o presión política. Dicha denuncia se dejó abandonada, para que se archive con el paso del tiempo y los ladrones sin ningún tipo de presión disfruten el botín y lo compartan tal vez con sus protectores.
Otro asunto, en el que también han sido omisos, es en el de las cuotas del ISSSTE, arrebatadas a los trabajdores, pero que nunca fueron entregadas a dicha institución, que por ese motivo negó asistencia medica a los empleados. Con estas, son decenas de irregularidades, excesos y abusos que tuvieron como propósito el robo del dinero de los zitacuarenses. Saqueo que continúa impune; en tanto las autoridades municipales, nuestros representantes populares, líderes políticos y dirigentes de todos los partidos permanecen omisos o defendiendo a los delincuentes saqueadores y acusando de mentirosos a quienes hacen señalamientos.
Incluso las legisladoras y regidores de morena hacen como que la virgen les habla en este tema. Nadie, a pesar de tener conocimiento, porque fueron parte de dichas administraciones, se indigna y pugnan por la transparencia y rendición de cuentas ante la justicia. A otros, más limitados, les da flojera trabajar, intentando representar con decoro a la ciudadanía. Contradiciendo los postulados del líder partidista de algunos de ellos, de combatir la corrupción, por tratarse del peor flagelo que azota a los mexicanos y desangra económicamente a la nación.
Pero en cuanto empiecen las precampañas, se transformarán en los más justicieros y fervientes émulos de Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, con su actitud, lo juzgan loco. Pues no quieren confrontarse con nadie, menos con los delincuentes poseedores de capital político y económico, que ellos podrían necesitar para satisfacer sus mezquinas ambiciones, de también llegar a robar. Al tiempo.