Crónica de un linchamiento mediático

Zitácuaro. – Tras haber resuelto la liberación de siete personas, hace unos días, la Juez de Control responsable de juzgar los hechos, se vio envuelta en un linchamiento mediático, orquestado (de acuerdo a la versión de algunos entrevistados), desde la Fiscalía Regional de Justicia, que intentó ocultar su incapacidad por medio de una campaña oscura en contra de la Juez.

A principios de este mes, las autoridades anunciaron la detención de siete personas que habían sido aseguradas por la Policía Michoacán, acusadas de participar en la privación de la libertad de un hombre; que, de acuerdo a la información oficial, había sido liberado por los uniformados.

Adrián P., Maribel P., Mireya J., David J., Raúl G., Miguel S., y Nelson J. Fueron liberados días después por una Juez de Control que encontró fallas en la detención e integración de la querella. De manera casi inmediata, a través de mensajes difundidos en las redes sociales, la Juez fue “linchada” mediáticamente.

Aunque se ha comprobado que algunos de los que fueron detenidos han estado involucrados en otros hechos delictivos, y estos fueron detenidos en flagrancia del delito, los especialistas en materia penal aseguran que la Juez sólo actuó bajo los principios que marca el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y la responsabilidad de esta liberación de presuntos delincuentes, recae principalmente en la Fiscalía y la policía, que son los primeros respondientes.

Al respecto, representantes de diversos Colegios y Asociaciones de Abogados de esta ciudad, dieron su punto de vista sobre el asunto y la mayoría coincidieron que son la policía y los ministerios públicos los principales responsables de la liberación de los presuntos delincuentes, al ser los primeros en participar en la atención temprana a la víctima.

Los representantes de las Barras de Abogados defendieron la postura de la Juez, al afirmar que actuó interpretando de manera correcta la ley. Zulena Pineda Ruíz, abogada, presidenta del Colegio de Abogados de Zitácuaro, expresó que es lamentable la situación que se presentó con la Juez, luego de que en las redes exhibieran una noticia, desconociendo la actividad real que se está llevando a cabo.

La abogada explica que cuando se hizo la detención de los presuntos responsables del delito, la obligación de los policías era presentarlos de manera inmediata ante el Ministerio Público. Máxime, porque se asegura que fueron detenidos en flagrancia de los hechos; sin embargo, se demostró que la policía no los presentó de manera inmediata, por lo que se dio una detención ilegal, al presumirse que los “trajeron paseando” por más de una hora.

Por este simple hecho, la Juez estableció que no se les podía seguir un proceso en ese momento, ya que tanto los policías y el Ministerio Público hicieron mal su trabajo. “La pregunta es, ¿por qué no los entregaron de manera inmediata al Ministerio Público? Es el Fiscal quien tiene que responder esta pregunta; ya que, a grandes rasgos, son las autoridades ministeriales las responsables”.

Al igual que otros juristas, la representante del Colegio de Abogados dejó ver su conocimiento en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que desde su reforma hace referencia en la protección de inculpados y víctimas. Y es que ahora en las audiencias no sólo están presentes los jueces, sino los intervinientes en el proceso, como los litigantes, testigos y el acusado, y hay cada vez mayor acceso para el público interesado, con lo cual se tiene una justicia más liberal, que opera dando la cara a la gente.

En ese contexto, Pineda Ruíz agrega que sean o no delincuentes, la presunción de inocencia es hasta que se compruebe con hechos la culpabilidad de los inculpados. Pero lo que es una verdad, es que no hay capacidad por parte de los policías para llevar a cabo una detención dentro el marco de la ley.

“No pueden cometer abusos de autoridad por el simple hecho de ser policías, tuvieron que haber demostrado el delito que cometieron y que había sido en flagrancia”, expresó textualmente la abogada. Agregó que finalmente la responsabilidad de este caso recae en su totalidad en las autoridades, por no hacer bien su trabajo.

De acuerdo con un artículo publicado por “Animal Político”, se exhibe que en un estudio realizado los resultados demuestran que el Sistema Penal Acusatorio si funciona, siempre y cuando este sea bien aplicado por los responsables de las Fiscalías. Los resultados de ese estudio arrojan que el 61% de los procesados considera que la sentencia que se le dictó fue clara, mientras que antes solo el 31% decía no tener dudas de su condena.

“Con el nuevo sistema penal, el 70% de los detenidos señala que el Juez estuvo presente en su juicio, mientras que antes solo 24% señalaba que vio al Juez en su caso. De la misma manera, el 69% de los procesados consideró que el Juez sí prestó atención a su caso con el nuevo sistema, muy distinto al 23% que respondía afirmativamente a esta situación antes” (sic).

Tomando como referencia los resultados de dicha publicación, preguntamos a la abogada Zulena Pineda Ruíz su opinión sobre el Nuevo Sistema Acusatorio. Al respecto indicó que este sí funciona, sin embargo, los que están fallando son los encargados de aplicarlo. En este sentido entra una trilogía representada por Ministerios Públicos, peritos y la policía. “Mientras no entiendan que son la autoridad investigadora y que están para discernir los delitos y las presuntas responsabilidades de la gente, las cosas no van a cambiar y la sociedad seguirá pensando que se coluden para beneficiar al delincuente”.

Apuntó que es lamentable que se haya dejado en libertad a los presuntos malhechores, pero las autoridades ministeriales deben de reconocer que hicieron mal su trabajo, ya que la Juez hizo su labor apegada a derecho y en los términos que marca la ley. Reitera su posición, al decir que es necesario que los policías reciban la capacitación necesaria, para que dejen de hacer detenciones arbitrarias y esto ocasione que se lleve un mal proceso.

URGE CAMBIAR A LOS MINISTERIOS PÚBLICOS INCOMPETENTES

No es la primera vez que sucede un caso como este y en varias ocasiones se ha demostrado, a través de vídeos en las audiencias, la incompetencia de los Ministerios Públicos; por mencionar algunos, que circularon por las redes sociales, se encuentra uno donde el Juez apercibe a la agente del Ministerio Público que de continuar con su actitud sería multada.

En un total desconocimiento la abogada enfrenta al Juez, lo que ocasionó que le dictara una multa de 50 salarios mínimos y declarara ilegal la detención de los acusados.

Quedó claro que la Ministerio Público fue la culpable de que los presuntos culpables quedaran en libertad. Fue evidente que la servidora pública no tenía la capacidad para llevar el caso y aparte se enfrentó de manera abierta con el Juez, intentando fortalecer su dicho, aquí el link del vídeo: https://www.facebook.com/laopcion/videos/1668671986502837/.

Otro caso más se dio cuando un Ministerio Público intentó sorprender al Juez, pero en este caso el funcionario tuvo que abandonar la sala, la mala actuación del funcionario quedó evidenciada cuando un Juez del Tribunal Superior de Justicia amonesta al abogado de la fiscalía por faltar a la verdad y tener desconocimiento del caso.

La conversación se dio de la siguiente manera:

– “Entonces ¿quiero entender que su primera manifestación está faltada de la verdad?», pregunta el Juez.

-Sí, su señoría, responde el abogado.

-“Bien, le apercibo, de insistir en una conducta como ésta, en violación al principio de probidad que marca el numeral 107 de la Ley Instrumental de la materia, le impondré una medida de apremio consistente en multa de 200 días, según la unidad de cuenta, conforme a lo que establece el numeral 104 inciso b del mismo marco normativo, no toleraré ninguna mentira en esta sala de audiencias abogado, ¿queda claro?”

-Sí, su señoría, nada más para aclarar que yo no conozco el contenido total de la carpeta.

– “Abogado, ese no es pretexto, si usted no estaba preparado no debió presentarse a la audiencia, representa usted los altos intereses de la sociedad en este proceso, o declárese incompetente para poder seguir con el curso de la audiencia, lo informaré al área correspondiente y retírese de la sala, si ese es el punto, abogado”.

Las violaciones al debido proceso o una mala integración del expediente por parte del Ministerio Público son algunas de las causas por las que la Fiscalía ha tenido para continuar con los procesos penales.

De acuerdo con María Trinidad Gutiérrez Toledo, de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de Michoacán, es la corrupción que impera dentro de las instituciones ocupadas de impartir justica, la que no permite actuar de manera plena al Sistema Penal Acusatorio.

Explica que aunque es poca la información que se ha dado a conocer respecto a la liberación de siete presuntos delincuentes, es cierto que las instituciones no están funcionando de manera correcta, ya que los operadores (Ministerios Públicos) no están preparados y algunos ocupan el puesto gracias a las “palancas” de algún funcionario en el poder.

Sin embargo, dice que si hubo fallas en la decisión de la Juez, ya que hay un apartado en la ley que explica que sí podía dejar detenidos a los delincuentes por la manera en que fueron detenidos y en flagrancia de los hechos.

Revela que desde el momento en que se va a presentar una denuncia hay “piedras en el camino”, debido a los viejos vicios que existen al interior de la Fiscalía; por lo tanto, “seguimos cayendo en lo mismo”, expresó la jurista. Agregó que la corrupción comienza desde que un agente del Ministerio Público pide dinero para que el caso pueda avanzar.

Documentó un asunto donde un funcionario público le pedía la cantidad de 30 mil pesos a un colega de ella para darle movimiento oportuno al caso. Al negarse, fue avisado que le iban a presentar cargos al abogado defensor. “La ley es para todos y están para servir a la ciudadanía. Además, cuentan con un sueldo como para que anden pidiendo dinero”.

Gutiérrez Toledo respaldó su comentario diciendo que incluso a ella le han pedido dinero los policías para acudir al lugar de los hechos, al negarse le han atrasado sus asuntos y expone que las arbitrariedades dentro del sistema se dan, aunque se haga del conocimiento de los jefes de la Fiscalía.

Denunció que la policía sigue “haciendo de las suyas”, toda vez que llevan a un detenido al “cuartito que ellos ya saben” antes de ponerlo a disposición del M.P. Una vez hecho esto, se arreglan con los abogados y ahí se compone todo. Reconoció también que no todos los abogados están preparados para hacerle frente al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

La integrante de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de Michoacán, considera que es necesario cambiar a los Ministerio Públicos de la Fiscalía que no estén preparados, ya que la mayoría siguen aferrados al anterior método inquisitivo y se enganchan al sistema tradicional, apoyados por abogados que más que litigantes son postulantes.

Desde su punto de vista considera que es necesario que cambien su mentalidad, pero el problema se debe combatir de raíz para que el Sistema Acusatorio comience a caminar. “Ahora ya no quieren trabajar, te piden la denuncia por escrito para ya solo integrarla”, afirma la abogada.

En ese mismo contexto se refirió el abogado Marcos Joel Vera Terrazas, quien opina que la Juez actuó apegada a la Constitución y las reglas procesales del Sistema Acusatorio y en ningún momento se extralimitó. Calificó como graves las negligencias de la Policía Michoacán, de la que es muy común el abuso, la tortura y la transgresión psicológica de los detenidos, en complicidad con los Ministerios Públicos, que son omisos y permiten llevar a la libertad a los delincuentes.

En cuanto al llamado linchamiento mediático en contra de la Juez, detalló que fue orquestado desde dentro de la Fiscalía, con una nota que ellos mismo crearon y que difundieron a través de grupos de WhatsApp que tienen entre ellos y de la que hay evidencia, la cual fue filtrada por fuentes internas de la dependencia.

Esto, manifestó, no es más que el reflejo del desaseo que hay dentro de la Fiscalía en las investigaciones, donde el “gran perdedor” es el ciudadano, ya que con estas acciones lo que buscan es tener jueces de consigna para que fallen su favor y lo que se necesita son magistrados garantistas e imparciales, como lo establece la Constitución.

Agregó que como este, son muchos casos que irán saliendo a la luz pública, donde se demuestra que son los mismos Ministerios Públicos los que violentan los derechos de los ciudadanos. Adelantó que en las próximas semanas se dará una denuncia en contra de la Fiscalía por transgresiones cometidas a la población.

Al igual que sus similares, coincidió en que la mayoría de detenidos han salido libres, porque a la hora de que se realizan las detenciones hay protocolos muy específicos que se deben de seguir y la policía rompe con todo eso, escudados en un grupo que se niega a dejar de trabajar con el sistema inquisitorio anterior.

No obstante, Ricardo Osorio Soto, Presidente de la Asociación de Abogados “Ignacio López Rayón”, fue reflexivo al hablar sobre el tema y dijo que sería necesario ver la carpeta de investigación para saber exactamente qué pasó, pero considera que la Juez actuó de mala manera al decretar la libertad de los acusados, en virtud de que fueron detenidos en flagrancia.

Asume que en el artículo 146 del Código de Procedimientos penales se habla sobre este tema y la Juez los omitió, a pesar de existir un hecho delictuoso. A su vez explica que ni abogados, ni jueces, ni Ministerios Públicos están preparados para el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, mucho menos los policías, que aún muestran muchas deficiencias al proceder.

“Del cien por ciento de abogados que hay en Zitácuaro, sólo un diez por ciento está preparado para llevar a cabo una audiencia en el nuevo sistema, lo que ha sido determinante para que exista una impunidad total en la delincuencia, sobre todo en robo a casa habitación y privación de la libertad”, señaló Osorio Soto, quien asegura esta aplicación de la ley deja un resquicio para que los jueces puedan dejar en libertad a los detenidos.

Pero lo preocupante pudiera darse cuando habla sobre la corrupción, la cual considera nunca se va a acabar, ya que esta es propiciada por todos los involucrados en un asunto legal y que incluye a los ciudadanos, hasta llegar a las cúpulas más altas de la Fiscalía.

 

 

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