Zitácuaro.- Contrario a lo que algunos puedan pensar, Zitácuaro podría ya encontrarse en la larga lista de los gobiernos más corrompidos de México, que arrastran la corrupción desde administraciones anteriores. Una de las más sonadas y señaladas administraciones públicas fue la del ex presidente Juan Carlos Campos Ponce, que terminó con un juicio político promovido por ciudadanos, y parece ser el ex alcalde ya olvidó, pero no así los miles de ciudadanos que vieron como los recursos públicos eran manejados al antojo del ex funcionario para su beneficio.
Recientemente, en la edición anterior de El Despertar, se dio a conocer la posible complicidad que existe entre la actual administración con Campos Ponce, al que se presume están protegiendo para que no se cumpla el mandato del Congreso del Estado de Michoacán y que se investigue a donde fueron a parar varias decenas de millones de pesos.
El asunto no se limita al señalamiento de un medio, sino a las evidencias de las posibles negociaciones irregulares que se pudieran estar dando entre ambas partes, y de las que algunas voces bien enteradas indican no habrá castigo para el ex presidente de éste municipio, simplemente porque las actuales autoridades no lo quieren hacer, así como a las decenas de casos documentados y probados de corrupción donde el también ex diputado se vio envuelto, incluso a nivel nacional.
Tras haberse dado a conocer la información, algunos personajes alzaron la voz, incluido Juan Carlos Campos y algunos cercanos a él, para tratar de desmentir la publicación. Sin embargo la cloaca se destapó casi desde un inicio de la administración de Juan Carlos Campos y los hechos siguen ahí.
ALGUNOS DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN Y ABUSO DE PODER.
En agosto del 2013, Juan Carlos Campos fue acusado por la ex jefa de tenencia de Aputzio de Juárez, Rocío Olivares Hernández, de ser excluyente y autoritario, anteponiendo sus intereses personales antes que el de los ciudadanos.
En ése entonces se dieron a conocer varias irregularidades en la mencionada tenencia, tales como la poca inversión en obras o el desvío de recursos para beneficiar a un pequeño grupo de personas relacionadas con él, tales como el programa vivienda digna, piso firme, mejoramiento de vivienda o programas relacionados con DIDESOL. La ex jefa de tenencia denunció también una obra inconclusa, de la que no aparecían 112 mil 500 pesos. La indiferencia era tal, que los pobladores de Aputzio de Juárez decidieron tomar medidas radicales y cerraron la carretera para ser escuchados.
En aquel tiempo Juan Carlos Campos Ponce fue señalado como el presidente más deshonesto de Zitácuaro hasta ese entonces, ya que manejaba el Programa de Obra Anual a su antojo, situación que también fue denunciada en su momento por la ex jefa de tenencia y la ex regidora Maricela Martínez Cortes.
Haber cambiado la fecha de la tradicional feria del 5 de Febrero, haber intentado derribar el campo deportivo Rafael Baeza, haber instalado la tienda Chedarui en pleno centro de la ciudad, fueron sólo algunos detalles para que se ganara el repudio de la sociedad y el municipio se viera constantemente en manifestaciones por parte de los inconformes.
TELETEC, LA EMPRESA PREFERIDA DEL PRESIDENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
Otro asunto que también llamó la atención, fue su relación con la empresa TELETEC. El ayuntamiento de Zitácuaro, a través del pleno del cabildo, intentó darle facultades a la empresa TELETEC para que gestionará recursos ante el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), con éste “movimiento” el ex alcalde pretendía dejar a un lado a los responsables de gestionar este tipo de recursos, así como a la comisión de obras del ayuntamiento.
TELETEC fue un de las empresas preferidas de ésa administración para realizar diferentes actividades que tenían que ver con el erario público, de hecho fue la encargada de realizar el cambio del alumbrado público que tuvo un alto costo y a los pocos meses ya se encontraba deteriorado. Campos Ponce también pretendía que fuera ésta empresa la que hiciera la construcción del Teatro, finalmente el pleno del cabildo lo aprobó y la empresa se quedó como la única gestora para realizar obras en el municipio, obteniendo grandes ganancias.
A ésta empresa también se le pretendía donar un terreno en el parque industrial, donde estaba ubicada la antigua bodega de la desparecida Conasupo. El terreno tendría un costo de medio millón de pesos, que sería cargado al erario público y que también fue aprobado por el pleno del cabildo, que prácticamente estaba al servicio del ex presidente municipal.
AUDITORÍA INTERNA SEÑALA IRREGULARIDADES EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
En mayo del 2014 fue la misma contralora municipal, Ana Luisa Martínez Sandoval, quien en su informe trimestral de actividades evidenció el mal manejo de los recursos públicos. De hecho emitió diversas recomendaciones, como implementar acciones correctivas, incrementar mecanismos de control interno, evaluación municipal y desarrollo administrativo.
Martínez Sandoval evidenció en un documento la falta de aplicación del recurso público como debería de ser, ya que se había aplicado menos del presupuesto asignado; como ejemplo puso el caso de la canasta básica, donde se aprobaron un millón 920 mil pesos y sólo se ejercieron un millón 250 mil 145 pesos. La Dirección de Desarrollo Social (DIDESOL), fue la dependencia municipal que más observaciones tuvo en la auditoría interna realizada al ayuntamiento de Juan Carlos campos Ponce.
En algunos casos se evidenció la enorme diferencia entre lo aprobado y lo ejercido, como fue el caso del programa federal vivienda digna, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes; al respecto se informó que no se respetó lo estipulado en las reglas de operación del programa, ni en el contrato correspondiente, ya que cada beneficiario aportó más de la cantidad estipulada.
El gobierno Federal ejerció 5 millones 300 mil pesos, mientras que el ayuntamiento sólo ejerció un millón 859 mil 500 pesos, de los 3 millones 490 mil que se le habían autorizado; por su parte los beneficiarios aportaron un millón 297 mil 500 pesos, es decir, la auditoría interna demostró que sólo en ésa ocasión no se aplicaron un millón 856 mil 010 pesos a favor de los ciudadanos.
En ese contexto la Contralora Municipal denunció que también obras públicas presentaba diversas irregularidades, ya que se encontraron 28 obras programadas que no se concluyeron, 28 obras programadas y once presentaban cero por ciento de avance físico y financiero, manteniendo un total de 57 millones 480 mil 987.31 pesos en obras no elaboradas.
En ése tenor, algunos regidores y servidores públicos guardaron silencio en cuanto a los resultados que arrojó la auditoría realizada por la ASM, de las cuales nunca se desvanecieron las observaciones y al final se fue al jurídico de la dependencia fiscalizadora.
EL ENORME ENGAÑO DE LA SUPUESTA EMPRESA EXTRANJERA QUE INVERTIRÍA EN ZITACUARO
Uno de los mayores fraudes que el ex presidente municipal de Zitácuaro pretendía hacer a los ciudadanos zitacuarenses, fue la instalación de una supuesta empresa en sociedad con el canadiense Francois Josep Joly, quien se ostentaba como representante general de la firma ACIXMAX, empresa dedicada a la venta de extintores y productos de seguridad.
Desde un inicio esta supuesta empresa tuvo diversas irregularidades, las cuales se dieron a conocer oportunamente en El Despertar. Autoridades municipales, encabezadas por Juan Carlos Campos Ponce, dieron a conocer que dicha compañía se instalaría en el municipio y haría una inversión inicial de 6 millones de pesos, beneficiando a 300 ciudadanos que obtendrían salarios que irían de los mil a los dos mil dólares mensuales y beneficiaria a productores locales de fruta.
El problema es que Campos Ponce y su socio canadiense presentaron productos de la marca Kirkland, que son una marca exclusiva de COSTCO. Al ser investigados, la gerente general de compras de la trasnacional indicó que nadie estaba autorizado para comercializar esa marca que no fuera COSTCO, y sus productos eran envasados y liofilizados exclusivamente en Estados Unidos.
Así mismo, la ley señalaba que para poder instalarse como una empresa legal, los socios deberían tener una sociedad debidamente constituida, sin embargo en los documentos que presentaron como una sociedad mercantil, dos de los socios no estaban inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, no pagaban impuestos y curiosamente eran el representante legal y el gerente de la supuesta empresa.
A pesar de ello, el COPLADEMUN le cedió el terreno, donde pretendían instalarse, al canadiense en comodato por 99 años, para que lo aprovechara a su antojo. Pero la gota que derramó el vaso, fue cuando la ex regidora Marisela Martínez Cortes descubrió que el domicilio fiscal con el que se ostentaban y aseguraban tener instalada la empresa, no era más que un gallinero. Esto fue corroborado de manera personal, presentando las pruebas justo cuando estaban a punto de aprobar la instalación de la empresa fantasma.
EL ESCANDALO QUE DERRUMBA SUS ASPIRACIONES POLITICAS Y LO DEJA EN EVIDENCIA A NIVEL NACIONAL.
Uno de los casos más sonados de corrupción a nivel nacional lo protagonizó precisamente Juan Carlos Campos Ponce, luego de que se diera a conocer la manera en que él y el entonces diputado federal y ahora diputado local, Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, pretendían adjudicarse 6 millones de pesos destinados a un proyecto cultural que se realizaría en éste municipio.
Medios de comunicación nacionales dieron a conocer la noticia, poniendo el ex presidente y a Zitácuaro en el ojo del huracán. El diario Reforma dejó ver la manera en que Ernesto Núñez le sugiere a la promotora cultural Verónica Loaiza la forma en que se puede “hacer uso” de ése dinero, para que se vieran beneficiados el legislador y el entonces alcalde.
A pesar de la evidencia que lo inculpaba de manera directa, Campos Ponce se dedicaba a negar los hechos, hasta que se dieron a conocer unos audios que incriminaban a ambos personajes. Al final no le quedó más que aceptar que efectivamente daba diezmos a los diputados que le etiquetaban algún recurso, así como a la delincuencia organizada.
Aun con todo y que se comprobó la corrupción en que estaba incurriendo, Juan Carlos Campos se dijo “chamaqueado” de una mala manera e insistía en su inocencia ante el auditorio de Denise Maerker, que lo entrevistó en cadena nacional.
Diversos sectores se pronunciaron para que fueran investigados Núñez Aguilar y Campos Ponce, pero sólo quedó en eso y el asunto se permaneció en el olvido por parte de las autoridades correspondientes, de hecho Ernesto Núñez sigue participando activamente en la política michoacana.
SE ADJUDICAN UN MILLÓN DE PESOS DE MANER ILEGAL
Una nueva denuncia se presentó en contra de Campos Ponce y algunos de sus funcionarios, en el que se incluía a su cuñado José Luis Ramírez del Valle por haberse dejado un millón de pesos que pertenecía a la empresa “RAFRA Constructora”.
El representante legal de la constructora decidió emprender un juicio en contra del ex presidente por la falta de pago en una obra que ya estaba casi terminada y que finalmente fue dada a un compadre del alcalde Juan Carlos Campos Ponce. Según los datos que se obtuvieron en ese tiempo, se pudo establecer que el edil fue demandado por apoderarse de más de un millón de pesos que tenían que haber sido cobrados por la constructora que realizó la edificación del Centro Municipal de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos (CMTIRS), y cuyos trabajos dieron inicio en la administración presidida por el entonces presidente Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela.
Al cambio de administración municipal se hicieron los trámites necesarios ante la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA) para que se realizaran los pagos ineludibles a la empresa, sin embargo el cuñado y ex Director de Servicios Públicos Municipales, José Luis Ramírez del Valle, exigió al empresario que terminará la obra, la cual ya tenía un 95% de avance.
El problema es que ya casi para terminar no había recibido el pago correspondiente, por lo que el representante de la empresa le informó al funcionario que lo requería para poder continuar. Ramírez del Valle se opuso y le advirtió que no le iban a pagar hasta que los trabajos estuvieran concluidos.
Las autoridades municipales sin previo aviso y sin respetar el contrato existente decidieron hacer a un lado a RAFRA Construcciones y contrataron a otra para que continuarán con los trabajos, la empresa elegida para este asunto fue MG Construcciones y era representada por una persona allegada al alcalde, de nombre Ernesto Morales Gómez.
De acuerdo con David Ramírez Fraga, las autoridades se dedicaron a gestionar el pago del contra recibo ante la tesorería del Estado, logrando obtenerlo gracias a que presentaron documentación oficial de RAFRA Construcciones. Dos días después de haber recibido el dinero, el Director de Servicios Públicos Municipales, José Luis Ramírez del Valle, declaró ante un medio de comunicación local que el contrato con FRAGA había rescindido por no haber cumplido en tiempo y forma con la terminación de la obra, por lo que los trabajos se iniciarían desde el principio con la misma cantidad presupuestal.
Después de estos acontecimientos el empresario se reunió con Ramírez del Valle y éste le indicó que el presidente quería reunirse con él para llegar a un acuerdo y que estaba en la mejor disposición, por lo que le ofrecía 100 mil pesos para que dejar el asunto en paz. El contratista no aceptó y le exigió el total del pago, el cual superaba el millón de pesos, que ya habían cobrado con documentación de su empresa.
Tiempo después logró obtener una cita con el entonces presidente, en esa reunión el contratista le dejó entrever que no le iba a recibir los 100 mil pesos que le ofrecían, de nueva cuenta Ramírez del Valle negó que haya ofrecido esa cantidad, alegando que le habían dicho 200 mil y no 100 mil, dejando al descubierto sus intenciones de apoderarse de otra cantidad extra.
Ante la insistencia de las autoridades municipales de no pagarle el empresario se retiró, pero tiempo después le hablaron de las oficinas de SUMA, indicándole que el finiquito de su dinero ya estaba listo, sólo necesitaban su firma para podérselo entregar. Al acudir a la dependencia estatal se dio cuenta que ya en diferentes ocasiones, tanto el alcalde como el Director de Servicios Públicos habían estado acudiendo con la intención de recoger el dinero del finiquito; mismo que no les fue entregado, ya que estaba a nombre del contratista. Al ver esto, el alcalde zitacuarense le ofreció quedarse con el dinero del finiquito para quedar a mano. De nueva cuenta no aceptó, ya que el dinero superaba el millón de pesos y era para pagar a los acreedores. Ante esa negativa el empresario decidió denunciar a Campos Ponce.
INICIAN JUICIO POLITICO EN CONTRA DE CAMPOS PONCE
Después de la infinidad de irregularidades cometidas por el ex presidente de Zitácuaro, el Congreso Nacional Ciudadano Zitácuaro, a través del abogado Joel Vera Terrazas, decidió presentar una denuncia penal en contra del ex alcalde Juan Carlos Campos Ponce, en la que también se involucraba a la ex titular del DIF Municipal, Patricia Ramírez del Valle y el ex Director de Obras Públicas Joaquín Campos López, la denuncia fue presentada por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos por 200 millones de pesos.
En reunión de Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputados locales declararon procedente el Juicio Político en contra del ex edil de Zitácuaro, Juan Carlos Campos, por mal uso de recursos público durante el tiempo que estuvo en el cargo.
El juicio en contra de Campos y sus allegados procedió y se dio pie para que en un acto sin precedentes se castigara por primera vez a un ex presidente de éste municipio. Es así que el Congreso del Estado de Michoacán inició proceso de Juicio Político contra Juan Carlos campos Ponce.
Los diputados michoacanos instruyeron a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) se llevara a cabo de manera inmediata una Auditoría Integral a dicho ayuntamiento y en particular al DIF Municipal, durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015.
En este contexto, las comisiones dictaminadoras declararon procedente el Juicio Político contra Juan Carlos Campos Ponce y señaló como improcedente el demandado hacia Patricia Ramírez del Valle, expresidenta del DIF municipal, ya que la ley no lo contempla como sujeto a juicio político por ser un cargo honorario.
Mary Carmen Bernal Martínez, ex diputada local y ahora legisladora federal, fue quien presidió la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado y la encargada de llevar a cabo este tipo de procedimientos. Finalmente Campos Ponce fue inhabilitado por dos años para ocupar un cargo público por violación de manera sistemática a los derechos humanos, por violación y omisión a la ley de responsabilidad patrimonial de los servidores públicos del estado de Michoacán, que establece causales y obligaciones que todo servidor público debe tener en su cargo.
El ex presidente buscó por todos los medios detener el juicio en su contra y se acercó a diferentes entes políticos con la intención de “persuadirlos” para que el proceso en su contra se detuviera, sin embargo el Congreso de Michoacán decidió que Campos Ponce sí había incurrido en contra del erario público y de los zitacuarenses.
Cristóbal Arias Solís, ahora Senador de la República, también advirtió sobre la importancia de que se diera un castigo al entonces presidente municipal Juan Carlos Campos, al que calificó como cínico y ladrón, “fue el presidente de los moches”, dijo.
En una entrevista con El Despertar, manifestó que no era justo que mientras el municipio se encontraba en pésimas condiciones, el ex presidente se diera la gran vida, viviendo en una de las mejores zonas residenciales de Morelia. “Quisiera saber si ya procedieron legalmente contra Juan Carlos Campos Ponce, si ya está en la cárcel el ex presidente municipal y toda su camarilla de funcionarios y los anteriores que han estado, si se les ha investigado y castigado”, manifestó durante la entrevista.
Luego de que el Congreso de Michoacán ordenara a la actual administración que se analizara e investigara el destino de los recursos públicos para que se devolviera el dinero, que es propiedad del municipio, la actual administración ha hecho caso omiso y ha dejado como “cosa olvidada” la sentencia en contra del ex alcalde, a pesar de que es su responsabilidad.
Y es que el daño a los ciudadanos fue tal, que incluso los empleados municipales se vieron afectados por su patrón, toda vez que el dinero que les quitaban para su seguridad social nunca fue entregado al ISSSTE, derivando en un desvío de varios millones de pesos que nadie sabe a dónde fueron a parar; sin embargo sí afectó a decenas de empleados municipales, que no recibieron atención médica gracias a que sus cuotas no llegaban a la institución de salud.
La corrupción en la era de Campos Ponce fue denunciada por ciudadanos que se vieron afectados de diferentes maneras, aun con ello personas allegadas a él insisten en que hizo un buen trabajo al frente de la administración pública. Esto es sólo una pequeña parte de lo que sucedió durante ésa administración y que hasta el momento sigue impune.

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Zitácuaro.- Contrario a lo que algunos puedan pensar, Zitácuaro podría ya encontrarse en la larga lista de los gobiernos más corrompidos de México, que arrastran la corrupción desde administraciones anteriores. Una de las más sonadas y señaladas administraciones públicas fue la del ex presidente Juan Carlos Campos Ponce, que...