No le “cuadran” lo delitos a la policía

Zitácuaro. – Cuando la policía lleva a cabo una detención, le sigue una serie específica de esquemas que deben cumplir con ordenamientos legales durante el proceso de captura. Esto con el único objetivo de permitir poner a un delincuente en prisión. No obstante, el Nuevo Sistema Penal Acusatorio requiere procedimientos bien definidos, para poder vincular a los detenidos a un proceso legal por el cargo que se le imputa.

Constantemente las autoridades ministeriales han dado a conocer a través de información oficial la detención de varios supuestos grupos criminales y personas vinculadas a ellos por diversos delitos. Sin embargo, la mayoría de presuntos infractores detenidos por elementos de la Policía Michoacán han alcanzado su libertad, la cual es dictaminada por un Juez de Control. Es decir, que tanto policías como Ministerios Públicos no han logrado vincular a un debido proceso penal a los que capturan como presuntos responsables de violar la ley.

Analistas y abogados señalan que el alza delictiva se debe principalmente a las nuevas normas del Sistema Penal Acusatorio, mismas que permiten a los infractores reincidir, al poco tiempo de abandonar el juzgado cívico. En este escenario la policía, Ministerios Públicos y Fiscales juegan un papel importante y son finalmente corresponsables de que los delincuentes salgan libres, sin que se les dicte una prisión oficiosa que les permita llevarlos a juicio, para ser castigados por el delito que cometieron.

Si bien es cierto que el escenario en la impartición de justicia del país se transformó, de ser un modelo tradicional de procedimiento penal inquisitivo a un proceso penal de corte acusatorio adversarial. Las autoridades ministeriales, así como los policías investigadores, parecen no haberse dado cuenta de ello y siguen trabajando a la “antigüita”. Especialistas han señalado la necesidad de fortalecer la actuación de los policías y coinciden en asegurar que la policía tiene un papel central en la investigación y en el esclarecimiento de los hechos que originan cualquier delito.

El tema se torna abrupto, toda vez que se confunde el actuar de la policía investigadora (Policía Ministerial), con el de la policía estatal (Policía Michoacán), que dentro de las atribuciones de esta última no está la de investigar de manera directa los delitos que se cometen a diario en todo lo largo y ancho de la región y del mismo Estado. La Ley de Atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán, indica en su artículo 86, párrafo III; que se deben de fomentar y realizar estudios, investigaciones, análisis y opiniones de carácter técnico, científico y académico, en materia de seguridad pública.

Este mismo artículo señala en su párrafo IX, que se debe de supervisar a través del área competente que los servidores públicos bajo su mando (el del Sub Secretario de Seguridad Pública Estatal), proporcionen al público un trato atento y eficiente.

Sin duda, el tratamiento mediático que se le ha dado al asunto logró destapar una serie de abusos, así como atentados graves a los derechos humanos en contra de la población, que los elementos de la Policía Michoacán y la misma Fiscalía han cometido hacia cientos de ciudadanos. Peor aún, los inexplicables errores que se han evidenciado, durante meses, a la hora de que los elementos policiacos detienen a los presuntos delincuentes, que salen libres a los pocos días, dada la manera en que fueron arrestados.

Constantemente anuncian espectaculares detenciones de supuestos integrantes de bandas delincuenciales u organizaciones criminales, quienes posteriormente quedan en libertad por falta de pruebas o errores en la formulación de la querella y las acusaciones, que muchas veces se ha comprobado son inventadas por los elementos de la Policía Michoacán, los cuales quedan exhibidos como promotores de fabricación de delitos y torturadores profesionales.

Se ha detectado que la Policía Michoacán actúa bajo denuncias anónimas, las cuales les hacen llegar a través de correos electrónicos; los que, se presume, algunos son falsos, ya que la manera en que están redactados no son propios de una persona común, que se refiere en otros términos a las personas que pertenecen a algún grupo delictivo, o bien utilizan -cláusulas técnicas jurídicas- que sólo pueden ser obra de una persona preparada, como un abogado o un policía que conoce del tema.

De acuerdo con algunos juristas y especialistas que han seguido estos asuntos de cerca, explican que las denuncias anónimas con las que se guía la Policía Michoacán, son denuncias técnicamente armadas, para poder justificar un operativo de reacción en contra de determinada persona.

Los abogados insisten en que la Policía Michoacán violenta de manera abrumadora las leyes, al querer hacer las veces de policía investigadora sin tener el menor conocimiento de cómo llevar una investigación y por estar fuera de sus atribuciones. Se ha logrado documentar que los “métodos de investigación” que utilizan estos policías son la tortura física y psicológica, no sólo hacía el presunto culpable al momento de ser privado de su libertad, sino también a su familia. Como recientemente se dio a conocer.

Abusos, tortura y corrupción, son tres palabras que podrían definir todo el contexto, en cuanto a detenciones de presuntos delincuentes. Indudablemente las autoridades no han podido terminar con la descomposición que existe dentro de las instituciones involucradas con el tema de la impartición de justicia. La percepción de los ciudadanos es generalizada y coinciden que tanto policías y ministerios públicos son incompetentes para resolver los delitos.

Y no es para menos, ya que las denuncias penales en contra de elementos policiacos se han multiplicado a últimas fechas, debido a que son acusados de torturar y detener de manera ilegal a decenas de personas que no han tenido que ver en hechos delincuenciales. Los elementos de la policía se han convertido en perseguidores de delitos que finalmente no son culminados en el castigo de los que detienen.

Las detenciones han sido calificadas como arbitrarías, aunque el delincuente sea sorprendido en flagrancia del delito, insistiendo en el tema de que el Ministerio Público y la policía son la base para que se dé el debido proceso.

En su libro: “Policía de Investigación en el Sistema Penal Acusatorio”, Víctor Manuel Nieto Pérez, expone que en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, la policía de investigación se convierte en un actor fundamental, al ser el encargado de materializar la investigación penal.

Explica también que a raíz de la reforma al artículo 21 Constitucional en el 2008, la policía investigadora se convierte en un iniciador y materializador de la investigación, bajo la conducción y mando del Ministerio Público para dar certeza jurídica al debido proceso. Entonces bien, si los Ministerios Públicos y la policía no integran o hacen lo que la ley indica, los jueces seguirán liberando delincuentes bajo el conocimiento y aplicación de las leyes.

Los abogados explican que se debe de hacer una renovación absoluta de la estructura funcional de los Ministerios Públicos, toda vez que se ha comprobado, en algunos casos, el grado de corrupción que hay dentro de las Fiscalías, al pedir dinero a los detenidos a cambio de su libertad.

Para los ciudadanos resulta sumamente frustrante enterarse que delincuentes son liberados de manera frecuente por el fracaso en la fundamentación de las acusaciones en su contra. Esa es una de las razones por las que la cifra negra de los delitos se mantiene desorbitada. No existe certeza de que, si el ciudadano denuncia a un criminal que lo lesionó en su persona o patrimonio, efectivamente será recluido en la cárcel.

Algunos abogados concuerdan en que la corrupción de los Ministerios Públicos y Fiscales parte de la constante falta de preparación y bajos sueldos, es esta corrupción lo que ocasiona que se rompa la eficacia del Sistema Penal Acusatorio. Aunque lo nieguen, es un hecho probado que la preparación de un agente del Ministerio Público no se compara en nada con la que puede tener un abogado privado o un despacho de prestigio, la diferencia en recursos y conocimientos es abismal.

La constante liberación de los delincuentes ocasiona que la víctima desista de presentar o proseguir con su denuncia, dada la escasa posibilidad que hay de detener a los responsables.

El último caso que se dio en esta región de Zitácuaro, fue la liberación de siete sujetos que estuvieron detenidas por elementos de la Policía Michoacán, acusados de haber retenido contra su voluntad a una persona.

Días más tarde, los detenidos fueron puestos en libertad por una Juez de Control, al encontrar fallas en la integración de la denuncia. Un día después de la liberación de los presuntos infractores, aparecieron mensajes en las redes sociales donde culpaban a la Juez de haberlos dejado en libertad a pesar de que fueron detenidos en flagrancia de los hechos delictuosos (según la información oficial).

Los mensajes difundidos en redes sociales no explican los detalles ni las causas que la Juez tuvo para ponerlos en libertad, simplemente dan a conocer la noticia, lo que ocasionó que la Juez fuera prácticamente linchada de manera mediática por la ciudadanía. Algunos se preguntan ¿A quién afectaba más este tema? Ya que con ello las autoridades ministeriales quedaban exhibidas, porque eran unos más los que quedaban libres tras haber cometido un delito, sumándose a la lista de liberados, como muchos de los presentados y detenidos por la Policía Michoacán.

LIBERACIONES POR TORTURA

Pero no es el único caso, ya que en otras detenciones han salido a relucir los procesos de ciudadanos que son torturados por la policía, con el único objetivo de que se declaren culpables. Como fue el caso de un conocido empresario transportista que fue golpeado por el entonces Coordinador Regional de la Policía Michoacán, José de Jesús Flores García, quien actualmente enfrenta un proceso penal por esta causa.

O el caso de la detención de unos jóvenes originarios del municipio de Juárez, que también fueron violentados por la misma corporación policiaca. En ese contexto se puede contabilizar la detención de un docente vecino de Jungapeo, que igualmente fue golpeado por los elementos policiacos.

Al menos en estos tres casos en específico, las víctimas denunciaron los abusos de que fueron objeto y al comprobarse su inocencia fueron puestos en libertad, entregando a cambio una cantidad importante de dinero, según denunciaron posteriormente.

LIBRES AUNQUE SE COMPRUEBE SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO

Pero los casos que de verdad alarman, son los que llaman la atención por el grado de violencia que se dio al momento de cometer el delito. Es el caso de los policías que hace poco salieron en libertad por la muerte de un joven limpia parabrisas, donde quedó plenamente demostrado el grado de intervención de los uniformados o el de la liberación de varios sujetos que, según las autoridades, habían participado en un enfrentamiento con la policía.

Esta es sólo una mínima parte de lo que sucede con las detenciones que realizan los elementos de la Policía Michoacán, que han logrado generalizar entre la población una percepción de inseguridad y miedo hacía los mismos uniformados, adquiriendo dimensiones particularmente significativas por tratarse de personas se supone están para vigilar el bienestar de la ciudadanía.

Los expertos en la materia explican que se deben crear programas para elevar la capacidad, calidad y compromiso  de los Ministerios Públicos, para que efectivamente sean representantes sociales, ya que pareciera actualmente nadie los vigila, por ello insisten que es necesario fortalecer las Fiscalías a bien de que se mejoren y abatan los índices de rezago y corrupción, principalmente.