Ordena Juez a Carlos Herrera entregar resultados de auditorías a Campos Ponce
- De no hacerlo el alcalde podría ser arrestado.
Zitácuaro. – Tras varios años de mantener en el olvido el desvío de millones de pesos durante la administración de Juan Carlos Campos Ponce, un Juez de Control ordenó a la Fiscalía Regional de Justicia que exija a Carlos Herrera Tello entregue los resultados de las auditorías a la administración del expresidente. De lo contrario, ordenó su arresto inmediato.
La desaparición de cuatro millones de pesos, que fueron descontados en el periodo 2012 al 2015 a los trabajadores del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM), provocó que en el año 2015 se diera una demanda en contra de Campos Ponce y el ex director de SAPAS, Alejandro Bautista Suárez.
A pesar de las pruebas presentadas y las determinaciones para que se castigue a los culpables del desvío del dinero de los empleados sindicalizados, las autoridades municipales, encabezadas por Herrera Tello, no han entregado los resultados de las auditorías. Mientras que la Fiscalía Regional de Justicia se mantiene apática para investigar y sancionar a los culpables.
Ahora el asunto da un vuelco, cuando un Juez ordenó, el pasado 30 de enero, al Ministerio Público que realizara las investigaciones pertinentes para resolver el caso, ya que a cuatro años de la denuncia los fiscales no tienen la averiguación terminada y esta se mantiene intocable, debido a la inoperatividad de la Fiscalía.
Como se recordará, durante la administración de Juan Carlos Campos Ponce se desviaron y desaparecieron cuatro millones de pesos, que fueron retirados de los sueldos de los trabajadores municipales, como cuota para su seguridad social en el ISSSTE. Ante este hecho, Campos Ponce y el ex director de SAPAS fueron denunciados penalmente por el delito de peculado por los empleados del SUEM.
A pesar de que los descuentos se hacían vía nómina, estos nunca fueron entregados y la atención médica les fue negada. En ese entonces Suárez Bautista dijo que se había hecho un acuerdo entre el SAPAS y el ayuntamiento para que fuera el presidente el que pagara las cuotas en el ISSSTE a cambio de condonar un adeudo millonario con el sistema operador de agua potable.
Sin embargo, ni una de las dos partes aclaró donde quedó el dinero de los descuentos vía nómina. En su momento, la líder del sindicato mayoritario del Ayuntamiento, Rocío Esther Vargas Gómez, dijo que el descuento de las cuotas del ISSSTE se hizo puntual, para todos los trabajadores del SAPAS cada quincena.
El adeudo llegó a los cuatro millones de pesos; ya que, durante toda la administración de Juan Carlos Campos nunca fueron pagadas las asignaciones al ISSSTE, que correspondían a 104.73 pesos por empleado municipal.
A cuatro años de haberse presentado la denuncia, la Fiscalía Regional de Justicia reconoció que la carpeta de investigación no cuenta con los datos necesarios para hacer una vinculación a proceso, ni hay fecha para el ejercicio de la acción en contra de los responsables, por lo que se reservaba esta parte.
Ante ello, el Juez los emplazó para que exigieran a los involucrados en este tema que entreguen las pruebas y los resultados de las auditorías realizadas a la administración de Juan Carlos Campos Ponce. Así como el ex tesorero, Alfredo Kury, tendrá que rendir declaración como testigo del desvío de recursos.
Pero también emplazó al Agente del Ministerio Público, para que le exija al presidente municipal en funciones que entregue las copias certificadas en el plazo determinado, y sentenció que, de no hacerlo, se utilice la fuerza pública para que sea arrestado.
Serán ocho actos de investigación para que se dé avance a la indagatoria, ya que el Juzgador consideró que el lapso para investigar y castigar el desvío de recursos lleva demasiado tiempo, violentando el artículo 21 de la Constitución. Agregó que si insisten en no darle solución a esta denuncia, girará las instrucciones pertinentes para que el Fiscal Regional y los Ministerios Públicos involucrados en el tema sean removidos de su cargo.