Por la buena o por la mala

Los anuncios de obras o nuevos comercios generalmente vienen acompañados de celebraciones, aplausos o simples aprobaciones, significan la probable consolidación de un gobierno o un funcionario en cierto puesto. Pero en ocasiones la población no está del todo satisfecha o de acuerdo con lo que las obras pretenden y aunque algunas veces los diálogos disipan los desencuentros, en otras no queda más que aplicar medidas que llegan a lo insospechado.

La sordera

En la segunda mitad del 2014 se había iniciado la adecuación de un edificio en la Avenida Hidalgo, frente al Mercado Principal Melchor Ocampo, para lo que parecería un establecimiento amplio, que con el tiempo se supo que sería una tienda de la cadena Chedraui, un establecimiento que para los comerciantes representaba un detrimento a sus ventas, ante lo cual mostraron su inconformidad en manifestaciones.

Posteriormente tuvieron acercamientos con las autoridades del ayuntamiento, en ese entonces encabezado por Juan Carlos Campos Ponce, y se les había aseverado que no se otorgaría la licencia de funcionamiento al establecimiento. Incluso a inicios de 2015, por parte de la tienda tuvieron el ofrecimiento de Chedraui de darles un millón y medio de pesos a cambio de su “permiso” para la apertura, oferta que fue rechazada por los comerciantes.

Pero aún sobre los dichos de los representantes del gobierno municipal, para el 1 de abril se otorgaría la licencia para la apertura del lugar, situación que llevaría a manifestaciones de serio descontento por parte de los locatarios del Melchor Ocampo. Pero además incurría en ilegalidades, pues la Ley de Mercados señala que no se pueden abrir en el primer cuadro de la ciudad comercios que superen los 750 metros cuadrados de superficie, y Chedraui rebasa por mucho tal extensión, por lo que también se iniciarían procesos ante los juzgados.

Aún con estas situaciones, para el 16 de abril la tienda, de cadena nacional, abrió sus puertas y como respuesta diferentes dependencias municipales fueron tomadas. Sin embargo, tras casi un año, la tienda continúa con sus operaciones. Ni promesas a los comerciantes, ni ilegalidades, detuvieron un interés económico, del cual se llegó a mencionar que el ex alcalde, ahora investigado, Juan Carlos Campos Ponce, había recibido algún tajo.

A la mala y con abuso

En 2012 se inició la edificación de una carretera  que uniría a Pátzcuaro con el Lago de Cuitzeo y que se le denomina Libramiento Poniente de Morelia, un proyecto de cuatro mil 600 millones de pesos, cuya primera mitad fue puesta en marcha hace poco menos de un año. De esta obra se ha resaltado que reduce en 20 minutos un recorrido desde Pátzcuaro hasta Morelia y el ahorro de tiempo será aún mayor en un recorrido desde Pátzcuaro hasta el Lago de Cuiteo, pues se evitaría el paso por la capital michoacana.

Pero detrás de todas sus bondades, esta obra esconde descontentos sociales y hasta detenciones arbitrarias, como se daría a conocer en el periódico Cambio de Michoacán el pasado 5 de enero; pues en la comunidad de Cotzurio, separada de la capital michoacana por el cerro del Quinceo, las autoridades y los constructores de esta obra le “doblarían la mano” a campesinos del lugar para que les permitieran trabajar sin vigilancia en esta obra.

Fue un grupo de doce habitantes de la comunidad de Cotzurio quienes fueron detenidos, el 18 de diciembre de 2015, el haber exigido la construcción de un puente para acceder a 67 hectáreas de tierras ejidales, fue lo que les llevó a pisar las instalaciones de procuración de justicia.

El tramo del libramiento poniente, que comunicará la tenencia moreliana de Capula hasta el municipio de Chucandiro, a las orillas del Lago de Cuitzeo, donde se conectará con la autopista federal México-Guadalajara, está en fase de construcción y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que está a cargo del proyecto, había informado que su edificación se lleva sin contratiempo alguno.

Pero se suscitó una problemática suscitada a fines de 2015, con habitantes de la comunidad de Cotzurio, debido al incumplimiento en la edificación de puentes infra viales para acceder a 67 hectáreas de tierras ejidales, versión que fue confirmada de voz de las propias autoridades comisariales de la comunidad.

El comisario ejidal Ascensión Ruiz detalló que para la construcción de la carretera a través de las tierras pertenecientes, al inicio de las obras se había pactado la edificación de un puente por debajo de la autopista, para permitir a los ejidatarios el acceso a sus tierras. El comisario ejidal se había mantenido atento, pero estas no se ejecutaban, y el 18 de diciembre de 2015 un grupo de ejidatarios acudió a revisar los avances, ya que uno de los propios trabajadores de la obra se los indicó.

Al estar en el lugar, un ingeniero, a quien sólo identifican como Félix, les indicó que no se haría el puente y que el paso donde tendría que edificarse sería rellenado, con lo cual los campesinos se mostraron en desacuerdo y ante la reacción les señalaron que para una negociación debían esperar la llegada de más personal de la empresa. En su interés los ejidatarios permanecieron en el lugar, pero cerca de una hora y media después arribaron elementos policiacos.

Los oficiales, que contrario a los estatutos constitucionales, no se identificaron plenamente, les informaron que dos personas, habitantes de otra comunidad cercana, habían bloqueado la vialidad en construcción impidiendo los trabajos y por ello tenían órdenes de detenerlos y se había reportado el hecho que en ese día se suscitó con los ejidatarios de Cotzurio.

A los ejidatarios les habían indicado que el comisario ejidal iría detenido y los demás que habían acudido podían ir en calidad de testigos, pero al estar en las instalaciones de la procuraduría doce personas fueron detenidas. Después de negociaciones, que incluyeron un convenio en el que se les prohibía acercarse a las obras de la carretera, además de dar disculpas a la empresa, los campesinos fueron liberados. Situación que les llevó un gasto de al menos 80 mil pesos en asesoría legal.

Se les había acusado de parar el tráfico de vehículos de la constructora, así como la obra y de portar armas largas. Pero además, después de este episodio, denunciaron el deterioro de sus antiguas vialidades por el paso de vehículos para llevar material para la construcción de la nueva autopista.

Añadieron también que para la construcción de la carretera a través de las tierras pertenecientes al ejido de Contzurio, además del terreno ya pactado para la obra, la empresa constructora se apropió de 20 metros más a lo largo de 200 metros, “y ese terreno no lo pagaron (…), al último los compañeros dijeron que por dejarlos trabajar ya quedara la cosa así”.

Bajo condición de ser libre

También en Morelia, se construye la que ha sido señalada como la obra más costosa del país en este momento, llamada Ramal Camelinas, que es un tramo del nuevo Libramiento Su, del que ya se ha hablado en El Despertar, pero que además de su controversia por las consecuencias al medio ambiente y las ilegalidades en su construcción, también ha tenido episodios de imposición.

Los mismos propietarios del ejido conocido como El Rincón, habían promovido un Amparo, debido a que la cerca que resguardaba sus predios había sido violentada, para que por el lugar pasaran vehículos que transportan material para la obra del Ramal Camelinas. Si bien es cierto que se había expropiado terreno para ese fin, sin algún aviso, el camino fue desviado e invadió los terrenos de los ejidatarios, por lo que estos, en oposición, impidieron el paso de los vehículos y la respuesta de constructores, propietarios de terrenos aledaños y autoridad, fue que decidieron denunciarles, lo que llevó a su detención.

La detención se dio el 4 de diciembre de 2015  y después de permanecer detenidos por dos días y con el amago de ser procesados por los delitos de despojo y ataques a las vías de comunicación, once ejidatarios se vieron obligados a signar un convenio que concede la servidumbre de paso por sus tierras en esta zona de la ciudad. Los propietarios del predio ejidal tuvieron que dejar pasar los vehículos a través de sus propiedades, pese a que una sentencia federal señalaba lo contrario.

El convenio signado para que los ejidatarios y las otras tres personas obtuvieran su libertad fue firmado por ellos, así como por Eduardo Mier, propietario de los terrenos de la zona donde se construye la obra y personal del área jurídica del gobierno municipal, instancia que en múltiples ocasiones  había dicho no tener nada que ver con la edificación de esta obra, pero que sí intercedió para este convenio, donde se condicionaba a los ejidatarios a perder su libertad si no signaban.

 

Estos son solo tres ejemplos recientes de las imposiciones que se llegan a dar a la ciudadanía, con intereses aun ocultos o con poca claridad, que se esconden bajo el cobijo del “progreso” y el “bienestar”, dejando de lado el real consenso y respeto a la ley o las personas. Siendo estos solo casos que han podido salir a la luz, pues en otros puntos de la geografía michoacana más situaciones similares son constantes, pero no denunciadas ante la opinión púb

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