SINOPSIS POLITCA 1170

EL PODERIO ORIHUELA
El arrollador poderío de la Dinastía Orihuela, concretamente del Senador J Ascensión Orihuela Bárcenas, nuevamente quedó de manifiesto, al agandallarse para si las dos fórmulas de su partido (PRI) al Senado de la república, dejando su escaño en la Cámara Alta, para ir por dos.
La imposición de su sobrino Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela y de Xóchitl Gabriela Ruiz González, colaboradora de Orihuela al frente de la CNOP en Michoacán, ambos incondicionales al servicio de J. Chon, provocó malestar en las filas tricolores, particularmente en quienes quedaron excluidos en la carrera por la Senaduría y que ven en dicha representación popular un escalón para arribar a la gubernatura en tres años; no obstante, la “disciplina institucional” en el PRI es a prueba de agresiones y ultrajes, nada que la promesa de otro huesito no pueda calmar, aunque en lo corto amenazaran con “hacer vacío” a la campaña del sobrino del Senador y a su empleada.
Demostrándoles J. Chon la supremacía que mantiene en las esferas más altas, del gobierno y su partido. Por lo que, al final los frustrados precandidatos tendrán que rumiar su fracaso en silencio y sumarse a los trabajos del partido, aceptando las migajas, pues para rebelarse a las imposiciones, caprichos, herencias familiares y rescatar al partido de los monopolios caciquiles, se requiere despojarse de ambiciones patológicas, pero sobre todo tener algo de dignidad, que es de lo que más se carece en la clase política, de todos los partidos.
Pero más duro resultó para la mayoría de aspirantes, que solicitaron su registro como precandidatos, saber que fueron “reprobados”, sin conocer siquiera los criterios empleados para calificarlos; por ejemplo, de 29 aspirantes a diputados federales evaluados, sólo de 13 resultaron procedentes sus registros y 16 fueron rechazados o reprobados por las instancias de su partido. También fue “reprobada” o rechazada en su registro a Senadora, Ana Brasilia Espino Sandoval, ex Secretaria General del CDE, consejera nacional de su partido, con más de 28 años de trayectoria partidista y maestría en Ciencia Políticas, pero no logró aprobar los requerimientos de su partido (mejor Juan Carlos Campos Ponce y Joaquín Campos López consiguieron superar el proceso de escrutinio y evaluación, si es que lo hubo).
En Zitácuaro, tres aspirantes a disputar en la interna tricolor la candidatura a diputado federal se registraron: Rocío Santos De la Cruz, Santiago Blanco Nateras y Sonia Angélica Rivas Espitia, los dos primeros para su partido no superaron la evaluación, no obstante la primera haber sido diputada federal y el segundo alcalde, fueron descartados, quedando como precandidata única Rivas Espitia, quien, a decir de la Auditoria Superior de Michoacán, se encuentra inhabilitada para ocupar cargos públicos y de representación popular.
TOÑO INHABILITADO
Otro inhabilitado por la Auditoria Superior de Michoacán, es Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, a quien dicho órgano fiscalizador acusa de no solventar observaciones por cerca de 40 millones de pesos del erario público, cuando fungió como presidente municipal de Zitácuaro y además de la inhabilitación por tres años para ejercer empleos, cargos o comisiones en el servicio público, tendrá que reintegrar a las arcas municipales más de 12 millones de pesos.
De acuerdo a documentos oficiales, en poder de este medio de comunicación, la ASM le notificó la inhabilitación a Ixtlahuac cuatro días antes de acudir a solicitar su registro como aspirante al Senado. Pero, independientemente de los recursos legales que tiene para su defensa, ahora se harán las víctimas, los mártires, que lejos de aceptar que cada quien es responsable de sus actos y omisiones, cuyas consecuencias se deben acatar con hombría, comenzarán a buscar culpables externos a su propio libre albedrio, acusarán persecución política, culparán al gobernador, al titular de la ASM, imputarán cacería, argumentando que por ser Ixtlahuac un activo competitivo, que enfrentará al hermano del mandatario estatal, buscan inhabilitarlo por miedo; cuando en el PRD todavía no se definen esas posiciones y en el plan de alianzas y coaliciones seguramente García Conejo quede fuera y venga a competir al distrito de Zitácuaro, precisamente la posición que todavia ostenta el político inhabilitado.
Se lamentarán, cuestionando ¿Por qué a Ixtlahuac y no a Herrera? Otros, los desinformados, ignorantes o cómplices, se lanzarán con insultos, culpando a quienes sólo tienen el propósito de informar, como si los medios de comunicación o quienes trabajamos en ellos, hubiésemos obligado a las lacras a saquear el patrimonio público. Cuando la culpa directa es la excesiva ambición política de los imputados y responsabilidad de los partidos políticos que han permitido que sean postulados, a pesar de los antecedentes adversos que cargan.
Luego de este tropiezo de Ixtlahuac en su carrera política, seguramente se negarán los hechos y se desatarán fuertes campañas de odio contra los supuestos culpables de su inhabilitación, su mismo partido (PRI) incriminará a fuerzas externas, cuando el propio tricolor aceptó el registro como precandidato a Senador del malogrado aspirante, a pesar de que se le había notificado estar impedido para contender, por estar suspendidos sus derechos políticos, al corroborarse que desvió o no transparentó el ejercicio de alrededor de 40 millones de pesos de los zitacurenses.
Lo mismo que está sucediendo con Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela podría ocurrir con Juan Carlos Campos Ponce, a quien se le autorizó también su registro a pesar de que el Congreso del Estado decretó la procedencia de juicio político en su contra, lo que no se le ha notificado porque se ha estado amparando.
Y lejos de que estas acciones encaminadas a transparentar el ejercicio de los bienes públicos y sancionar a quienes abusen o se excedan en sus atribuciones en la función pública sea motivo de agrado popular, al ver que, aunque tarde la justicia puede alcanzar a los ladrones y erradicar la impunidad en el ámbito político… a muchos ciudadanos no se les entiende que es lo que quieren, anhelan que se aplique la ley, pero sólo en los de enfrente y dejar inmunes a aquellos con los que se simpatiza o se tiene compromiso. No conciben que la ley debe aplicarse sin distinción de persona, nada más a quien la ultraja.
Esto en verdad debe animarnos, pues aunque con demasiada lentitud, parece existir la intención de combatir la impunidad, ya que si para invitar a Toño Ixtlahauc a transparentar en que empleó esos casi 40 millones, tardaron alrededor de 5 años, significa que Juan Carlos Campos Ponce también podría ser castigado y perder la candidatura, en caso de conseguir la postulación…incluso la misma alcaldía, de resultar victorioso, y luego su partido acusaría a los encargados de investigar y sancionar las conductas perversas de los mandatarios y sus cómplices.
Ahora, es falso que a Juan Antonio se le haya dejado en estado de indefensión o que desconociera que se le seguía un proceso, pues desde hace años se le había venido notificando y exhortando para que solventara las observaciones, mismas que no logró desvanecer en tiempo y forma, emitiéndose en su perjuicio el fallo de la ASM, inhabilitándolo para ejercer empleos, cargos y comisiones en el servicio público.
Es evidente que en los políticos no hay honor, todo lo niegan y mienten con facilidad, pero al menos en la ciudadanía debe existir dignidad, para no permitir que sujetos sin escrúpulos lleguen al poder. La astucia, capacidad y habilidad que los defraudadores tienen para engatusar ingenuos es mucha, por ello el llamado de alerta, pues se trata de un asunto de sobrevivencia, no de fiesta “cívica”, como ellos pretenden hacer creer.
Pues algunos políticos delincuentes y ladrones posiblemente ya pactaron con agrupaciones criminales para conquistar electoramente ciertos municipios y devolverlos a los grupos armados, para que estos vuelvan a operar igual que cuando ellos en su momento gobernaban, no sólo dejándolos hacer y pasar (como el PRI critica, lo que sus alcaldes hacen), sometiéndose totalmente a la voluntad de los carteles, en tanto estos ultrajan a la ciudadanía, eliminado de facto todas la libertades de la población, haciéndola víctima de secuestros, extorsiones ejecuciones, viviendo las personas de bien en una paranoia permanente y esclavizados por el terror, que muchos han olvidado existió.
Lo anterior, sin incluir que el sólo hecho de permitir (el PRI) el registro de Juan Carlos Campos Ponce, es un violento insulto, una agresión sin nombre, no nada más a la militancia priista, si no a la inteligencia y dignidad de los zitacuarenses, por tratarse del delincuente confeso más ruin y voraz en la historia de este pueblo. Ahora que es bronca de ese partido, no fijarse a quienes postula y promover a criminales.

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