SINOPSIS POLITICA 1143

SEMANA DE ESCANDALOS

                                 Escándalo uno: LOS PATOS LE TIRAN A LAS ESCOPETAS

   El gobierno de Michoacán ha sido tan frágil, indolente y tolerante con la impunidad, que los mismos criminales han pasado de sentirse intocables a creerse inocentes y retan al propio Estado y autoridades menores a que los denuncien y demuestren que en verdad transgredieron las leyes.

   A dos ex alcaldes de Zitácuaro les dolió que el edil actual afirmara que “este gobierno no trabaja ni se asocia con delincuentes”, como sucedía en el pasado reciente.

   Como si el saco hubiese sido confeccionado a la medida, de inmediato respingaron, exigiendo que el munícipe Carlos Herrera presente las denuncias y pruebas respectivas de que durante los gobiernos anteriores al suyo hubo una asociación o connivencia con la delincuencia organizada (lo que Herrera Tello está obligado a hacer y se ha demorado).

   Juan Antonio Ixtlahuac calificó de irresponsable a Herrera, de no tener la mesura, ni la seriedad que obliga la investidura de edil. Que él, el ex presidente municipal priista, ha sido respetuoso del desempeño del mandatario en funciones, no obstante que este ha lanzado críticas a las administraciones que le antecedieron.

   Más cínico que su correligionario, Juan Carlos Campos Ponce asegura que no hay elementos para sostener que durante su gobierno hubo asociación o colusión con la delincuencia organizada y retó a Herrera que tenga el valor y acuda a las instancias adecuadas para presentar la denuncia y las pruebas correspondientes de sus acusaciones; de lo contrario, nada más “ratificará que sólo habla y habla, sin dar los resultados que espera la población del municipio…”

   Al respecto, serán los jueces quienes determinen el grado de complicidad, colusión y subordinación de los gobiernos municipales al crimen organizado. Pero de que se dio una estrecha vinculación entre los alcaldes y sus funcionarios con grupos delictivos, no existe ninguna duda.

   En ambos periodos, de Juan Antonio Ixtlahuac y Campos Ponce, las células delictivas asentadas en Zitácuaro se fortalecieron y expandieron. Lo que, sólo se explica si contaron con la colaboración (mínimo la omisión) de los gobiernos municipales, estatales y funcionarios federales.

   Para los que son de memoria corta y dignidad convenenciera, es pertinente recordar que los mismos policías municipales eran obligados por sus mandos a servir de escoltas, antenas, informantes y mandaderos de los jefes de plaza. Mientras sus elementos eran utilizados en levantones, los jefes policiacos alardeaban ser amigos de los cabecillas criminales, quienes a su vez construían relaciones de compadrazgos con políticos y “empresarios” de mayor nivel, incluidos familiares cercanos de los gobernantes. Esto a todos nos consta, pero hay algunos más des huevados que otros, que por comodidad o confabulación prefieren simular olvido.

   ¿Acaso ya olvidaron que la mayoría de zitacuarenses fueron obligados a pagar cuotas? ¿Qué los propietarios de la tienda más modesta, hasta las empresas más prosperas, vivían en la zozobra? Parece que ya nadie recuerda qué los criminales, armados y en caravana, transitaban libremente por la ciudad y convivían en la feria del pueblo y todo tipo de festejo, abiertamente con nuestras autoridades, quienes amenazaban con dicha amistad a todo aquel que no estuviera de acuerdo con ese servilismo o resultara incomodo a la tiranía del macabro binomio gobierno- crimen organizado.

   Claro que estuvieron (y tal vez lo siguen estando) coludidos hasta la médula gobierno y criminales; por ello la importancia de que se denuncie y se investigue, y que mejor que hay disposición de algunos ex alcaldes para someterse a dicho escrutinio policiaco. Aunque no exista confianza en los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, ya que son los mismos que toleraron las practicas perniciosas que se estarían investigando.

   Lo anterior, sin incluir que ya existen  denuncias previas por otros delitos, como enriquecimiento ilícito y peculado, a las que no se ha dado seguimiento en la Fiscalía Regional de Justicia. Tal vez están esperando el momento oportuno para archivarlas.

   Es imperativo que se profundice en las investigaciones y se transparenten las conductas, así como el recurso presupuestado y asignado al municipio, particularmente durante la administración de Juan Carlos Campos Ponce. Nada de borrón y cuenta nueva, se debe investigar, aclarar, deslindar, sancionar y recuperar el dinero robado y/o distraído de las arcas municipales y castigar los casos de corrupción de las administraciones pasadas, documentar sus vínculos con integrantes del crimen organizado, con los remanentes de estos y las consecuencias de sus actos, que en la actualidad todavía se padecen.

   Pero sobre todo combatir la corrupción, que en Michoacán se ha convertido un estilo de vida entre la clase política, en un método de operación cotidiana en la vida pública. Es alarmante el nivel de descomposición y preocupa sobremanera la imposibilidad de contener o revertir su crecimiento, al grado que los propios gobernantes y los responsables de procurar justicia, sean los principales fomentadores de prácticas deshonestas, por dinero.

   Hasta por conveniencia electorera resulta útil enviar a prisión a los corruptos, pues además de ser un eficiente distractor, impulsa popularmente a quien demuestra interés por combatir la impunidad. Ahí tenemos como ejemplo claro al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien ha crecido gracias a la persecución que emprendió contra Javier Duarte de Ochoa y su gavilla de forajidos, que fortaleciera aún más con el polémico desencuentro entre él y AMLO, al grado de pretender convertirse ya en aspirante presidencial.

   Escándalo dos: PARA EL GOBIERNO DE MICHOACÀN, LOS MALOS SON LAS VICTIMAS

    Hace dos semanas fue “levantado”, en la región de Tierra Caliente (Nueva Italia), el periodista Salvador Adame Pardo, quien meses antes había sido agredido, junto a su esposa, por la Policía Michoacán; además de ser uno de los críticos más férreos del gobierno municipal, en esa zona todavía convulsionada por el crimen organizado y donde algunos pobladores constantemente denuncian alianza de funcionarios de la PGJE con determinado grupo delictivo.

   Frente a la lamentable desaparición del comunicador, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, la misma que, a decir del gobernador, posee el grupo antisecuestros más eficiente del país, no ha podido dar con el paradero del periodista privado de la libertad. En cambio, ante la ineptitud o posible confabulación con los plagiarios, la Fiscalía ha pretendido criminalizar y denigrar a la víctima, argumentando que fue levantado por estar involucrado en lio de faldas. Cuando la prioridad es su localización y rescate, para trasparentar los hechos; no su vida privada, que pretenden imponer sobre su ejercicio periodístico.

   Obviamente nadie creyó la hipótesis de la Procuraduría Michoacana y se hizo necesaria la intervención del Sub Secretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien se hizo acompañar del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO, para aclarar que la principal línea de investigación para encontrar a Adame Pardo es su trabajo periodístico y sus opiniones en redes sociales, ya que la forma y el entorno en que se le privó de la libertad puede estar involucrada la delincuencia organizada.

   En este tema, las primeras actuaciones ministeriales debieron dirigirse hacia el gobierno municipal y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, interrogarlos e investigarlos; pero por organismos internacionales, no encomendar a los posibles verdugos la indagatoria del caso, pues con ellos jamás se transparentará, ni se llegará a la verdad. Ni con sus enlaces y contactos en el gobierno federal.

   No se debe desestimar que los presidentes municipales representan el eslabón más cercano a la ciudadanía; por lo que, se supone, tienen conocimiento pleno de lo que acontece en sus respectivas jurisdicciones, máxime en temas de carácter público y que les incumbe directamente. Además de ser una obligación Constitucional del Estado y municipios proveer seguridad a sus gobernados y proporcionar respeto irrestricto a las garantías individuales, como es la libertad de expresión, la manifestación libre de las ideas y difusión plena de opiniones.

                                                    TRAIDORES EN EL GABINETE DE AUREOLES

   Los últimos sucesos ratifican lo que se sospechaba: el gobernador Silvano Aureoles no sólo está rodeado de incompetentes, también de delincuentes (algunos por omisión) y traidores.

   Hace algunas semanas el mandatario Aureoles Conejo había exhortado a los 113 presidentes municipales a no dejarse seducir o engañar por organizaciones criminales para establecer pactos con ellos. Les advirtió que él tiene identificados los municipios donde los delincuentes están, quienes son y cuáles son sus contactos, y que, donde las pruebas confirmes los hechos y vínculos, actuará sin miramientos, sin distingo de partidos políticos, sin distingo de amistad o cercanía.

   También anunció que los controles de confianza serán más estrictos para los elementos de seguridad pública y de procuración de justicia, para evitar que las corporaciones policiacas otra vez sean cooptadas por la delincuencia y tengan, como gobierno, al enemigo adentro.

   Parece que no le creyeron o no le hacen caso, pues los grupos delictivos se reorganizan, crecen, se fortalecen y ganan terreno.

   A los pocos días del anuncio (ultimátum) del gobernador, sucedió la privación de la libertad de Salvador Adame Pardo, crítico del gobierno municipal y corporaciones policiacas estatales, en Nueva Italia, donde una de las líneas de investigación de la PGR es el crimen organizado, agrupación delictiva que ni la policía municipal, ni estatal, ni funcionario alguno perciben (se vuelven ciegos, sordos y hasta locos con el tema) y sin que las autoridades michoacanas hayan demostrado capacidad para esclarecer el ilícito, pero si para infamar.

   Después, el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán declaró que otra agrupación de hombres armados, que opera en EDOMEX, incursiona a tierras michoacanas por parajes del municipio de Tiquicheo, territorio que pertenece al distrito que como diputado local él mismo representa. Pero en lugar de actuar para inhibir el ingreso a Michoacán de los maleantes, el jefe policiaco hizo el anuncio para prevenirlos, y ayer (viernes) una patrulla de la Policía Michoacán, que él comanda, fue agredida por hombres armados en una comunidad del municipio de Tuzantla.

   Resulta obvio que los restos de algunos grupos delictivos se reorganizan para fortalecerse y otros están ingresando al Estado. Todos buscan expandirse y controlar. Si esto sucede se volverán imparables y de nueva cuenta estaremos esclavizados a sus criminales caprichos, se perderán libertades, patrimonios legítimos (productos del esfuerzo) y vidas humanas.

   Mientras el peor azote de los michoacanos, después de la corrupción gubernamental, avanza en la recuperación de territorios; alcaldes, funcionarios municipales y estatales se ocupan en su futuro político y próximas candidaturas. En tanto la sociedad parece olvidar el atroz yugo que nos oprimía, cuando en Michoacán y sus municipios los que mandaban eran los “jefes de plaza”, y cuestionan las acciones del gobierno por mantener la gobernabilidad. A pesar del desastre financiero heredado por esas administraciones del pasado, que hoy se indignan, pero que dejaron las arcas sin dinero, ni para pagar la nómina de los empleados, que marchan, toman oficinas y se manifiestan inconformes ante la falta de liquidez para sufragar sus salarios.

   Algunos inconscientes ubican al gobierno del estado y municipio en el mismo nivel de los delincuentes confesos que los antecedieron. No reconocen el esfuerzo por no ceder a la seducción, chantaje, amenazas y todo tipo de presiones que los otros no toleraron y cayeron rendidos a los pies de los criminales, y les fue muy bien, se aliaron para reprimir a la sociedad, que dócilmente se sometió a sus tufos, los dejaron “gobernar” a placer, saquearon, se enriquecieron, ultrajaron y permanecen intocables.