SINOPSIS POLITICA 1161

ANARQUIA GUBERNAMENTAL
El término anarquía significa ausencia de poder público y representa una situación de descontrol, en la que el Estado se debilita y no puede ejercer el monopolio del uso de la fuerza. La anarquía se ocasiona cuando no existe nadie que tenga la capacidad de liderazgo suficiente para conseguir reestablecer el orden a través de la aplicación irrestricta de la ley. Es decir, el gobierno no logra imponer la ley sobre su territorio porque está teniendo un desorden político, un conflicto institucional o una crisis social. Muchas veces los ciudadanos incluso repudian el poder o autoridad del gobierno en cuestión, lo que lleva al caos.
En la región oriente son diversos los acontecimientos que se han suscitado recientemente, que manifiestan omisión y negligencia en la aplicación de la ley, provocando desesperación en la población y ridiculizando a integrantes del poder ejecutivo, al dar muestras fehacientes de la anarquía que impera al interior de las dependencias gubernamentales, que provocarían desacato, desobediencia civil y caos.
Es una realidad la falta de liquidez en las finanzas del estado, causadas por la monstruosa voracidad de los gobernantes anteriores (del PRI y PRD), que saquearon de manera despreciable las arcas públicas. La falta de dinero a impedido se cumpla de manera cabal y puntual los compromisos salariales con trabajadores al servicio del estado, tanto del poder ejecutivo, legislativo como judicial; entre ellos del sector educativo y salud, que al recibir incompletos o tardíos sus emolumentos realizan manifestaciones de protesta, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones del Estado y el respeto a su derechos laborales. Requiriendo además materiales, equipo, herramientas e instrumentos para realizar sus trabajos.
La escasez de dinero provoca también incumplimiento de compromisos con comunidades y grupos organizados, quienes al sentirse burlados se movilizan para reclamar respeto. Todas estas acciones de inconformidad pueden considerarse dentro de lo normal. Además de tratarse de temas (la falta de dinero por el hurto de administraciones anteriores), que están fuera del alcance del ejecutivo estatal directamente, ya que compete a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, a la SHCP, incluso a la PGR, resolver ese asunto…y con la detención del zitacuarense Luis Miranda, ex Secretario de Finanzas en el gobierno Fausto Vallejo Figueroa, el viernes pasado, parece indicar que se aplicará la ley para resarcir los daños causados al patrimonio estatal.
Aunque la aprehensión del ex colaborador cercano de Vallejo Figueroa podría confundirse con persecución política, incentivada por la supuesta rebelión del ex gobernador, que a cuestionado acremente al presidente de la república y a las dirigencias (estatal y nacional) de su partido, percibiéndosele con un pie en MORENA, a pesar de las visibles alianzas de su retoño con cabecillas del crimen organizado y no obstante el tráfico de influencias y la condescendía del ejecutivo nacional para que el joven infractor gozara de privilegios que lo mantienen aun en libertad. Al rato también se asumirán víctimas, como alegan los ladrones del PT, cuando se les descubrió que son corruptos. Ahora asegura su dueño, Alberto Anaya Gutiérrez, que se les persigue y enloda nada más por que apoyan a AMLO, no porque se hayan robado más de cien millones de pesos.
Bueno, las protestas por incumplimiento del gobierno de Michoacán, insisto, son normales, algunas hasta justas y honestas; estas, con atender, escuchar y dialogar con los inconformes, explicándoles las causas y presentándoles respuestas alternas de solución, se desvanecen. Pero dichos descontentos deben atenderse antes de que estallen, estar atentos al sentir de la ciudadanía, saber que les aqueja, dialogar con ellos y disuadirlos de posibles futuros brotes de inconformidad. Evitar a tiempo que el malestar estalle. Eso es operación política, no andar viendo cómo se perjudica o se obstruye la carrera del propio compañero, buscando reflectores o de dama de compañía del gobernador.
DESACATAN Y RIDICULIZAN A LOS PODERES LEGALMENTE INSTITUIDOS
Sin embargo no se descarta que algunos movimientos sean financiados, auspiciados o liderados por vividores que buscan canonjías económicas (como aquellas minutas por quinientos millones de pesos que recibían los dirigentes de la CNTE para no realizar actos de presión a los gobiernos estatales, desde Lázaro Cárdenas Batel hasta Fausto Vallejo). Tampoco se suprime la intromisión, tras los actos de protesta, de políticos resentidos y perversos, que pretenden retornar al poder o conservar sus espacios de dominio, empleando la confabulación, la mentira y la calumnia, infiltrando y manipulando desde supuestas organizaciones ciudadanas y sindicales, pasando por partidos políticos aparentemente opositores, hasta llegar a funcionarios estatales y municipales. Con mayor razón a empleados de delegaciones federales.
Al respecto, hay casos que pudieran usarse como pretexto, bajo el argumento de estar fuera de la jurisdicción estatal, para intentar disfrazar la ineptitud o complicidad, pero la mayoría de aberraciones cometidas por funcionarios estatales compete directamente al gobierno del estado investigarlas y sancionarlas, y al no hacerlo, exhiben al poder ejecutivo, exponiéndolo al escarnio social, sólo por la insolvencia técnica, pero sobre todo moral, de sus colaboradores.
Por ejemplo, mucho ha trascendido la operación de una asociación delictiva denominada la “Dirección”, misma que es integrada por mandos policiacos estatales y federales, así como ministerios públicos. Agrupación dedicada principalmente a la extorsión, cohecho y “cobro de cuotas” para permitir la práctica de conductas delictivas. Se coordinan para robar y posteriormente repartirse el botín. Lo extraño es que funcionarios estatales consientan la operación de este tipo de organizaciones delictivas, a pesar de estar infiltrada por políticos locales, a través de ministerios públicos que durante décadas han estado a su servicio y permitir, además, que mandos policiacos y funcionarios de la procuraduría michoacana sean utilizados por los mismos personajes.
A lo anterior, se suma el hecho de las órdenes directas que el gobernador ha dado y no se han acatado, como reunir elementos de prueba contundentes para acreditar la responsabilidad penal de ciertos alcaldes en funciones que se han excedido en las mismas; pero en la Fiscalía Regional de Justicia no ha existido la capacidad, ni la voluntad, para cumplir el mandato y resolver.
Tampoco atendieron con diligencia la exigencia del ejecutivo para remediar el asunto de la tala clandestina y el ilegal cambio de uso de suelo en el Cerro El Cacique, concretamente en la comunidad de El Aguacate, ni se avocaron a judicializar la violencia que padeció un grupo de pobladores que acudieron a reforestar una huerta de aguacate que días antes había sido desmantelada, cuando los poseedores los encañonaron con armas de fuego y lanzaron disparos, lesionando a un parroquiano a cachazos.
Como ningún funcionario actuó al respecto, los infractores (los mismos u otros), se crecieron y ahora han amenazado de muerte a las autoridades de la comunidad.
COLAPSADA LA PROCURACION DE JUSTICIA EN LA REGION
Pero esos, donde el titular del ejecutivo de manera personal ha girado instrucciones, no son los únicos asuntos sin solución en materia de procuración de justicia. Ahí nada se resuelve, cuando mucho sólo se atienden los casos de flagrancia, donde los infractores, a pesar de las evidencias de sus conductas delictivas, sin esfuerzo lograr la absolución y la libertad, por cometer la policía y ministerios públicos irregularidades (intencionales o por impericia) en la detención.
Por lo que, ante la ineptitud para dar trámite y salida a las diversas carpetas de investigación, seguramente debe existir un rezago contabilizado en miles de caso sin judicializar y la misma cantidad de delincuentes libres, engrandecidos y causando daño a la sociedad, sólo por la ineptitud e incompetencia de los servidores públicos de dicha dependencia, lo cual también representa un acto de corrupción: desempeñar una función pública sin tener la aptitud para hacerlo y no devengar el salario que se les propociona.
DESAPARICIONES FORZADAS EN ZITACUARO
Pero lo más grave no son las extorsiones de las corporaciones policiacas, ni siquiera su torpeza y complicidad con bandas de delincuentes, que generan impunidad e incremento de los índices delictivos; lo delicado ahora, es la nueva “modalidad” que las mismas autoridades policiacas están operando: “Las desapariciones forzadas”.
Primero fue el menor infractor, que luego de asaltar una tienda de celulares y robar una tableta, lesionó de muerte a un trabajador que lo persiguió. El joven asaltante fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Regional de Justicia, de cuyas instalaciones supuestamente se fugó. Versión que obviamente nadie creyó. Surgiendo la hipótesis de que el joven “compró su libertad”, sobornando a las autoridades; incluso, hay quienes han divulgado el rumor de que sería asesinado por los propios policías ministeriales, a quienes se les pudo “pasar la mano” al momento de “interrogarlo”, como se “presume” sucedió con dos personas en barandilla. Cualquiera de los tres supuestos, evidenciaría la realidad que predomina en la Fiscalía Regional de Justicia.
Sin embargo, lo exasperante, es que todos han guardado silencio en torno al caso de la inaudita fuga o “desaparición” del detenido. Pero, irrita más aun, que no ha habido información oficial de la fuga, no existe al día de hoy un posicionamiento de la Fiscalía Regional de Justicia, ni del gobierno del estado, que aclare qué fue lo que realmente pasó y evite el incremento de rumores.
Otro tema no menos escabroso, es la cantidad de mentiras que envuelven el asunto de los cuatro policías (tres hombres y una mujer), que según la dirección de seguridad pública municipal de Zitácuaro, se fueron a capacitar y de ahí desertaron o huyeron. Pues hay indicios que establecen que fueron detenidos, y tal vez sean objeto de alguna investigación criminal, pero para ello se deben apegar a los protocolos del Nuevo Sistema Penal, de lo contario estarían contribuyendo a que los imputados consigan la libertad, aun siendo responsables de los ilícitos que se les atribuyen.

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