Corrupción e impunidad

Corrupción e impunidad

P. Agustín Celis

Hablar de corrupción, es hablar de un tema por demás complicado, porque es un tema que está muy relacionado con la pérdida de valores y que implica a toda la sociedad. En ocasiones pensamos en corrupción y pensamos en política. Sin embargo, también encontramos corrupción en la familia, en las escuelas y en los lugares que menos esperamos una situación así.

Por otro lado, somos conscientes del disimulo y tolerancia con la corrupción, por parte de algunas autoridades responsables de la procuración, impartición y ejecución de la justicia en este rubro.  Esto tiene como efecto la impunidad, las deficiencias en la administración de justicia por incapacidad, irresponsabilidad o corrupción. Y si no hay justicia, se puede delinquir con mayor facilidad.

La corrupción es una forma de violencia que, al inocularse en las estructu­ras donde se ofrece algún servicio público, se transforma en delincuencia organizada, ya que de manera descarada se impone la mordida, como condición a los ciuda­danos para recibir un beneficio o servicio gratuito.

Este tipo de delincuen­cia se defiende a sí misma de manera violenta, llegando incluso a generar muertes para ocultarla y el desprecio, difamación y aislamiento de los fun­cionarios que no participan en este ilícito. El combate a la corrupción es contradictorio, pues las contralorías no son autónomas en su toma de deci­siones y caen en la complicidad. Esta situación de corrupción instituciona­lizada hace sentir la necesidad de autonomía en la procuración de justicia.

Hay factores que contribuyen a la corrupción provocada por la ineficiencia en nuestros sistemas de justicia,  las estructuras sociales se han deteriorado por la corrupción, la impunidad y el autoritarismo. Es urgente superar definitivamente la anti­cultura del fraude; de los privilegios de unos cuantos y consolidar procesos e instituciones que permitan la representación de toda la sociedad, a través de métodos transparentes y de autoridades legítimamente elegidas a las que la ciudadanía les pueda pedir cuentas de su actuar.

La seguridad de los ciudadanos es tarea del Estado. Si entendemos la se­guridad ciudadana como la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza, de violencia o despojo intencional por parte de otros, el Estado debería entonces urgir su función en beneficio de los ciudadanos en estos rubros y así combatir la corrupción. Es un tema que seguiremos profundizando en otras publicaciones.

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