Al descubierto graves deficiencias en la Fiscalía Regional de Justicia

H Zitácuaro Mich.- El asesinato de un menor, cuyo cuerpo fue abandonado en una casa deshabitada en la colonia Lomas de Oriente de esta ciudad, ilícito que le fue imputado a su padre, quien fue detenido como principal sospechoso. Ha evidenciado graves deficiencias en la actuación de los agentes investigadores de la Fiscalía Regional de Justicia, consistentes en fallas en labores de averiguación criminológica, falsedades en la integración de la carpeta de investigación y probable “siembra” de evidencias para inculpar al imputado. Inconsistencias que determinaron se decretara la libertad del detenido.

Como es del dominio público, ya que fue ampliamente difundido por los diversos medios de comunicación, el 21 de junio un menor de ocho años de edad fue reportado como desaparecido en “Pueblo Nuevo”. El día 23 del mismo mes su madre reportó a la autoridades el extravío de la pequeña víctima, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y en estado de descomposición el primero de julio; por lo que el padre del menor fue detenido ese mismo día (primero de julio), a las 14 horas, según la Fiscalía Regional de Justicia, que argumentó “caso urgente”, para justificar la detención del imputado.

Al respecto la legislación establece que solamente en casos de flagrancia, haberse decretado orden de aprehensión o en caso urgente podrá limitarse el derecho a la libertad de las personas. Precisamente el “caso urgente”, fue el que esgrimió el ministerio público para justificar la detención del padre del menor (presuntamente) asesinado, pues la ley faculta al ministerio público a que “solo en casos urgentes podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona”, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:

1. Que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y exista la posibilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión.
2. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia.
3. Que por la razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda acudir ante la autoridad judicial o que, de hacerlo, el imputado pueda evadirse.

De acuerdo a la ley, solo el primer supuesto se estaría cumpliendo, pues el código penal de Michoacán considera como grave el homicidio doloso de menor de edad en razón de parentesco. Sin embargo, a criterio del juzgador, no se encuentran datos que justifiquen la probabilidad de que el imputado cometió el homicidio, pues el Ministerio Público nada más presentó como prueba dos camisas, tallas X (grande) y XL (extra grande), que según la madre del menor fallecido pertenecen a su ex esposo, presunto responsable del ilícito y que fueron localizadas en el lugar en el que se encontró el cuerpo de la victima; pero que, de acuerdo al juzgador, el imputado es de talla mediana.

Otra evidencia aportada por los investigadores de la Fiscalía, para justificar la detención del imputado, es una credencial de elector, localizada –según ellos- entre las camisas. Fuera de lo anterior, no se cuenta con algún otro dato de prueba, que pudiera incriminar al imputado como probable responsable. En cuanto a la credencial de elector, presuntamente encontrada entre las camisas, en el lugar en el que fue localizado el cadáver del infante, el imputado (hoy en libertad), afirma que dicho instrumento de identidad le fue despojado por los propios policías ministeriales, cuando llegó a las instalaciones de la Fiscalía en busca de un abogado que le ayudaría a localizar a su hijo y se identificó con la credencial de elector. Testimonios de otras personas, coinciden con la versión del entonces detenido.

Luego de ser requerido el padre del menor –según su dicho y el de un hermano suyo- fue sometido a tortura física y mental, siendo sujeto a golpes, amenazas e insultos para que se declarara culpable del asesinato de su hijo.

El juzgador tampoco encontró, entre las evidencias presentadas por el Ministerio Público, riesgo de sustracción a la acción de la justicia, pues no se aportaron datos objetivos que así lo corroboren.

El Ministerio Público violentó también las formalidades esenciales del debido proceso, pues tardó casi de 48 horas para poner a disposición del órgano jurisdiccional al detenido, quien debió ser puesto de inmediato a disposición del juez; pues la privación de la libertad es excepcional, por lo que el Ministerio Público tiene la obligación de acreditar su actuar y en el presente caso no lo hizo.

Se reprocha al Ministerio Público que haya realizado investigaciones posteriores a la detención, pues debió contar con datos suficientes que  establecieran la detención de caso urgente, “no detener para investigar, si no investigar para detener; por lo tanto se declara la nulidad, por haber  sido obtenidos por violación a derechos humanos, raíz de la detención del imputado”. Por tal razón el juez ordenó la libertad de José Fernando Domínguez Segundo, facultando al Ministerio Público para que siga investigando en relación a los hechos y solicitar lo que considere en su oportunidad al órgano jurisdiccional.

Ordenándose dar vista al Procurador de Justicia del Estado de Michoacán, sobre la violación al derecho humano de libertad del imputado José Fernando Domínguez Segundo, por no haberse acreditado el caso urgente y haber sido retenido por el Agente del Ministerio Publico, por casi 48 horas, sin que se pusiera de inmediato y sin demora al imputado ante el órgano jurisdiccional.

También se dio vista al Ministerio Público, toda vez que el imputado manifestó haber tenido actos de tortura o malos tratos, fue golpeado y amenazado para que se auto incriminara, por parte de policías ministeriales de la Procuraduría Regional de Zitácuaro, Michoacán.

La anterior no es la única imputación de ilícitos que se adjudica a elementos de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro. Durante la pasada administración gubernamental, pero con los mismos Fiscales y mando policiales, era común la práctica de secuestros, extorsiones y cobro de cuotas, en la actualidad los elementos policiacos se han visto involucrados con bandas de asaltantes. Un hecho reciente es el robo de varias toneladas de maíz, cuyos presuntos infractores y algunas personas ajenas al suceso, han sido extorsionados por policías ministeriales.