Alcaldías, entre decepción, corrupción y engaño

Constantemente los presidentes municipales resaltan a los municipios como el gobierno más cercano a la ciudadanía, al ser el que se encarga de buena parte de los servicios públicos y trámites básicos. Sin embargo, los episodios oscuros recientemente han dejado en entredicho el papel de cercanía con la ciudadanía de los gobiernos locales.

                                                                             Premios pagados

Con la renovación de las alcaldías en Michoacán, el gobierno municipal que más ha tenido la atención sobre si, no sólo por su importancia, sino por el origen “independiente” de su titular, es Morelia.

Alfonso Martínez Alcázar arribó a la presidencia municipal de la capital michoacana ondeando la bandera de no pertenecer a ningún partido político, esa misma que le hizo acreedor a la mayoría de votos de los morelianos, que le eligieron bajo la promesa de tener un gobierno “diferente”.

Pero los hechos han dejado que desear, entre una reingeniería gubernamental que no termina por dar resultados palpables, acciones sin consultar a la ciudadanía como las controversiales fotomultas o su aval a la obra del Libramiento Sur de Morelia, ya han mermado la imagen del edil.

A estos hechos, se añade uno más reciente y controversial, que es la recepción del premio Tonantzin por parte de su esposa Paola Delgadillo. El premio supuestamente se le entregó debido a su desempeño en la dependencia que preside.

El premio se otorga por parte del el “Instituto Mejores Gobernantes”, en base a una supuesta encuesta a 400 Morelianos (muestra que no representa siquiera un .5 por ciento de la población de Morelia) y monitoreo de medios de comunicación.

Boletines por parte del área de comunicación social presumieron el galardón y el significado de este para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero omitieron otra parte importante.

Este premio se otorga a funcionarios que son propuestos incluso desde el sitio web de la organización otorgante; es decir, cualquier persona puede postular a quien sea servidor, pero además para poder recibirlo se tiene que hacer un pago de 17 mil pesos como concepto de “aportación económica”.

El “reconocimiento” ha sido varias veces señalado como un “premio patito”, al tener que hacerse un pago para recibirse. Entre los que ya lo han recibido en Michoacán está Juan Carlos Orihuela Tello, el exdiputado que se vio envuelto en jaloneos para contender por la presidencia municipal de Zitácuaro.

Un premio pagado, con directrices de otorgamiento poco sólidas, es presumido por la titular del DIF Morelia, y se debe resaltar que a dos reporteros morelianos, que señalaron sobre este pago al abordar este premio en sus respectivos medios, fueron retirados de la cobertura del ayuntamiento local, ¿coincidencia?

Ni las acciones ni los resultados y mucho menos la opinión pública podrían avalar a Martínez Alcázar como un presidente “diferente”, muchos de los que le confiaron el voto se dicen arrepentidos.

                                                         Capaces hasta de inventar firmas

Ya en El Despertar habíamos documentado el paso de la comunidad de Pichataro para independizarse económicamente de Tingambato, el municipio al que pertenece de acuerdo a la división geográfica michoacana.

Los inadecuados manejos en el presupuesto llevaron a que esta comunidad luchara por tener decisión propia, sobre la aplicación de la parte proporcional del presupuesto municipal que les corresponde.

Tras el fallo favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la demanda en la que los comuneros argumentaron el Derecho al autogobierno de las comunidades indígenas, el Instituto Electoral de Michoacán tuvo que realizar una consulta ciudadana sobre el destino de los recursos.

Pero después de ese histórico ejercicio democrático, que además fue validado por los consejeros del IEM, el Ayuntamiento de Tingambato y el alcalde Maximiliano Villanueva orquestaron las impugnaciones en contra de la consulta suplantando la identidad de habitantes del lugar y falsificando sus firmas.

Dentro de los cinco juicios promovidos en contra la validez de esa consulta, los comuneros y sus asesores legales encontraron que el 40 por ciento de las firmas fueron manipuladas, ya que se trata de gente que apoya el proceso consultivo, pero se falsificó su firma.

¿Cómo llevaron a cabo este oscuro movimiento de falsificación de documentos? El Ayuntamiento contaba con copias de sus credenciales de elector, debido a que en mayo pasado se les requirieron para programas sociales de apoyo que jamás llegaron.

Personal del gobierno local había visitado desde mayo a varios de los habitantes de la comunidad ofertando apoyos como baños o medicamentos y esas firmas fueron usadas para sustentar la supuesta impugnación a la consulta que se había realizado.

El Ayuntamiento de Tingambato pretende, entonces, conservar el control sobre el presupuesto a base de recursos legales… o quizá no tan legales. ¿Qué interés puede llevar hasta este tipo de ilegalidades para seguir controlando dinero?

                                                                        Enfermo de poder

Pero en los recientes días el más lamentable caso del ejercicio del poder en un ayuntamiento lo ha dado el edil del municipio Michoacano de Álvaro Obregón.

La noticia circuló rápidamente desde el mediodía del pasado sábado 30 de julio, 9 cuerpos incinerados habían sido encontrados en el interior de una camioneta. Inicialmente se especuló un probable ajuste de cuentas por parte de traficantes de combustible ilegal, pues la zona aledaña a este lago es uno de los bastiones de esta actividad.

Sin embargo, las indagatorias resultaron que fueron policías municipales de  Álvaro Obregón quienes habían “levantado” a los occisos en ese mismo municipio.

Apenas al lunes siguiente, el edil junto con cuatro policías municipales eran ingresados al Centro de Reinserción Social  “Lic. David Franco Rodríguez”, acusados del asesinato de 10 personas.

El presidente municipal, de nombre Juan Carlos Arraygue, ordenó a los policías llevarse, matar e incinerar a estas 10 personas, aunque él sólo estuvo presente en la detención. Existía una rivalidad añeja entre el alcalde y una de las 10 personas asesinadas que se dedicaba al narcomenudeo.

Incluso, al informar sobre el caso, el gobernador Silvano Aureoles Conejo indicó que podría tener relación con el grupo que dejó el abatido líder de los Caballeros Templarios, Enrique el Kike Plancarte.

Con poca discreción y escrúpulos, un alcalde ordenó el asesinato de una decena de personas, de entre los cuales se han señalado que había quienes no tenían nada que ver en el conflicto entre el edil y su antagonista. Los alcances del poder y su enfermedad son poco sospechados.

 

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