CAIGA QUIEN CAIGA (ARENA SUELTA)

POR TAYDE GONZÁLEZ ARIAS

Los responsables de cualquier acto u omisión que contravengan la ley deben ser sancionados, independiente de que su actuar fuere dentro de las esferas públicas o privadas, e independientes de su filiación política o partidaria.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, es un instrumento legal que debe cumplirse a cabalidad, norma que no puede estar sujeta a compadrazgos o conveniencia de persona o grupos que no comprendan del bien superior para la humanidad, que representa la justicia.

Las leyes y las normas del país no son documentos que puedan cumplirse o no, pues el origen mismo de la ley, en su filosofía y en su legislación, busca el bien común.  Por lo que la persona que dañe con sus acciones o permita a sabiendas que otro lo hace, merece castigo por ello. La aplicación de la normatividad es un asunto que rebasa los periodos de gobierno, se trata de una condición procesal, que se debe seguir más allá de un trienio, sexenio, o de determinado número de legislaturas; pues, justamente la división de los poderes de la unión, en ejecutivo, legislativo y judicial, entre otras cosas, lo que encierra en sí, es la competencia entre cada área, y con ello el desarrollo de acciones de competencia, que conforme a Derecho deban y puedan suceder.

En la actualidad el Gobierno Federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha emprendido desde la Procuraduría (Fiscalía) General de la Republica, investigaciones por ejercicio indebido de sus funciones, entre otros cargos, contra diversos exfuncionarios del anterior sexenio correspondiente a Enrique Peña Nieto.

La persecución hacia quienes fueron funcionarios públicos en el gobierno pasado, podría denominarse “cacería de brujas”, si es que sólo se buscara el desprestigio de aquellas y aquellos que en su momento fueron también adversarios políticos, sin embargo, con la ley en la mano y con las pruebas suficientes, a estos actos no podrían más que definirse como justos.

Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de PEMEX y María del Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, son sólo dos de los varios implicados en procesos legales por diversas supuestas irregularidades dentro de sus funciones. Y se tratan de dos acusados, de los que se manejan muchas hipótesis, entre las que se dicen que si les cubrían las espaldas a alguien, que si sólo ejecutaban ordenes, o si es que actuaron solos. Como sea que fuera, si es que existe la manera de poder probar que se actuó de manera ilegal, las autoridades correspondientes no deben hacer otra cosa que no sea sancionar conforme corresponda.

La credibilidad de un gobierno, en cualquiera de sus niveles, radica en gran medida en su capacidad de cumplimiento de su tarea primaria: la aplicación de la ley, y, por lo tanto, sancionar las actividades que se realicen en prejuicio de la población, sea uno, sean varios o sean todos.

El hombre o la mujer que no comprende que el servicio público es una oportunidad para servir a los demás, y que dicha tarea debe apoyarse de la amabilidad, la honestidad, la transparencia, entre otras cualidades, debiera ser impedido para pisar una oficina o realizar una tarea burocrática, pues para hacerse rico, para beneficios personales, o tener una conducta indebida, jamás estará hecha ninguna función pública.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no habría en su gobierno persecución, incluso en campaña habló del perdón, y de una “República amorosa”, pero éstas palabras se han esfumado, como muchas otras de sus declaraciones, ciertamente. Pero, lo que sí es aceptable, es que primero el ejecutivo respete la división de los poderes, permita que cada área ejecute lo que a sus funciones corresponda, además de que sepa escuchar y en la marcha ir mejorando el ejercicio de gobierno.

El Presidente debe ser más cuidadoso en la entrega de recursos, debería pedir a su equipo de trabajo que deje de ver los programas de asistencia social como instrumento político, debe evitar que le condecoren como sucedió recientemente  con Ana Gabriela Guevara, con títulos o preseas que además de ser inmerecidas, son autocomplacencias, y seguir con los procesos legales y administrativos contra los malos funcionarios, incluyendo a los gobernadores y gobernadoras que omiten hacer bien su trabajo y con ello permiten que impere la injusticia y la ilegalidad, pues la ley se debe aplicar parejo, caiga quien caiga, y pague quien deba hacerlo.

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