Campos deja rastros de corrupción

Juan Carlos Campos Ponce no solo dejó la marca de corrupción a su paso por la Presidencia Municipal de Zitacuaro, sino que además, en el intento por eliminar los rastros que le llevan a pagar esos actos deshonestos, ahora, a cinco años de haber dejado su cargo, otros funcionarios estatales se han visto señalados por tratar de encubrirlo.

EL PRIMER JUICIO

En julio del 2017 los diputados estatales finalizaron el juicio político a Campos Ponce, que inició desde 8 meses antes.

Según lo expuesto en esa ocasión, Campos Ponce incurrió en diversos actos de nepotismo, por lo que habría violado la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos, al incluir en la nómina municipal a su cuñado, hermana y sobrinos.

El denunciante, que hizo posible aquel juicio político, fue Marcos Joel Vera Terrazas, quien  documentó al menos cinco casos de familiares del ex alcalde que cobraron en el ayuntamiento durante su gestión.

Entre ellos estaban su cuñado José Luís Ramírez del Valle, a quien designó como Director de Servicios Públicos Municipales; Arturo Ramírez Ibarra y Jessica Ramírez, sobrinos de la esposa del edil (Patricia Ramírez del Valle), eran director del DIF y encargada de los Centros de Desarrollo Comunitario, respectivamente.

Yunuén Martínez Sandoval, sobrina política de la extitular del DIF, fungió como asesora dentro de la administración municipal, mientras que Lizbeth Rosana Campos Bucio, colaboró como jefa de oficina, pese a su parentesco directo con el mandatario.

Por otro lado, se le imputaron presuntos desvíos por 200 millones de pesos durante su administración, por lo que los diputados ordenaron una auditoría integral a su administración.

LA SEGUNDA SANCIÓN

Para marzo del 2018 se había dado a conocer que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), había determinado una nueva inhabilitación por un periodo de tres años para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, al ex presidente de Zitácuaro.

Se detalló que esa sanción fue consecuencia  del procedimiento administrativo de responsabilidades número amf-097/2015, que instauró la ASM en contra de los ex funcionarios que encabezaron la administración municipal en el periodo 2012-2015. Específicamente se había revisado su manejo en el periodo fiscal de 2013.

La ASM detectó faltantes por un total de 24 millones de pesos y de esos los ex funcionarios únicamente comprobaron la aplicación de 6 millones de pesos, los restantes 18 millones no se supo su destino.

Tan sólo el ex presidente debía reparar daño al municipio por un monto de más de 8 millones de pesos, incluida la sanción por las faltas administrativas cometidas.

LA “DESAPARICIÓN” SALVADORA

En ese expediente, de número MF-097/2015 del exalcalde de Zitácuaro, se contemplaba también la auditoría al ejercicio fiscal de 2015 y se incluían observaciones y procedimientos de responsabilidad iniciados.

Pero a finales del año pasado se encontraron con que este expediente, junto con el AMOP-074/2015 del exmunícipe de Uruapan, Aldo Macías Alejandre, “desaparecieron” sin que nadie supiera lo que les sucedió y sin dejar copia alguna para poderles dar seguimiento.

El pasado 4 de diciembre, Artemio Zaragoza Tapia, en su calidad de Auditor Especial de Normatividad y Control, presentó una denuncia por esta desaparición ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El detalle, es que al no existir documento alguno de tales expedientes, no puede dársele seguimiento a los procesos instaurados contra Campos y Macías; por lo que ,en caso de existir irregularidades, quedarán en la impunidad.

Por el anormal “extravío” de documentos, Epifanio Garibay Arroyo, Adriana Orozco León y Seyra Anahí Alemán Sierra, son investigados por la Fiscalía.

Además de esa primer denuncia, hubo otra más interpuesta por la segunda, fue el 20 de diciembre por Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, en su calidad de Auditor Superior.

Las denuncias son por hechos “presumiblemente constitutivos de delitos, que consisten en el extravío, pérdida o sustracción de expedientes”. Lo que podría configurar el delito de “hechos de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público y los que resulten, cometidos en agravio de la Auditoría Superior de Michoacán y en contra de quien resulte responsable”.

Epifanio Garibay Arroyo fue acomodado en esta LXXIV Legislatura por la diputada Cristina Portillo Ayala dentro de la Auditoría Superior de Michoacán, ahí logró acomodo como encargado de despacho de la Unidad General de Asuntos Jurídicos.

Adriana Orozco León venía desempeñándose dentro de la Unidad General de Asuntos Jurídicos; mientras que Seyra Anahí Alemán Sierra, lo hacía en la Dirección de Seguimiento de Auditoría Municipal.

Los tres funcionarios fueron suspendidos de sus labores, luego de que se interpusieron las denuncias mencionadas.

            La sola pérdida de un documento podría salvar a Campos Ponce de otro castigo por sus malversaciones, durante su mandato en la presidencia municipal. A cinco años de haber dejado el cargo, las posibles corruptelas continúan.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: