Chiripas, dudas y miedo

Ni arduas labores de inteligencia, ni los detallados seguimientos a pistas, ni la astucia policiaca, hicieron que las autoridades, después de casi un mes, por fin supieran del paradero del periodista Salvador Adame Pardo, fue una situación fortuita. Pero además los familiares y conocidos de esta nueva víctima de la inseguridad, dudan de que en verdad sean de él los restos calcinados, encontrados por autoridades. Mientras tanto, el gremio periodístico de la entidad y el país, ha mostrado indignación y desconcierto ante este crimen.

DOLOROSO ANUNCIO

La mañana del pasado lunes, 26 de junio, un lamentable anuncio se hizo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. El titular de la dependencia daba a conocer que se habían encontrado restos calcinados en la llamada Barranca del Diablo, en el territorio que pertenece al municipio de Gabriel Zamora.

Había pasado más de un mes desde la desaparición del periodista, que laboraba en Nueva Italia Michoacán, quien fue “levantado” por cuatro encapuchados”.

“DE CHIRIPA”

“Los trabajos de inteligencia y las diligencias de campo”, fueron lo que -según la procuraduría- les permitió llegar al paradero de los restos.

Pero en realidad el hallazgo se lo deben a dos factores, uno de ellos un hombre detenido el pasado 21 de junio, apodado El Cabezas -con orden de aprehensión por secuestro-, y quien refería que Adame era su primo, comenzó a buscar al periodista al enterarse de su desaparición.

Después se enteró de que un presunto cabecilla de una célula delincuencial que opera en la región de Tierra Caliente, conocido como el Chano Peña, “fue quien ordenó privar de la libertad a Salvador Adame”, para después darle muerte y quemar su cuerpo.

El otro fue una llamada telefónica anónima que alertó a las autoridades de la que al parecer era la ubicación de los restos de Salvador, versión que fue confirmada por Daniel Rubio Ortiz “el Cabezas”. Es así, que no fue el arduo trabajo de dependencias por encontrar al periodista, sino acontecimientos fortuitos, de esos que dicen: “de chiripa”.

Este punto fue mencionado e incluso reprochado por el grupo de periodistas michoacanos que ha permanecido al tanto del caso, y que después del anuncio del hallazgo del cuerpo de Salvador, emitieron un comunicado con 15 puntos, entre los que destacan este, así como la exigencia de “no dar carpetazo” al caso de Salvador, la exposición de los indicios e indagatorias, la continuación de las investigaciones por parte de las autoridades federales y la emisión de acuerdos sobre la denuncia que fuera presentada a inicios de junio por parte de los mismos periodistas para que se les tomara en cuenta como víctimas en el caso.

En el mismo posicionamiento lamentaron que la procuraduría insista en poner “temas personales” como el motivo de la desaparición del periodista y pidieron la implementación de medidas de protección para la familia del desaparecido comunicador.

Este documento se expuso en redes sociales, después de una rueda de prensa que en conjunto realizaron estos periodistas junto con Navidad Adame Urtiz, hija de Salvador, quien además señaló un posicionamiento controversial sobre los restos, cuyo hallazgo anunció la Procuraduría General de Justicia.

DUDAS

Navidad hizo públicas las dudas que había en su familia con respecto a los supuestos hallazgos de la PGJE.

Primeramente las hay, sobre los que se encontraron en Barranca del Diablo realmente se trate de los restos de Salvador, por lo que anunciaron que realizarán nuevas pruebas genéticas de esos restos, pero con algún otro laboratorio no relacionado a la PGJE.

Este mismo panorama hizo que llamara a las autoridades federales a atraer la investigación, pues resaltó que Salvador se encontraba en el sistema nacional de protección a periodistas, porque previamente había tenido problemas por su condición de comunicador.

Esta petición se dio a partir de inconsistencias que notaron en las investigaciones, como el hecho de que no existe lazo familiar con el miembro del crimen organizado Daniel Rubio Ortiz “el cabezas”, quien supuestamente declaró que había sido criado junto a Salvador durante su infancia y que por eso había estado en búsqueda de él cuando se dio a conocer su privación de la libertad.

También Navidad negó conocer a la mujer que “el cabezas” dijo que los había criado juntos y que si alguna vez la mencionó Salvador, solo se refirió a ella como nana y no como su madre adoptiva.

De esta manera, la actuación de la PGJE en la investigación del caso genera dudas en la familia de Salvador y por tanto también entre el gremio periodístico michoacano, entre quienes asimismo se transforma en un temor, pues el desempeño y manejo de las autoridades investigadoras deja en la incertidumbre a los demás periodistas de la entidad.

MIEDO

Un antecedente importante es el que expuso la organización Articulo 19, dedicada a la protección de periodistas en diferentes partes del mundo, la cual detalló que de 2003 a 2015, en promedio habían desaparecido dos periodistas por año y los estados de Veracruz, Tamaulipas y Michoacán concentraban 15 de las 23 desapariciones; es decir, cerca de 65 % de los casos, mientras que Guerrero, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa y Tabasco tienen entre uno y dos casos por estado.

Hablando específicamente de Michoacán, desde 2005 se tiene registro de 8 periodistas muertos en Michoacán, 14 desaparecidos y 17 con conflictos laborales por despidos injustificados o con irregularidades en los ceses laborales.

Uno de los casos, en los que además se supo que posiblemente se vio involucrada la Policía Municipal, es el del periodista Cristian Axel López Cruz, quien presumiblemente fue requerido por elementos de la Policía de Apatzingán, el 21 de julio de 2006; sin embargo, el comunicador nunca fue presentado ante ninguna autoridad y su paradero aún es desconocido.

 

Dos años después, en ese mismo municipio de la región Tierra Caliente, Mauricio Estrada, quien se desempeñaba como reportero en el periódico La Opinión de Apatzingán, fue levantado en esa ciudad, el día 15 de febrero de 2008.

A mediados de 2009, el periodista de la televisión local de Zamora, Rafael Pérez, también fue privado de su libertad, sin que las investigaciones hayan arrojado resultados positivos.

El 11 de noviembre de 2009, en esa misma demarcación, la periodista del Diario de Zamora y corresponsal de Cambio de Michoacán, María Esther Aguilar, fue privada de su libertad por un comando armado que la interceptó cuando salía de su domicilio. La mujer de 32 años, se especializaba en la nota roja.

Apenas nueve días después, el 20 de noviembre de ese mismo año, en el crucero de la tenencia Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como “La Ruana”, en el municipio de Buenavista Tomatlán, pobladores fueron testigos de cómo civiles armados levantaron a Antonio García Apac, periodista del diario Ecos de la Costa; casi ocho años después, “El Chino”, como le apodaban, sigue desaparecido.

Entre los casos más recientes, se ubica el del periodista y activista Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal del diario estatal Cambio de Michoacán, quien desapareció en el municipio de Paracho, el 6 de abril de 2010, minutos después de conducir su vehículo rumbo a un centro universitario donde se desempeñaba como académico, lugar al que nunca arribó.

Además de las desapariciones, están los casos de los comunicadores asesinados, como el de Jaime Arturo Olvera Bravo, quien se desempeñaba como reportero en el municipio de La Piedad y en marzo de 2006 fue atacado a balazos por tres sujetos armados, dos de ellos capturados, sin embargo, nunca se supo el móvil del asesinato.

En el municipio de Uruapan, el 8 de diciembre de 2007, el reportero del diario La Opinión de Michoacán, Israel García Pimentel, fue agredido con dos armas de grueso calibre cuando salía de un hotel de esa ciudad. El móvil del homicidio y la identidad de los agresores nunca fueron esclarecidos.

En ese mismo año, en el municipio de Tuxpan, fue asesinado el periodista y empresario en medios de comunicación de Zitácuaro, Juan Pablo Solís.

El 4 de junio de 2008, Miguel Ángel Villagómez Valle, director del medio de comunicación La Noticia de Michoacán, fue localizado sin vida en el estado de Guerrero, por lo que la fiscalía de esa entidad atrajo las investigaciones.

Un año más tarde, el 12 de julio de 2009, Martín Javier Miranda Avilés, periodista del diario Panorama del Oriente, de Zitácuaro, fue localizado sin vida y con heridas de arma punzocortante en el interior de su vivienda.

Otro de los casos que se suma en esta lamentable lista, fue el asesinato de Enrique Villicaña Palomares, ocurrido el 10 de abril de 2010, en la ciudad de Morelia. Villicaña, quien era ex titular del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, había sido extorsionado y posteriormente privado de su libertad días antes de su localización sin vida. La Fiscalía estatal detalló que el ex funcionario había fallecido por lesiones de arma punzocortante.

Un asesinato más se reportó el 6 de julio de 2010; la víctima: Hugo Alfredo Olivera, reportero del municipio de Apatzingán y propietario de la Agencia de Noticias ADN, fue localizado sin vida en el interior de su vehículo, sobre la carretera Apatzingán – Buenavista; su cuerpo presentaba diversas heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

El más reciente homicidio de un trabajador de medios de comunicación en Michoacán, se reportó el 2 de mayo de 2013, día en que la exconductora de un programa de música grupera, Rosa María Ríos, fue atacada a balazos en la capital del estado, presuntamente al oponerse a un asalto.

Otra muerte que causó expectación, pero que no fue catalogado como un homicidio, fue la del periodista Pablo Madriz Rojas, quien falleció en un accidente automovilístico, apenas cuatro días después de haber presenciado el asesinato a machetazos del diputado local Osvaldo Esquivel Lucatero, hecho en el que el comunicador también resultó lesionado, pero sobrevivió a las heridas.

Tras haber sido testigo del homicidio del legislador, Madriz Rojas fue llamado a declarar para hacer una reconstrucción de hechos, pero al trasladarse a la ciudad de Morelia, un vehículo invadió el carril contrario y se impactó contra el automotor donde viajaba el periodista, quien perdió la vida en el lugar.

De acuerdo al informe presentado por “Artículo 19”, el 96 por ciento de los periodistas desaparecidos o asesinados, abordaban en su labor periodística temas relacionados a la inseguridad, violencia, delincuencia y corrupción con posibles autoridades involucradas.

Ante este panorama el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, anunció que se reabrirán los expedientes de desapariciones y homicidios de periodistas para reiniciar investigaciones, además de que se conformarían unidades especializadas.

Sin embargo, el gremio decidió hacer manifiesto su temor y descontento con esta situación, mediante una manifestación visual que se replicó en la Ciudad de México, frente a palacio nacional, Culiacán, Sinaloa y también en Coahuila, Veracruz y Oaxaca.

 

Investigaciones con inconsistencias y “chiripadas”, que generan dudas entre familiares y colegas y que a su vez generan temor entre los comunicadores, que laboran en uno de los estados más riesgosos para el ejercicio del periodismo, generan un panorama que pareciera de una película de suspenso, pero que se trata de la cruda realidad de un estado que ha seguido consternándose ante un nuevo caso que reabre heridas.

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