COLUMNA “BAJO LA LUPA” DEL 08-01-16

¡FRAUDE AL CONGRESO!
ASIGNAN PRESUPUESTO A ORGANISMO FANTASMA

Seguramente por las presiones a que fueron objeto, los diputados integrantes de la 73 legislatura del estado de Michoacán, no revisaron a detalle el proyecto de presupuesto y el “alcance” respectivo que les envió el titular del poder ejecutivo estatal, pues si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta que el gobernador, les proponía asignar recursos a una entidad paraestatal de la administración pública descentralizada que ya no existe. Sí, aunque usted no lo crea, los actuales legisladores michoacanos, aprobaron en su sesión plenaria, el presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2016, en el que asignaron 14 millones, 243 mil, 615 pesos a la unidad programática presupuestaria número 86 denominada: “Órgano Implementador del Plan de Transición en Materia de seguridad Pública del Estado de Michoacán”, entidad paraestatal que ya no existe.

CREACIÓN DE DICHA ENTIDAD PARAESTATAL

El denominado “Órgano Implementador del Plan de Transición en Materia de seguridad Pública del Estado de Michoacán”, fue creado por el gobernador SALVADOR JARA GUERRERO, mediante decreto que se publicó en el Periódico Oficial de Estado, en su edición del pasado lunes 8 de diciembre del año 2014, en el que se le atribuye la responsabilidad de ser el conducto por el que el ejecutivo del estado, coordine y ejecute las acciones necesarias para la integración y ejecución de un Plan Estratégico de Transición que se responsabilice de posibilitar y agilizar todas las acciones inherentes a la instrumentación del mando Unificado Policial del Estado de Michoacán de Ocampo, así como de otras acciones en materia de seguridad pública.

DESAPARECE POR FALTA DE RECURSOS

El mismo SALVADOR JARA GUERRERO, emitió el decreto por el que se extinguió el  “Órgano Implementador del Plan de Transición en Materia de seguridad Pública del Estado de Michoacán”, el que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, en su edición del pasado jueves 10 de septiembre del año 2015, bajo el argumento, que “con motivo de las crecientes limitaciones financieras, que acotan los márgenes de operatividad de la Administración Pública Estatal, a consecuencia del difícil entorno económico nacional y en el curso de  los trabajos mencionados en el considerando que antecede, se hizo ostensible la inminente factibilidad de que tales restricciones impidieran a «El Órgano Implementador», cumplir cabalmente con las facultades que se le confirieron en el Decreto de su creación; lo que particularmente se hizo visible en la omisión de la elaboración y publicación del Plan Estratégico de Transición al Mando Unificado Policial; Que después de varios ejercicios de análisis y evaluación llevados a cabo por diversas dependencias y unidades administrativas estatales, se llegó a la conclusión que las facultades previstas para el organismo administrativo desconcentrado, son posibles de ejecutarse por otras dependencias e instancias que conforman el Sistema Estatal de  Seguridad Pública, sin ocasionar complicaciones competenciales ni generar mayores impactos al erario estatal.

SE FRAGUA EL FRAUDE

En la primera semana del mes de octubre del 2015, el entonces gobernador sustituto SALVADOR JARA GUERRERO, envía al congreso del estado, su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2016 y en el apartado que corresponde a las entidades paraestatales de la administración pública descentralizada, aparece la Unidad Programática Presupuestaria número 86 denominada  “Órgano Implementador del Plan de Transición en Materia de seguridad Pública del Estado de Michoacán”, con una asignación de 13 millones, 894 mil, 762 pesos, a pesar que tan solo el mes anterior, es decir, el mes de septiembre del 2015, el  propio gobernador JARA GUERRERO emitió el decreto de extinción de dicho órgano implementador, lo que provocaría de manera legal, la desaparición de la unidad programática presupuestaria, cosa que no sucedió, pues de manera ilegal, sí aparece en el proyecto de presupuesto de egresos para el 2016.

SILVANO NO CORRIGE, INSISTE EN EL FRAUDE

Al revisar con detalle el “alcance” que el ahora titular del poder ejecutivo SILVANO AUREOLES CONEJO envía al congreso del estado a inicios del mes de diciembre del 2015, a través del secretario de gobierno ADRIAN LÓPEZ SOLIS y el secretario de finanzas CARLOS MALDONADO MENDOZA, no solo no corrige el “error” de SALVADOR JARA GUERRERO, error del que por supuesto se da cuenta, pues no lo eliminó del presupuesto de egresos del 2016, sino que aumentó la cantidad asignada a la inexistente Unidad Programática Presupuestal número 86, denominada “Órgano Implementador del Plan de Transición en Materia de Seguridad Pública del Estado de Michoacán” y le asigna 14 millones, 243 mil, 615 pesos como fondo presupuestal, es decir 393 mil, 853 pesos más que la propuesta de JARA GUERRERO,  asignación del todo ilegal, ante la evidente inexistencia del multiseñalado “Órgano Implementador”.

¿Y LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO?

Pues como dice Don M, espantándose las moscas, pues se supone que las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública, debieron de revisar y analizar minuciosamente el proyecto de presupuesto enviado por el titular del ejecutivo estatal, sin embargo, es evidente que tal revisión y análisis se centró en el canje de placas, el aumento a las tarifas que como derechos cobra el estado por los servicios que presta a la ciudadanía y en relación a la autorización al ejecutivo estatal para contratar deuda de corto plazo hasta por 3 mil 400 millones de pesos. ¿Y lo demás del contenido del presupuesto? Les pasó de noche a los diputados.

¿PERVERSIDAD, OMISIÓN O COMPLICIDAD?

Desde cualquier punto de vista que se vea, lo acontecido con la asignación y aprobación de un presupuesto a una entidad que ya no existe, es grave. Se supone que tanto el titular del poder ejecutivo y los integrantes del gabinete que suscriben el proyecto de presupuesto, cuentan con un cuerpo técnico de asesores que debieron advertir el error y la ilegalidad en que se incurriría al proponer presupuesto a una entidad que no existe. Igual circunstancia sucede con los diputados, que según su nómina, cada diputado cuenta con asesores especializados en las materias que tienen que ver con las comisiones que presiden o de las que forman parte, de manera que no es admisible, argumentar desconocimiento del asunto y sobre todo, poner a consideración del pleno y aprobar un adefesio legislativo. La responsabilidad es de los 38 diputados, pues es responsabilidad de todos, revisar lo que se somete a su consideración en el pleno, para eso se les envían las gacetas legislativas antes de cada sesión.

¿CORREGIRÁN EL ENTUERTO?

Lo normal, responsable y legal es que sí, los diputados integrantes de la 73 legislatura al congreso del estado o el propio titular del poder ejecutivo, deben proponer una iniciativa de reforma al presupuesto de egresos para el año fiscal 2016, en la que se suprima la citada Unidad Programática Presupuestaria y se redistribuyan los más de 14 millones de pesos aprobados, entras prioritarias entidades con mayor necesidad de recursos, sin embargo, a pesar de la ilegalidad, las esperanzas de corregir, son pocas. En varias ocasiones hemos denunciado irregularidades en la administración pública, como la falta de ratificación del procurador general de justicia del estado o la ilegalidad de la función del Auditor Superior del Estado, con argumentos sólidos y legales, empero, los diputados han guardado un vergonzante silencio y no solo eso, sino que no han hecho nada para recuperar el estado de derecho. ¿Lo harán esta ves? Por supuesto que lo dudo.

DESALOJARÁN DE SU CASA A UNA ANCIANA

Una vez más, la actuación corrupta de un notario público, ha propiciado que una anciana sea despojada de su patrimonio, de su casa. Resulta que la citado anciana, invirtió todos sus ahorros en la compra de una vivienda en el Fraccionamiento Jardín Morelia en el municipio de Tarímbaro, vivienda que se estaba ofreciendo en venta públicamente. Así las cosas, la adulto mayor se entrevistó con el vendedor quien le explicó las condiciones de la compraventa, todo legal aparentemente, de manera que el comprador y vendedor acudieron ante la fe pública del notario, quien procedió a protocolizar el contrato de compraventa, se pagaron y cobraron  entre sí, se pagaron los impuesto respectivos y los honorarios del notario de marras, expidiéndose las escrituras correspondientes, solo que un par de años después, se presentó una persona quien se identificó como el legítimo propietario del inmueble y al revisar la documentación, se percataron de que el notario público, legalizó el contrato de compra venta, sin que el vendedor acreditara su legal personalidad para realizar actos de administración y dominio sobre la propiedad, de manera que el legítimo propietario, demandó la reivindicación de su propiedad y la autoridad jurisdiccional civil, ordenó el desalojo de la anciana y su familia. ¿El nombre del notario corrupto? Tiene razón, se me olvidaba, se trata del notario público No.54 LIC. JORGE HUMBERTO ESTRADA MEJÍA –

LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR

¿Habrá alguna autoridad, algún legislador que se atreva a patrocinar a esta anciana? Sobre todo porque se supone que el notario de marras, cometió no solo una falta grave en su función notarial, sino que también es cómplice del fraude cometido en contra de la ancianita, actos suficientes para que sea despojado de su patente de notario y a la vez, se debiera dar vista al agente del ministerio púbico por la posible comisión de actos y hechos constitutivos de delito. Pero por otra parte, lo antes descrito y narrado, es un elemento más que contribuye a que los diputados de la 73 legislatura del estado, legislen en materia de los adultos mayores, creando la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, entidad gubernamental que se encargaría de patrocinar a los adultos mayores, en asuntos como el ahora denunciado y así evitar que los adultos mayores, sean víctimas de sus propias familias o de cualquier persona que los despojan de su patrimonio, generalmente mediante engaños o aprovechándose de su estado de salud o ignorancia.

ATAQUE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Una vez más, un comunicador valiente, que denuncia las arbitrariedades y prepotencia con la que se conducen algunos políticos y/o empresarios en nuestro país, es brutalmente golpeado con el fin de intimidarle y obligarle, por miedo y terror, a dejar de denunciar los atropellos, las arbitrariedades y las corruptelas, que con absoluta impunidad cometen los poderosos. Esta vez, por denunciar el monopolio que tiene en la ciudad de Tacámbaro Michoacán el empresario gasolinero ENRIQUE GARCÍA, el periodista y comunicador JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA, fue brutalmente golpeado por MANUEL GARCÍA, el hijo del empresario gasolinero, causándole lesiones que tardarán más de 15 días en sanar y que ponen en peligro su vida. ¿Quién ganará, la impunidad o la justicia? Sinceramente espero que sea la justicia y que el poder económico del agresor, no impida que la Procuraduría General de Justicia del Estado, realice la indagatoria correspondiente y consigne penalmente al agresor por los delitos que le resulten, de igual forma, espero que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vigile que la PGJE cumpla con su responsabilidad legal y se evite que una vez más, se imponga la impunidad.

 

 

 

 

 

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