COLUMNA “BAJO LA LUPA” DEL 13-01-16

ASIGNACIÓN A DEPENDENCIA FANTASMA, LEGAL

Interrogado por algunos medios de comunicación, el presidente de la junta de coordinación política y coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el congreso del estado, PASCUAL SIGALA, declaró que la asignación de recursos aprobada por el congreso el pasado 30 de diciembre, a la Unidad Programática Presupuestaria Número 86 denominada “Órgano Implementador del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán”, por casi 15 millones de pesos, fue legal y agregó, que dichos recursos están destinados a la liquidación del organismo, sobre todo en lo referente a laudos de carácter laboral, que el gobierno ha perdido con trabajadores que demandaron al estado por despido injustificado.

CONGRESO NO ASIGNÓ RECURSOS

El 10 de diciembre del 2014, el entonces coordinador del “Órgano Implementador del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán”, CARLOS HUGO CASTELLANOS BECERRA, acudió al congreso del estado, a efecto de solicitar una ampliación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, con el objeto de que se le asignaran recursos al órgano dirigido por él, sin embargo, los diputados le dijeron que no era posible, pues al anunciar la creación de dicho órgano, tanto el gobernador en ese tiempo SALVADOR JARA GUERRERO como el “Comisionado” ALFREDO CASTILLO CERVANTES, habían anunciado que tal órgano, operaría con recursos del denominado “Fondo 4”, integrado con recursos que los municipios transferirían en materia de seguridad, por lo que no fue necesario la modificación presupuestal.

NUNCA OPERÓ

Sí bien es cierto que el ya famoso “Órgano Implementador del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán”, tuvo una existencia legal de 10 meses, también es cierto que en la práctica nunca operó, pues el 21 de Enero del 2015, el secretario de gobernación MIGUEL ANGEL OSOSRIO CHONG, anunció la desaparición de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, en consecuencia, se dio la salida del estado del entonces “Comisionado” ALFREDO CASTILLO CERVANTES y con él, la mayoría de colaboradores cercanos que llegaron al estado acompañándole en su encomienda, entre ellos, CARLOS HUGO CASTELLANOS BECERRA, quien ni siquiera logró establecer la estructura del órgano implementador, ya que él y sus cercanísimos colaboradores, percibían sueldos de la “Comisión” encabezada por ALFREDO CASTILLO, así que nunca existieron “empleados” contratados para el órgano implementador”, a quien liquidar.

SEGURIDAD PÚBLICA, LIQUIDADOR

Aun aceptando sin conceder, que el “Órgano Implementador del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán”, hubiese creado alguna estructura y administrado algún recurso público, de acuerdo al artículo 2 del decreto de extinción, se designó al secretario de seguridad pública del estado, en conjunto con la coordinación administrativa de la oficina del gobernador, para realizar todas aquellas acciones tendientes a lograr la “extinción” del órgano implementador y por si fuera poco, el artículo 3 del mismo decreto, establece las siguientes obligaciones para el secretario de seguridad pública, al señalar lo siguiente: “Ejercer las atribuciones de representante legal, y ejercer actos de dominio, con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, así como para delegar su representación mediante poderes generales o especiales;”

PRESUPUESTO A SEGURIDAD PÚBLICA

En concordancia con lo dispuesto en el decreto de extinción del “Órgano Implementador del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán”, sí se hubiese dado el caso de que hubiera pasivos que liquidar contraídos por el órgano, incluyendo pasivos laborales, es claro que, previo al informe que de tales pasivos rindiera al congreso, la Auditoría Superior del Estado,  La Coordinación de la Contraloría Estatal y el “liquidador”, en este caso el secretario de seguridad pública, así como de la solicitud en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, propuesto por el ejecutivo estatal al congreso, éste estaba en condiciones de autorizar una partida presupuestal, con cargo a la secretaría de seguridad pública, a efecto de liquidar los pasivos señalados en el informe previo.

OBLIGACIÓN DEL CONGRESO AUTORIZARLOS

Claro que sí, es obligación del congreso autorizar los recursos para la liquidación del “órgano”, siempre y cuando la ASE, la contraloría y el liquidador, informe de por medio, lo justificaran, pero insisto, el gasto de la liquidación, serían a través de la SSP, por ser designado el “liquidador” a más de que la obligación del congreso se establece con claridad en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, pues tiene la obligación de aprobar partidas para que se cubran los Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS), para lo cual, transcribo el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo

ARTÍCULO 44.- SON FACULTADES DEL CONGRESO:

I.- Legislar sobre todos los ramos de la administración que sean de la competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que se expidieren, así como participar en las reformas de esta Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos;

XI.- Legislar en materia de ingresos del Estado, y analizar y discutir anualmente el Presupuesto de Egresos, así como revisar, fiscalizar y dictaminar la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal. De igual manera, revisar, fiscalizar y dictaminar sobre la aplicación de los recursos otorgados a las entidades paraestatales y otros que dispongan de autonomía.

(ADICIONADO, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007) El Congreso deberá aprobar en el presupuesto de egresos del ejercicio las partidas necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, que constituyan deuda pública del Estado o de las entidades paraestatales que cuenta con la garantía del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, y aquéllas que se deriven de contratos de proyectos para prestación de servicios aprobados por el Congreso conforme a las leyes aplicables.

CONCLUSIÓN: ILEGAL LO APROBADO

Todo lo anteriormente anotado y comentado, funda y motiva la afirmación de que el presupuesto aprobado por el congreso del estado en su sesión del pasado 30 de diciembre del 2015, a la Unidad Programática Presupuestaria Número 86, denominada “Órgano Implementador del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán”, es absolutamente ilegal desde todos los puntos de vista en que se quiera analizar el adefesio legislativo, pues el claro, que no se puede autorizar presupuesto a una entidad del estado que legalmente no existe. Sí el gobierno y el congreso hubiesen querido hacer legalmente las cosas, con agregar a la exposición de motivos de la iniciativa de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, un resumen del informe de liquidación con los pasivos resultantes de su frustrada operación y agregar los casi 15 millones de pesos solicitados, al presupuesto de la secretaría de seguridad pública y asunto resuelto, pero no, la indolencia y omisión de los legisladores, así como de los propios funcionarios del gobierno estatal, se fueron por la fácil y cometieron una barbaridad legislativa, aprobando lo indebido. DON PASCUAL SIGALA miente o es un supino ignorante en la materia.

 

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