Confiar o ¿no?

Ante la desconfianza en la demeritada clase política, para informar sobre temas de interés de la ciudadanía, una de las alternativas podría ser las diferentes instituciones que dedican parte de su labor a diagnósticos de cada uno de los 32 estados de la república; sin embargo, inclusive estas herramientas podrían resultar contradictorias.

                                                            LA BURRA NO ERA ARISCA…

“La burra no era arisca, los palos la hicieron”, reza un viejo proverbio para referir que los malos tratos provocan que las personas cambien su comportamiento, volviéndose receladas, y en el caso de los michoacanos, en los últimos años el dicho ha aplicado de perfecta manera, pues una serie de sucesos han dejado en entredicho su confianza en la autoridad.

No hace falta retomar décadas atrás, sino solo rememorar que en el pasado ciclo de gobierno estatal, su entonces titular Fausto Vallejo Figueroa se había catapultado a dicho cargo cobijado por la frase: “Michoacán merece respeto”, pero esto quedó solo en predicación y nula práctica.

Primeramente, la reducción de la deuda estatal fue mínima, a ello se añade su negación a la existencia de grupos civiles armados que combatían al crimen organizado, lo cual después tuvo que admitir. Posteriormente negó reiteradamente que el Comisionado Alfredo Castillo (el virrey) le hubiera sustituido de facto, pese a que las acciones denotaban situación contraria.

Pero el remate fue su negativa rotunda a la existencia de un video de su hijo con el líder criminal Servando Gómez “la tuta”, material que después fue exhibido en redes sociales. La situación fue rematada con su renuncia a la gubernatura.

También el “virrey” colaboró, pues mientras por un lado daba permisos a las autodefensas para portación de armas, incluso bajo acuerdos firmados, después emprendería detenciones en contra de sus fundadores, siendo José Manuel Mireles el principal objetivo y quien recientemente llegó a dos años en prisión, desde donde ha acusado las traiciones gubernamentales.

No está por demás añadir que Wilfrido Lázaro Medina, el ex alcalde moreliano, en cuyo mandato en la capital michoacana se desató una ola de violencia, que llegó a señalar como hechos aislados, terminó por ocupar una curul plurinominal en el congreso y presidir la Comisión de Seguridad y hasta proponer conformar una Comisión de la Paz.

Ante esta serie de contrariedades, la confianza de la ciudadanía en las autoridades ha quedado seriamente mermada.

                                                                  NÚMEROS ENGAÑOSOS

Tres meses atrás en El Despertar se reseñó sobre el resultado del Índice de Paz México (IPM), realizado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), en el que la sorpresa fue que Michoacán apareció como el 13° de los estados más pacíficos. Había cambiado radicalmente de posición. Siendo que en la edición anterior aparecía como el quinto estado menos pacifico del país. El cambio había sido radical.

En esa medición los factores “delitos con violencia” y “crímenes de la delincuencia organizada”, fueron los que muestra mayor mejora, pues su calificación habían bajado; aunque, “extrañamente”, los autodefensas no están siquiera mencionados.

Pero las dudas surgen si se revisan los resultados de otro estudio realizado por la Universidad de las Américas, con sede en Puebla.

Dentro de este análisis, una de las observaciones es certera: “Michoacán es un estado atípico en términos de impunidad (…) La información sobre seguridad y justicia, previa y posterior al 2013, presenta serios cuestionamientos sobre su veracidad.”

Más adelante sentencia: “La delincuencia organizada y la impunidad tienen relación. En seis estados, en los que pidieron apoyo de la federación para combatir a la delincuencia organizada y en los que desde 2007 se establecieron operaciones conjuntas entre autoridades federales y estatales, encontramos impunidad muy alta (Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango). Los otros dos estados (Sinaloa y Chihuahua) presentan estadísticas de impunidad alta y media respectivamente.”

Se debe hacer énfasis en el hecho de que Michoacán es el único estado que está catalogado bajo esta situación de “atípico”,  más aún que es el estado de la República en que menos encarcelamientos existen por homicidios, lo que contribuye en el índice de impunidad.

El mismo informe revela que los cinco delitos del fuero común más recurrentes en la entidad son robo de vehículo, robo a casa habitación, otros robos, lesiones y homicidio. “El estado ocupa el cuarto lugar a nivel nacional por homicidios, con 70.17 por cada 100 mil habitantes”.

Pero un dato que deja de manifiesto lo poco confiables que son algunos registros, como el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (cuyas cifras constantemente son presumidas por las procuradurías), es que, “se estima que los delitos no registrados corresponden al 93.6 por ciento del total”, especifica el estudio.

Al adentrarse en el funcionamiento del sistema penal, detalla que del total de denuncias o querellas que llegan ante el Ministerio Público (35 mil 95), únicamente se les da resolución al 57% (20 mil 128). De éstas, sólo el 33% sigue un proceso penal ante el órgano jurisdiccional, dado que el MP ha comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.

“Lo anterior refleja una probable ineficiencia en materia de administración del Sistema de Seguridad, al demostrar una amplia brecha entre las causas penales y las averiguaciones previas iniciadas”.

Del total de denuncias por homicidios, sólo se encarcelan al ocho por ciento de ellas; por su parte, del total de averiguaciones por homicidio, se encarcelan al 8.9 por ciento. Esta última se convierte en la cifra más baja a nivel nacional, paradójicamente en uno de los estados con más violencia en el país, basta mencionar que el pasado 11 de julio se dio la ejecución de cuatro personas en menos de 12 horas en Apatzingán.

Michoacán no reporta el número de procesados, en consecuencia no es posible medir en su totalidad la efectividad en materia de administración de justicia. Sin embargo, los resultados arrojan que, del total de ingresos penitenciarios, el 66 por ciento están sentenciados, cifra que se sitúa por arriba de la media nacional.

“En términos generales, es posible reconocer que la entidad dicta sentencia condenatoria al ocho por ciento de los inculpados en averiguaciones previas. Lo anterior podría ser consecuencia de que existen 3.2 Magistrados y Jueces por 100 mil habitantes, una unidad por debajo de la media nacional”.

La desconfianza ciudadana parece tener razón ante lo que revelan las estadísticas bajo análisis.