Covid-19: una prueba de fuego del Congreso

El Coronavirus (Codiv-19) tomó al Congreso del Estado de Michoacán en pleno periodo ordinario de sesiones, y sus secuelas y las necesidades que ha generado, están significando toda una prueba para el legislativo local.

El Segundo Periodo Ordinario de Sesiones inició el 1 de febrero y termina el 15 de julio.

Cuando iniciaba este periodo de sesiones del pleno tenían temas pendientes, como la designación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como más de 400 iniciativas de ley o de reforma rezagadas en comisiones, con la obligación de sesionar al menos dos veces por mes.

El 21 de marzo se reportó el primer caso de Coronavirus en la entidad, además de que ya se había empezado la suspensión de actividades, como las escolares.

Justo unos días antes, el 16 de abril, los diputados michoacanos habían decidido suspender las sesiones de pleno en el recinto legislativo, ubicado en el Centro Histórico de la capital.

LOS INDISPENSABLES

Pasó un mes y el trabajo de los legisladores seguía suspendido, pero entonces el planteamiento de realizar sesiones virtuales inició.

Pero, para llevarlas a cabo, se requería que este formato estuviera contemplado en la legislación local y eso sólo se podría hacer con la aprobación de la respectiva comisión y después con la aprobación del pleno en sesión. Tarde o temprano tenían que regresar a las sesiones al Congreso del estado.

Para el viernes 21 de abril regresaron a sesiones, aunque se realizó en el patio del palacio legislativo, no al interior de la sala de sesiones.

Tres días después, en una nueva sesión extraordinaria, se aprobaron las modificaciones a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, para establecer las sesiones virtuales del pleno del Congreso del Estado.

Aunque esta aprobación no fue sencilla, pues diputados que en la anterior sesión se decían a favor de la opción virtual, ahora se oponían, pero finalmente se aprobó la nueva modalidad. También en esa sesión trascendió la intensión de algunos legisladores por querer posicionar la actividad de un diputado como similar a la del personal médico en esta pandemia.

Fue el diputado Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del PAN, quien, en su crítica a las sesiones virtuales, dijo: “Como si nosotros no fuéramos seres humanos, como los doctores y las enfermeras, que no pudiéramos también arriesgar nuestra vida”.

Molesto, el diputado panista José Antonio Salas, integrante de la Comisión de Régimen Interno, acusó a diputados de estar debatiendo contra el dictamen sin conocer el tema, “pero también lo que más me molesta es que vengan aquí a mal informar a la gente de que todas las sesiones van a ser virtuales, me molesta que se diga que somos unos huevones los que estamos a favor de votar el dictamen. Yo no soy ningún huevón y esta herramienta es necesaria para garantizar el trabajo, además se tiene que hacer valer lo que las comisiones dictaminen”.

SALUDANDO CON SOMBRERO AJENO

El 25 de abril pasado, se difundió que cada uno de los 40 diputados locales regalaría mil despensas a familias en precariedad económica, durante la contingencia sanitaria por Covid-19.

Quien detalló fue el panista Javier Estrada Cárdenas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Aseguró que, en forma conjunta, los legisladores serán partícipes en la distribución de los 40 mil apoyos alimenticios surtidos por el organismo federal denominado Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), cuyo gerente regional es Leónides Luviano Frutis.

Las despensas serán distribuidas a jefes de familia que viven al día y que tienen necesidad de salir a trabajar para ganarse la vida, para que no salgan de sus hogares durante la pandemia, explicó a su vez el diputado Fermín Bernabé Bahena, tras la firma del convenio.

Pero no pasó mucho para que se diera a conocer que los legisladores estaban “saludando con sombrero ajeno”.

Días después se reveló que para la compra de esas despensas se dispuso de cuatro millones de pesos, que el Poder Legislativo tenía de ahorros en los gastos de estos cuatro primeros meses de año, por determinación de la Junta de Coordinación Política del Congreso, que fue la que realizó todo el proceso logístico y de adquisición con Segalmex.

El acuerdo entre los legisladores fue generar la versión de que las despensas habían sido adquiridas con dinero aportado por los propios diputados, cuando en realidad fueron pagadas con el erario público.

Primero la versión fue que se descontaría una parte del aguinaldo de los diputados para pagar el costo, luego se señaló que sería una parte de la dieta de los diputados y otra de sus gastos en gestoría y las contradicciones entre los declarantes fueron frecuentes.

PEOR AÚN, HACIENDO CAMPAÑA

Un señalamiento en torno a estas despensas fue todavía más duro sobre la coordinadora de la banca del Partido del Trabajo, Brenda Fraga.

Pues, además de la adquisición de las mismas, con recursos que no eran provenientes del bolsillo de los legisladores, la diputada difundió fotografías y vídeos repartiendo las despensas, las cuales iban dentro de bolsas plásticas rotuladas con su nombre como logo, cual si fuera campaña electoral.

“Un buen gesto de apoyo se denigra por la inmoralidad grotesca del clientelismo político barato”, sentenció Pedro Fernández Carapia, líder de la organización “Fuerza Migrante Sin Fronteras”.

LA PALOMITA

No todo se iba ir en acciones descoordinadas o negativas en el legislativo local y tras las agresiones que se han registrado en el país y la entidad contra personal médico que participa en la batalla contra el coronavirus, establecieron una protección legal adicional.

El pasado martes, 5 de mayo, se aproaron reformas al Código Penal por las que se incrementan las sanciones a quienes agredan a personal de salud. Esto a partir de los casos de violencia registrados contra los trabajadores de salud, en el marco de la crisis sanitaria por Covid-19.

El dictamen, elaborado por la Comisión de Justicia, fue avalado por unanimidad del Pleno y con ello se establece una penalización de seis años a quienes, durante una emergencia sanitaria, agreda a un médico, cirujano, paramédico, enfermero, camillero o cualquier otro profesional de la salud o trabajador del sector salud, público o privado.

                ¿Qué tan bien librada logrará salir esta legislatura de la pandemia? Es una prueba de fuego para los encargados del poder legislativo en este trienio, sus decisiones y actos los dejarán en la historia o en la infamia.

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