De las promesas a los resultados

-Las controversias de Salvador Jara y Alfredo Castillo continúan, a pesar de no estar ya en Michoacán.

-Ambos causarían daño al erario público por más de 6 mil millones de pesos.

Las promesas y ofrecimientos que se vienen con el inicio de un periodo gubernamental o alguna acción o programa, llegan a desvanecerse ante los reales resultados. Salvador Jara Guerrero y Alfredo Castillo Cervantes, aun después de meses de haber dejado los cargos que les llevaron a estar en boca de todos en Michoacán, continúan en controversia, pero ahora por los “resultados” que dejaron sus acciones.

Finanzas… ¿ordenadas?

Salvador Jara fue designado gobernador interino el 20 de junio de 2014, después de la renuncia de Fausto Vallejo Figueroa; dos meses después de su designación, en una reunión que sostuvieron 44 presidentes municipales michoacanos emanados del Partido Revolucionario Institucional, el gobernador interino hacía énfasis en que su administración había sido cuidadosa con el manejo de fondos desde su llegada al cargo y que garantizaría la correcta aplicación de los techos financieros y un ejercicio enmarcado en la legalidad.

Las declaraciones las haría acompañado de José Carlos Rodríguez Pueblita, quien hasta ese momento era el cuarto titular de la Secretaria de Finanzas en lo que iba en el periodo de gobierno en que Jara entró como sustituto.

Quien entonces era presidente de la capital michoacana y ahora es diputado plurinominal, Wilfrido Lázaro Medina, en esa reunión resaltó “seriedad y compromiso” por parte del gobernador al momento de entablar gestiones, por lo que exhortó a sus homólogos para apoyar a Jara Guerrero.

A un año y medio de esas declaraciones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, detectó un probable daño al erario público por 6 mil 436 millones 445 mil pesos por el gobierno del estado de Michoacán y por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), durante la revisión a la cuenta pública del 2014 del gobierno encabezado en la primer mitad del año por Fausto Vallejo y que después encabezó Salvador Jara Guerrero, además que cogobernó el ex comisionado Alfredo Castillo Cervantes.

De los fondos de aportaciones a educación, inversión social y programas de escuelas de tiempo completo, se detectaron irregularidades y presuntos daños al erario federal por autoridades de Michoacán por el orden de los 4 mil 401 millones 638 mil pesos. La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), mantiene sin controles internos de transparencia los mecanismos para conocer cómo se ejercieron recursos públicos.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que fue dirigida del 1 de enero al 19 de junio de ese año por Jara Guerrero como rector y posteriormente seria llevado por Castillo Cervantes y el Gobierno Federal a la gubernatura, arrastra observaciones por mil 437 millones de pesos.

Respecto a las observaciones del Seguro Popular se señala cerca de mil 204 millones de pesos que se reportan como un presunto daño a la hacienda pública federal por la Secretaría de Salud de Michoacán, la cual encabeza Carlos Aranza Donis, quien es integrante de aquella legión mexiquense de Castillo Cervantes, supuestamente para evitar desvíos de recursos públicos ante la desconfianza de quienes integraban la plantilla de funcionarios de Fausto Vallejo Figueroa.

En total son más de mil 968 millones 652 mil pesos los que son reportados como presuntamente no aclarados y con posible daño al erario del gobierno federal dentro del Fondo de Aportaciones de Salud y del Seguro Popular; además de un componente del programa Prospera, en el rubro de salud, donde no se aclararon por el anterior gobierno más de 66 millones 155 mil pesos.

Este resultado implica una ineficaz gestión de los recursos de fondos federales durante la administración del exgobernador Salvador Jara Guerrero, lo que derivó en la pérdida o menoscabo de ese dinero, como resultado de la falta de control en la aplicación de estos recursos.

La situación hace más ruido cuando apenas el pasado 6 de febrero el ahora titular de la Subsecretaria de Educación Superior, fue captado en una agencia de autos de lujo escogiendo un vehículo último modelo, cuyo costo es de al menos de 701 mil pesos, en su versión más austera.

Prometía seguridad y dejó hoteleros desfalcados

La llegada de Alfredo Castillo Cervantes, en su calidad de Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, se dio el 15 de enero de 2014, apenas una semana después se anunciaba la llegada de nueve mil 300 elementos de las fuerzas federales para reforzar la seguridad en el estado.

“Todo nos da a pensar que la estrategia está dando los frutos esperados, porque no hemos tenido derramamiento de sangre, porque se ha logrado tomar el control de manera pacífica, porque se está recuperando la confianza en la policía federal (…)».  “Lo más importante es neutralizar sus capacidades de operación, organización, reclutamiento, financiamiento y generación de violencia», declaró en esa ocasión el funcionario federal.

Durante el siguiente año de su labor en Michoacán, las cifras de elementos fueron fluctuantes y se distribuían en el estado de acuerdo a como se desarrollaban los conflictos del crimen organizado y autodefensas. Pero las cifras en cuanto a crimen no terminaron por convencer del todo. Finalmente, hoy las luchas de carteles por el control de las plazas en el estado continúa siendo un motivo de ejecuciones y enfrentamientos.

Pero además, a un año de la partida del apodado “virrey”, hoteleros michoacanos resienten su retiro del cargo y no precisamente porque hayan dejado de percibir beneficios, sino porque tras su gestión en Michoacán se dejó un adeudo con ellos; pues aquellos elementos federales que reforzaron la seguridad en la entidad ocuparon hoteles para alojarse durante lapsos de meses, principalmente en Morelia, Uruapan y Apatzingán, sin hacer pagos en ese momento.

En días pasado el empresario y presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, Agustín Arriaga Diez, reveló que en cerca de 17 hoteles, de los mencionados destinos, se ocupaban casi en su totalidad las habitaciones, “muchos dejaban dos, tres habitaciones, porque alguna pues iba a llegar la suegra del dueño y  ‘déjame dos tres habitaciones’, aquí lo grave es que no fueron solo las habitaciones, sino que también los alimentos, las lavanderías (…) llegaban, nada más firmaban ‘ahí luego les pagan’, y ¡vámonos!”.

Esta situación dejó adeudos que acumulan un total de 50 millones de pesos, pero el propio Arriaga Diez advirtió que, “seguro es más porque hay un teja, que hay muchos hoteleros que no quieren levantar la mano para decir ‘a mí me deben también’, por temores ya muy personales”, aunque sin especificar el origen de los “temores”.

El sector dedicado a este servicio se trata de uno de los que más han resentido durante los últimos años la situación de violencia en el estado, pues los promedios de ocupación han sido bajos debido a la imagen, en 2014 dicho promedio apenas llegó al 34.4 por ciento, una cifra que representó apenas un 1.3 más con respecto al año anterior y ese había sido el resultado  para este sector.

El empresario finalmente recalcó que los senadores de Michoacán y Guerrero, Raúl Morón y Armando Ríos Piter, impulsaron la aprobación de un exhorto al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que se liquiden los adeudos a los hoteleros, “esperemos que ya hagan caso a eso, porque si no le hacen caso a ellos y no pagan, está cabrón”, acotó Arriaga Diez.

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