El auditor que no fue auditado

El encargado de hacer la revisión cuidadosa de las funciones de un gobierno, también puede ser puesto bajo una lupa, cuando se encuentra una posible irregularidad; pero en Michoacán, esto fue evitado por diputados locales. Lo que deja más preguntas que respuestas.

¿QUE ES UN AUDITOR?

Según el artículo 114 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, para el cumplimiento de la función de control y vigilancia que le confiere la Constitución, el Congreso cuenta con un órgano técnico encargado de la fiscalización de las cuentas públicas, cuyo funcionamiento e integración estará a lo dispuesto por la Constitución Federal, la propia del Estado y la Ley de Fiscalización Superior de Michoacán.

Se trata pues de la Auditoría Superior de Michoacán, el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado, que se encarga de revisar que las entidades públicas gasten el dinero como marca la ley, y cumplan los objetivos y metas de sus programas. O lo que es lo mismo: que el presupuesto se utilice para el beneficio de la sociedad.

Así es como se constituye ese ente, que vigila la correcta realización de las labores de las diferentes dependencias y sus integrantes.

PERO NO ESTÁ EXENTO

Pero a pesar de su carácter de vigilante, la propia auditoria y sus integrantes no se libran también de que en algún momento puedan ser verificados en su actuar, y aunque no es común que suceda, es posible que se le acuse ante el Congreso del Estado de un irregular funcionamiento… y así pasó en Michoacán.

GATO ENCERRADO DESDE ANTES

Desde agosto de 2017, la presidencia de la Comisión Inspectora del Congreso documentó los casos de irregularidades, omisiones y probables complicidades en el actuar de José Luis López Salgado, titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), mismo que fue turnado a la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Se trataba de un documento de 25 cuartillas, que da cuenta de las irregularidades en la actuación de López Salgado, mismo que refiere que al dejar de realizar las diferentes actividades que le corresponden, de conformidad con la normatividad legal y constitucional, sus actos y omisiones han redundado en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y del buen despacho de las funciones del órgano técnico del Congreso del Estado.

En ese entonces se expuso el caso de La Piedad, en donde argumentaron que López Salgado ayudó a desvanecer una observación por cerca de 20 millones de pesos de manera irregular, que generaba un quebranto a la hacienda municipal correspondiente a la fiscalización de 2007.

Según estas observaciones, se habría perdonado el quebranto por cerca de 20 millones de pesos a la hacienda pública de La Piedad a cambio de pagar una multa de poco más de mil pesos. Dicha determinación la habría tomado López Salgado por la libre, sin el aval del área jurídica de la Auditoría. Según se argumenta en el documento con los señalamientos del entonces titular del área.

OTROS “PECADILLOS”

Pero después, en diciembre de 2017, el Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE), con el apoyo de 152 firmas ciudadanas, presentó una denuncia de juicio político al Congreso del Estado contra del titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), José Luis López Salgado, por presuntos actos de omisión.

Este organismo detalló que el auditor actuó con omisión al solicitársele desde 2014 –en base al decreto 351, vía Congreso del estado–, un informe detallado del manejo de un empréstito que contrajera el gobierno estatal con banco Multiva, por mil 340 millones de pesos, movimiento que se dio durante 2013, en el mandato de Fausto Vallejo Figueroa.

El auditor estatal habría desacatado un mandato del Poder Legislativo, realizado el 26 de noviembre de 2014, enviando un informe tardío e incompleto, y que se le requería por presuntas omisiones del auditor en la fiscalización de un crédito contratado por el gobierno estatal con la empresa bancaria Multiva, por un monto superior a los mil 340 millones de pesos, durante 2013.

Pero el informe fue elaborado por el auditor, sin la exhaustividad obligada a su función y requerida además por el Congreso del Estado, consideraron integrantes del Cemide.

Inicialmente, las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, en el Congreso del Estado, dieron entrada a la solicitud de Juicio Político en contra del auditor del estado; pero posteriormente, en la votación para señalar si procedía o no este juicio, la posibilidad fue desechada.

Fueron los diputados Wilfrido Lázaro Medina, Raymundo Arreola, Carlos Quintana,  Macarena Chávez, Andrea Villanueva, Alma Mirella González, Miguel Ángel Villegas, Nayeli Huerta, Ángel Zedillo, Manuel López Meléndez, Raúl Prieto, Guadalupe Aguilera, Belinda Iturbide, Francisco Campos, Ernesto Núñez, Juanita Ramírez y Juan Pablo Puebla, quienes votaron en contra de que se realizara juicio a este servidor público.

No está por demás mencionar que entre esta lista de legisladores están dos destacados allegados a Fausto Vallejo Figueroa, que son el ex alcalde moreliano Wilfrido Lázaro Medina y el ex legislador federal Ernesto Núñez Aguilar.

PERO INSISTIRÁN

Después de esta votación, que salvó al auditor de ser revisado en su actuar y que le podía llevar hasta la inhabilitación para cargos públicos, el Centro Michoacano de Evaluación A.C. (Cemide), informó que seguirán adelante en su lucha para llevar a Juicio Político al Auditor Superior de Michoacán.

Y es que su presidente, Alfonso Álvarez Miaja, declaró que el tema no está finiquitado y manifestó que aún quedan algunos recursos que utilizarán, como es el del amparo, ya que consideró hay otras instancias aún a las cuales recurrir.

Arturo Herrera Cornejo, integrante del Cemide, detalló que fueron 152 personas las que firmaron aquella demanda de juicio político, misma que trata de que rindan cuentas y que quién es responsable del mal manejo de los recursos públicos sea castigado.

“Estábamos hablando de un crédito de Multiva por mil 340 millones de pesos, que de acuerdo con el decreto 351 del Congreso del Estado, el auditor tuvo que haber informado sobre cuál fue la aplicación de estos recursos y ahí quedaron muchas lagunas que Cemide, haciendo el trabajo que debería corresponder a la auditoría, investigó con solicitudes de acceso a la información”, indicó.

El mismo integrante señaló que existe opacidad en el manejo de 450 millones de pesos, el auditor tenía 30 días para informar al Congreso del Estado el decreto 351, que se expidió el 26 de noviembre del 2014 y el auditor contestó el 30 de enero de 2016, una respuesta extemporánea.

El Cemide además se encontró con que José Luis López Salgado únicamente copió y pegó información que ya había proporcionado la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y tercero, dicho informe no contaba con la firma del auditor.

 

Así es como hasta ahora el supuesto encargado del buen manejo de los recursos de los michoacanos, por parte de los gobernantes, ahora se ha salvado de ser investigado por hacer un trabajo a medias, y las dudas se multiplican en la ciudadanía al saber que aquellos que deben vigilar a la autoridad, parecen ser cómplices.

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