El Congreso del Estado de Michoacán ¿algo debe?

“El que nada debe, nada teme” … reza un viejo dicho que, usado con sospechas hacia el Congreso del Estado, podría dar visos de alguna situación no regular; pues los legisladores estatales decidieron limitar el acceso a sus sesiones, lo que da a entender que algo podría temerse al reservar tanto el acceso a los michoacanos.

¿QUÉ ES EL CONGRESO?

Es común escuchar en las notas informativas escritas y de medios audiovisuales, sobre el Congreso del Estado, pero ¿de qué se trata esto?

El Congreso del Estado de Michoacán es el órgano colegiado; es decir, que tiene múltiples integrantes que se coordinan en una labor, en el cual se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en el Estado.

El Poder Legislativo se refiere a la elaboración de los lineamientos legales que rigen instituciones, conductas y actividades de una sociedad.

El Congreso se integra con cuarenta diputados, de los cuales 24 son electos por el sufragio universal, libre, secreto y directo, esos que los ciudadanos tachan en las boletas en los días de elección.

Y otros 16 son electos conforme al principio de representación proporcional, que significa que son asignados de acuerdo al porcentaje de votos que un partido político obtiene en las elecciones, para lo cual cada partido da una lista de candidatos, también conocidos como “plurinominales”, y según la proporción de votos que el partido recibe, se le asigna cierto número de espacios en el Congreso.

El Congreso del Estado funciona por Legislaturas, como se les llama a los periodos con sus respectivos integrantes, cada periodo constitucional es de tres años.

Según las leyes, entre sus principales funciones destacan la de representar políticamente a los michoacanos; legislar sobre los ramos de la administración que sean competencia del Estado, así como participar en las adiciones o reformas a la Constitución Local y a la Constitución de la República.

También fiscalizar (es decir, revisar) las acciones del Estado y los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública; y, por otro lado, erigirse en Jurado de Sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio del interés público.

Este pilar del sistema gubernamental mexicano tiene su origen en 1821, cuando recién consumada la independencia de México se convocó al Congreso Constituyente Mexicano y al mismo tiempo, el entonces presidente Agustín de Iturbide, ordenó que se establecieran las diputaciones en las provincias que carecieran de ellas, entre esas estaba Michoacán, y se estableció el 1 de febrero de 1822.

ABIERTO A… ¿TODOS?

Según el artículo 44 de la Constitución Política del estado de Michoacán y el 47 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, se establece que las sesiones del Congreso del Estado deben ser abiertas para todo público, en virtud de que se trata de asuntos de interés público.

Incluso en la sala de pleno del Congreso del estado de Michoacán se cuenta con una tribuna específicamente construida para que cualquier ciudadano pudiera ingresar a presenciar las sesiones del legislativo local.

Sin embargo, dos semanas atrás, Baltazar Gaona Sánchez, alcalde de Tarímbaro y padre del diputado Baltazar Gaona García, lanzó billetes y monedas de distintas denominaciones desde las tribunas altas para el público en general, hacia los espacios de los legisladores locales.

Esta acción fue respuesta al rechazo de los congresistas a la iniciativa de Gaona García, que obligaría a los diputados a rendir informes quincenales de los recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

Como consecuencia, el pasado 3 de diciembre, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado de Michoacán decidió restringir el acceso a las sesiones, mediante un acuerdo que estableció desde el 3 de diciembre.

Sin embargo, no fue sino hasta esta semana cuando fue turnado al resto de los legisladores para su conocimiento.

Se trata de un acuerdo de cuatro puntos y en el primero de ellos se establece que corresponde al Presidente del Congreso preservar el orden y la libertad en el desarrollo de las sesiones, así como hacer respetar la seguridad de Palacio Legislativo y velar por la inviolabilidad del Recinto.

Como segundo punto se establece que a partir de esta fecha los diputados que deseen traer invitados a las sesiones y reuniones que celebra el Congreso deberán solicitar autorización, con por lo menos cinco días previos.

Además, los servidores públicos o ciudadanos que deseen ingresar a las sesiones de Pleno, visitas guiadas o como invitados de diputados deberán enviar escrito dirigido a la Presidencia de la Mesa, en la que especifiquen la fecha de la visita, el número de personas, sus nombres, nombres de los responsables y actividad a desarrollar.

Una vez autorizado el ingreso de los invitados y/o grupos organizados, el responsable quedará obligado a garantizar que su grupo se conducirá con orden y respeto durante toda su visita dentro del Palacio Legislativo, en caso de que el responsable no pueda garantizar lo anterior, el Presidente del Congreso ordenará el retiro de los grupos asistentes, auxiliándose del Departamento de Seguridad.

Así es como ahora los diputados “se ponen sus moños” para recibir visitas en el recinto, donde supuestamente está representado el pueblo.

LOS ‘RASPADOS’

El pasado jueves, 13 de diciembre, el diputado Antonio Madriz Estrada presentó la iniciativa para una nueva Ley de Educación del Estado, para lo que invitó a un grupo de 25 maestros a acompañarlo a la sesión.

El aviso sobre la asistencia de los profesores fue hecho por el coordinador parlamentario de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, a la presidencia de la Mesa Directiva, ocupada por Antonio Salas Valencia, quien negó el permiso con base al acuerdo tomado por la Junta de Coordinación que el líder guinda firmó.

Cuando Madriz Estrada salió para recibir a sus invitados, este jueves pasado, simplemente lo dejaron en la calle, cerrando las puertas de Palacio Legislativo, pese a que el grupo de profesores apenas si sumaba una docena.

De esta forma, hasta uno de los propios diputados quedó afectado por estas nuevas medidas adoptadas por el Congreso.

¿Verdaderamente el Congreso del Estado tiene en su interior a representantes ciudadanos?, ¿Es tan transparente como se presume? Las afectaciones hasta a los mismos integrantes de la LXXIV Legislatura local dejan en evidencia que no hay un funcionamiento óptimo en este órgano.

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