El fingido peso de la ley

¿Que pueden tener en común dos ex presidentes brasileños, un ex gobernador veracruzano, una empresa trasnacional constructora y una presa en Tierra Caliente Michoacana? La respuesta es: Corrupción.

Sin embargo, los efectos que este mal genera difieren y Michoacán es uno de esos sitios donde parece que no tiene efecto, aunque haya evidencias de que existe y a pesar de los esfuerzos ciudadanos para que haya castigo a culpables.

IMPORTANDO CORRUPCIÓN

Probablemente ha escuchado hablar o ha leído algo sobre una empresa llamada Odebrecht. Se trata de una constructora originaria de Brasil, que operaba en varios países del mundo y que durante los últimos años ha sido investigada en muchos de ellos, debido a que se encontraron evidencias de corrupción.

A grandes rasgos, la empresa daba sobornos a funcionarios para que le fueran asignadas grandes obras, aunque no las realizaba a cabalidad.

Esto ha llevado a que dos ex presidentes de Latinoamérica ya hayan sido procesados, se trata del brasileño Luis Ignacio “Lula” Da Silva y Ollanta Humala de Perú.

En Brasil, se logró descubrir cómo Odebrecht otorgó “propinas” a Lula Da Silva, que se retrataron en un departamento que la empresa regaló a la esposa de Da Silva y que ésta “rentó” a una empresa que daba servicios al gobierno brasileño.

También en Colombia las investigaciones a esta empresa tuvieron efecto, pues a su ex presidente Juan Manuel Santos, se le descubrió que recibió supuestamente un millón de dólares a su campaña presidencial, que la firma brasileña pagó al Senador Otto Bula, quien está preso por haber recibido 4.6 millones en supuestos sobornos de Odebrecht.

Para entender las magnitudes de lo que generó esta empresa, basta decir que en octubre 2017 autoridades de al menos diez países, incluyendo México, participaban en el operativo Odebrecht, que supuestamente cerraría el año con una redada espectacular para lograr la captura de los personajes involucrados en el mayor escándalo de corrupción, a nivel regional, del que se tiene registro.

Sin embargo, en México las declaraciones de tres altos ejecutivos, en torno a los sobornos que se repartieron en este país, en concreto a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien señalaron de recibir 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener contratos de obra pública, las pesquisas en México parecen no avanzar.

Al menos 14 funcionarios del gobierno federal y del gobierno de Veracruz, entre 2010 y 2016, están involucrados en el tema de los sobornos.

MICHOACÁN TAMBIÉN IMPLICADO

Nuestro estado también está inmiscuido en estas situaciones, pues la tan presumida presa “Francisco J. Múgica”, ubicada en Tierra Caliente, igualmente fue edificada por esta empresa brasileña y también tiene detrás de ella una historia de corrupción.

Resulta que esta edificación se debió haber concluido en octubre de 2008, con un costo de mil 500 millones de pesos, pero fue entregada hasta inicios de 2013, a un costo de 2 mil 915 millones de pesos.

El contrato con Odebrecht fue firmado el 29 de noviembre de 2006, por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, bajo la modalidad de “precio alzado” y “llave en mano”, lo que significa que estaba garantizado que el costo de la obra no se incrementaría.

Sin embargo, esa modalidad no fue respetada, pues al asumir Leonel Godoy la gubernatura, le otorgó a Odebrecht, en forma ilegal, una ampliación del contrato original por 601 millones de pesos, y autorizó obras adicionales por 813 millones de pesos más.

Entre julio de 2009 y junio de 2010, Godoy autorizó a Odebrecht contratos extras por mil 414 millones de pesos para la conclusión de la presa. Además, su gobierno aprobó a la constructora terminar la obra hasta principios de 2012, lo que tampoco cumplió, pues la entrega se realizó hasta 2013.

A pesar de la irregularidad, ningún ex funcionario michoacano ha sido procesado hasta ahora.

Pero el pasado 6 de noviembre, el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), presentó denuncia ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción por las irregularidades en la construcción de la Presa J. Múgica.

Este comité, que es de reciente creación, llevaba algunos meses trabajando en esta denuncia y su presidente, Juan José Tena García, expuso pormenores de la denuncia:

“Presentamos esta denuncia penal contra quien resulte responsable, hay un par de nombres por ahí en los documentos a los que tuvimos acceso, todo ello gracias a la colaboración y apoyo de organizaciones y periodistas”, expuso.

LA LEY, SIN LOS EFECTOS DESEADOS

Ahora falta que “la ley” ejerza su tan invocado peso en este caso. Sin embargo, se debe tener reserva sobre los efectos que pueda haber, pues además del antecedente ya mencionado en México, de que no se han ejercido acciones en concreto por la corrupción impulsada por la empresa brasileña en el país, en Michoacán hay ex gobernadores que tampoco han sido llamados a dar cuentas, a pesar de las denuncias en su contra.

En febrero de 2017, se dieron conocer las 21 denuncias penales por el delito de peculado, en las que estaban involucrados al menos 32 servidores públicos de primer nivel de las administraciones de Leonel Godoy Rangel, Fausto Figueroa Vallejo y Jesús Reyna García.

Para octubre de ese mismo año, el ex Secretario de Finanzas, Luis Miranda Contreras, fue detenido enfrentando un proceso penal por peculado.

Pero el ex Secretario apenas estuvo 7 días en prisión, cuando pudo salir en libertad tras el pago de una fianza de 50 millones de pesos.

Mientras que ninguno de los ex gobernadores implicados ha sido detenido; por el contrario, siguen haciendo política, al grado de que Vallejo Figueroa intentó ser presidente municipal de nueva cuenta y Leonel Godoy Rangel ocupa cargos de dirigencia en el Movimiento de Regeneración Nacional.

 De esta manera el tan llamado “peso de la ley” queda en tela de juicio en Michoacán, y a pesar de los niveles, incluso internacionales, que alcanza la corrupción que aqueja a la entidad, se puede dudar de que vaya a aplicarse castigo.

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