EL GOBIERNO Y SU PARTIDO TODO LO CORROMPEN

Una propuesta de ley, emanada de la sociedad civil, pintaba para marcar un parteaguas en el ejercicio de las funciones públicas. Sus exigencias, en materia de transparencia, significaban una marcada diferencia en las “cuentas a rendir” por parte de los gobernantes; una situación que fuera rechazada por una mayoría, entre ellos algunos michoacanos con un historial que deja en claro el porqué de su rechazo a esta ley.

Las acusaciones de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito se han dado en Michoacán y la ley 3 de 3, que sería de aplicación nacional, podría haber sido un factor que aportaría a que la clase política fuera más transparente con sus manejos al tomar un cargo público; pero esta posibilidad, por ahora, está truncada.

3 de 3

Este fue el término con el que se le conoció a la ley que, cuya característica fundamental es la obligación de los servidores públicos de presentar tres declaraciones, la que actualmente se declara que es la patrimonial.

Pero con la iniciativa se le suman la declaración de impuestos y la declaración de intereses. Esta última se caracteriza por declarar las relaciones económicas y comerciales que se tienen; es decir, con qué empresas u organizaciones se tienen intereses, ya sea porque se participa en ellas o porque algún familiar o amigo son dueños o accionistas. De tal manera que el servidor público no deberá, ni podrá, tomar decisiones de compra de bienes y servicios relacionadas con dichas empresas, pues se estaría en el supuesto del conflicto de intereses.

Esta es una declaración novedosa y adecuada, pues limitaría y haría más claro el conflicto de intereses, situación que en este sexenio ha sido muy cuestionada. Estas tres declaraciones serían públicas, sin excepción.

Para que esta ley llegara hasta las votaciones en el poder legislativo requería de al menos 120 mil firmas de ciudadanos que la apoyaran, tras una campaña de recolección llegó hasta las 650 mil en total.

Incluso en Michoacán, uno de sus “entusiastas” impulsores fue el presidente municipal de la capital, el ex panista Alfonso Martínez Alcázar, quien usó esta modalidad de presentación de declaraciones como una de sus cartas fuertes en la campaña para llegar a la presidencia de Morelia; pues entre sus principales banderas, estuvo la de que él fue el único candidato que presentó estas tres declaraciones.

En su trayecto hacia la votación definitiva, una de las voces que respaldaron la propuesta fue la del activista colombiano Jorge Melguizo Posada, quien es reconocido por su labor en la erradicación del fenómeno de corrupción en el país cafetalero. El activista señaló como trascendental la propuesta para que los ciudadanos tuvieran confianza en el ejercicio del poder.

Una voz constante en favor de la propuesta fue la de la iniciativa privada, organizaciones empresariales no solamente fueron fundadoras de esta iniciativa, sino que la impulsaron constantemente para que llegara hasta el legislativo federal para su votación.

El freno

Pero la madrugada del pasado miércoles, 15 de junio, la mayoría de los Senadores votó en contra de que los tres tipos de declaraciones ya mencionados fueran públicas de forma obligatoria, y con los formatos de la iniciativa #3de3, la votación fue de 51 a favor y 59 en contra.

A cambio añadieron a la ley que las declaraciones se harán públicas solo si lo autoriza el funcionario en cuestión y en un cierto afán de venganza, en el articulo artículo 32 establecieron la obligación para todas las personas que manejen recursos públicos (desde dirigentes de empresas a becarios de programas sociales), tengan que rendir su declaración patrimonial y de ingresos.

Los autores

Quienes votaron contra la forma original de esta ley, fueron 52 Senadores del Partido Revolucionario Institucional, seis del Partido Verde Ecologista de México y el independiente Manuel Cárdenas Fonseca.

Pero además de los votos en contra, no votaron 7 Senadores del Partido del Trabajo, cuatro del Partido Acción Nacional, dos del Partido Revolucionario Institucional, una del Partido Verde Ecologista y dos más del Partido de la Revolución Democrática.

Entre los nombres de quienes votaron en contra de esta ley, está el de Emilio Gamboa Patrón, hombre de amplia trayectoria en el partido tricolor y quien, entre otros escándalos, fue relacionado con el empresario pederasta Kamel Nacif.

Otro de los personajes, es el también líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Dechamps, quien durante 37 años ha estado en algún cargo legislativo federal y en múltiples ocasiones se ha expuesto su enriquecimiento, que da para regalar autos de dos millones de dólares a su hijo.

En el caso de los que no votaron, destaca el nombre de Manuel Bartlett, aquel que en 1988, en sus años de priista, fue el encargado de anunciar que los resultados de la elección presidencial de ese año demorarían, pues se había “caído el sistema”. Un argumento que se usó para no reconocer que había una victoria parcial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pero que quedó marcada como la antesala de un fraude cibernético perpetrado  la madrugada del 7 de julio de 1988.

Otra recientemente “famosa” fue Layda Sansores, aquella que en la discusión de la reforma energética y emulando los “Cuadernos de Lanzarote” del escritor José Saramago, condenó en la tribuna del senado: “Vayan y privaticen a la puta madre que les pario”.

No se puede dejar de mencionar a la ex atleta y ahora legisladora Ana  Gabriela Guevara, quien se abstuvo de votar sobre esta iniciativa.

Pero, ¿y en Michoacán?

Michoacán es representado en el Senado por Luisa María Calderón Hinojosa, Raúl Morón Orozco, José Ascensión Orihuela Bárcenas y María del Rocío Pineda Gochi, estos dos últimos fueron de los que emitieron su voto en contra de la iniciativa original, ambos del Partido Revolucionario Institucional.

Pineda Gochi, además de su constante labor en el tricolor, en los últimos años fue recordada por haber sido quien reemplazó en la presidencia municipal de Morelia a Fausto Vallejo Figueroa en 2011 y así se convirtió en la primera mujer en gobernar la capital.

Pero en el caso del mejor conocido como “Chon” Orihuela, la más reciente actividad destacada en el ámbito político, fue su pretensión de llegar a la gubernatura del estado por parte de su instituto político.

¿Temor fundado?

El Senador que evitó que se le obligara a transparentar sus bienes y declaraciones de impuestos, así como sus relaciones con el sector empresarial, en 2012 se volvió nota nacional. En esos días también ocupaba un cargo en el Senado de la república y fue captado cuando llegaba en su lujoso automóvil a una reunión con el virtual presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la Ciudad de México.

Se trataba de un Porsche Panamera, cotizado en 133 mil 500 dólares, que en moneda nacional rebasaba el millón de pesos como valor. El Senador se defendió, diciendo que este era “un auto como cualquiera (…) es un vehículo que mi empresa adquirió usado, no es un vehículo nuevo y no tiene el valor al que se refieren. Es un vehículo que me satisface y que pienso adquirirlo a mi empresa”. Incluso rechazó que haya sido un error haberse dejado ver a bordo del Porsche Panamera.

Pero para su siguiente intento por ser gobernador, en los pasados comicios de 2015, Chon fue señalado por el Partido de  la Revolución Democrática, de que el priista era propietario de 56 predios, ubicados en Morelia, Zitácuaro, Tarimbaro y Pátzcuaro, mismos que se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad de la entidad y cuyo valor comercial había sido valuado por peritos especializados en 302 millones de pesos.

Durante los 30 años que llevaba al frente de distintas responsabilidades del servicio público: presidente municipal de Zitácuaro, diputado local, federal, Senador, representante del PRI, dirigente, etcétera, todos sus ingresos llegan a 45 millones de pesos, destacaron los denunciantes, por lo que las cuentas no concordaban.

Pero además de los 56 predios a nombre del abanderado del tricolor, existen otras 41 propiedades a nombre de sus hermanos, hijos y esposa, denunciaron.

Aunque se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, no pasó del mero inicio de este trámite.

En esta situación no se puede dejar de mencionar que el Senador fue acusado por habitantes de la comunidad de El Potrero, de que en 2013 taló el bosque en un terreno parte del ejido. El cual resultó ser de su propiedad, sin que se hubiera aprobado la venta por la asamblea de ejidatarios.

Ante situaciones como esta, se puede sospechar el motivo por el que “Chon” evitó que se concretara la ley que le obligaría a dar a conocer sus propiedades, pagos de impuestos y relaciones empresariales.

¿Qué es de la ley ahora?

Después de las modificaciones que hiciera el Senado y con las que se aprobó la ley, esta necesita análisis de la presidencia de la república, después del cual tendría que ser promulgada; pero posteriormente a las manifestaciones de desacuerdo del sector empresarial, uno de los artículos ya ha sido vetado y se espera que en lo subsecuente la ley modificada por los Senadores sea vetada y tenga que votarse nuevamente, para que se pudiera dar su aprobación en los términos inicialmente propuestos.