El paraíso de la tortura
Anuncios estruendosos de los nuevos sistemas de justicia penal pretenden establecer confianza en autoridades, más específicamente en cuerpos policiacos. Sin embargo, las realidades tanto del país como de la entidad distan mucho de esa confianza, pues la práctica de la tortura ha prevalecido por décadas y las alertas sobre esta prevalecen; peor aun cuando las puertas están abiertas, como en Michoacán, el paraíso de la tortura.
EL VIEJO MÉTODO
La Real Academia Española define la tortura como: “Grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo”.
Históricamente esta práctica ha estado presente en nuestro país desde la época de la colonia e incluso antes y ha permanecido a lo largo de los centenarios.
En la época reciente, el año 2014, se volvió clave para esta problemática, pues dos organizaciones de presencia internacional ejercieron importantes acciones sobre la problemática. Se trata de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional.
Por parte de la ONU el relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, Juan E. Méndez, visitó México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, con el objetivo de evaluar la problemática.
Por parte de Amnistía Internacional, lanzó una campaña global para pedir la erradicación de la tortura y otros malos tratos. México fue elegido como uno de los cinco países en los que se centraría esta campaña.
Por parte de la ONU, entre sus principales conclusiones señalaba que: “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
En el caso de Amnistía Internacional, resaltó que tan solo de 2013 al 2014 se habían duplicado las denuncias por tortura en el país y en el lapso de 2003 a 2013 el incremento en este tipo de denuncia fue de 600 por ciento; pero, aún más escalofriante, fue saber que en 32 años solo se habían dictado 7 condenas a nivel federal por tortura.
EL CASO QUE PRENDIÓ LOS FOCOS (DE NUEVO)
No lejos de Michoacán, en el vecino estado de Guerrero, un caso puso los focos rojos de nuevo a nivel nacional. La crudeza de un video publicado el pasado 14 de abril en Facebook, donde se puede apreciar a dos integrantes de las fuerzas armadas mientras torturaban a una mujer, puso el tema de nuevo en medio de una vorágine de señalamientos. No pasaron más de diez días para que fueran juzgadas las participantes del acto que había sido video grabado.
La Secretaría de la Defensa Nacional admitió que el video era real y señaló que “se enteró el pasado 10 de diciembre 2015, de las acciones que se muestran en el video, dándole inmediatamente vista al Agente del Ministerio Público Militar, quien integró la averiguación previa correspondiente, a fin de reunir los elementos de prueba para ejercer acción legal en contra del personal involucrado”.
Y explicó además que desde enero de 2016 se había internado en prisiones militares a los dos elementos castrenses por desobediencia.
Pero se debe resaltar que no fue sino hasta la aparición del video en redes que la Secretaría dio esta explicación.
Bajo este contexto, para el académico del centro de investigaciones jurídico – políticas de la Universidad de Tlaxcala, Sergio Méndez Silva, este caso sólo demostró la tortura como una práctica generalizada dentro de las instituciones mexicanas, una realidad que el gobierno mexicano ha intentado ocultar mediante campañas de descalificación contra defensores de derechos humanos.
“La tortura es sistemática, es generalizada, es una práctica institucional y eso es lo más grave, porque en México se tortura en todos lados”, expresó a El Universal este experto.
LAS CONSECUENCIAS FATALES
El pasado 25 de mayo, la organización civil yucateca “Equipo Indignación”, denunció la muerte de un habitante de la localidad de Temax, en ese estado de la península, quien fuera detenido con violencia y posteriormente torturado, para posteriormente morir en la cárcel municipal.
“Uso excesivo de la fuerza, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias e ilegales, incomunicación, son prácticas habituales de agentes de distintos cuerpos policíacos de Yucatán, pero constituyen crímenes que persisten por la impunidad que procuran las autoridades”, señaló un comunicado.
Sin embargo, no se requiere ir hasta el sureste mexicano para encontrarse con consecuencias fatales de la tortura en recientes fechas.
La noche del 23 de mayo pasado, se encontró el cuerpo sin vida de Elías Velázquez, de 27 años de edad, quien habría sido detenido porque aparentemente se encontraba bajo los efectos de la droga, por lo que se le trasladó al área de barandillas, donde se le encontró colgado de los barrotes de su celda con una camisa.
Pero en las averiguaciones posteriores se encontró la causa de muerte como una asfixia por sofocación. Esto, aunado a otros elementos que tuvo la Policía Ministerial, se pudo conocer que la víctima fue golpeada por dos servidores públicos horas antes de su fallecimiento. El supuesto suicidio fue una escena montada por los propios policías para esconder su crimen.
El hecho llevó incluso a manifestaciones por parte de los familiares del fallecido y de otra persona que muriera en condiciones similares y quienes además denunciaron que se les había ofrecido la cantidad de cinco mil pesos por no denunciar el hecho.
Se debe destacar que la víctima no fue registrada con su nombre real y tampoco se le practicó el examen de integridad corporal.
Los policías identificados como responsables están ahora bajo proceso por el homicidio. Pero en este punto se debe resaltar que sólo este delito fue señalado sin que su acción de tortura tenga algún peso, esto debido a una situación aún más escalofriante y que convierte a Michoacán en un paraíso para la tortura.
LA TORTURA NO ES DELITO EN MICHOACÁN
De enero de 2014 a la fecha se han presentado más de 200 quejas por tortura en Michoacán, 60 por ciento de ellas contra policías de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de las fuerzas Rural y Ciudadana adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE), dio a conocer en marzo de este año la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La misma dependencia dio a conocer en 2015 que Michoacán ocupaba el cuarto lugar a nivel nacional en tortura, en el año anterior la posición había sido la quinta, la practica crece, la razón se encuentra en la propia ley.
El Código Penal de Michoacán no contempla la tortura como un delito, ni tampoco existe alguna ley que castigue su práctica. Así que aun con la existencia de denuncias ante las instancias de investigación criminal, estas no proceden.
Quien recientemente lo recalcó fue el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Serrato Lozano, “en estos momentos la tortura no está tipificada como delito en el código punitivo (penal) en Michoacán, hubo algunas reformas que causaron que la tortura no estuviera contemplada como conducta atípica y antijurídica en el documento”.
El pasado tres de mayo la Organización de las Naciones Unidas envió una comunicación al Congreso del Estado de Michoacán, a fin de instarlo a que legisle a la brevedad posible para que se tipifique el delito de tortura, pues no existe impedimento para hacerlo y porque es un despropósito que tras la reforma constitucional en materia de protección de los derechos humanos, como es el caso de tortura.
Mientras legislaciones con lagunas continúen en el estado y además autoridades busquen solapar actos de tortura, Michoacán continuará siendo un paraíso para la tortura.