El riesgo, la muerte e impunidad que rondan en Michoacán

Pese a los altos índices de homicidios en el estado de Michoacán, hay un contraste que atemoriza aún más en el estado, y es que prácticamente es la entidad que registra menos encarcelamientos por la comisión del delito de homicidio: en Michoacán, la impunidad avanza de la mano con la muerte.

Además, otros hechos delictivos, a pesar de su riesgo probado, en la entidad son minimizados o ignorados, contribuyendo así a la impunidad en el estado.

TRES ASESINADOS POR DÍA, Y AUMENTA

Durante el año 2018 se contabilizaron mil 100 homicidios dolosos en el estado, informó el Secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, a inicios de este año, 2019.

Aunque la cifra representa un 7% menos de asesinatos, en comparación con 2017, cuando se contabilizaron mil 277, la cantidad sigue preocupando, pues significa que en el 2018 se asesinó a tres personas por día, en promedio.

Además de que enero de 2019 se convirtió en el arranque de año más violento de los últimos cuatro años, pues hubo 141 asesinatos. Mientras que en 2016 la cifra de homicidios, en el mismo lapso de referencia, fue de 82; en 2017 el número ascendió a 118 y en 2018 el registro fue de 114 muertes violentas.

El primer mes del año en Michoacán tuvo entonces un promedio de 4.5 asesinatos por día, un repunte de promedio destacado, en comparación del año pasado y también en relación a otros periodos similares de otros años.

En relación al mes de febrero, basta mencionar que el pasado fin de semana, del 1 al 4 de febrero, se vivió una jornada violenta en el estado de Michoacán, luego de que se registraron balaceras, ejecuciones y enfrentamientos, con un saldo de 13 personas muertas y 4 heridos.

INTENTOS DE SECUESTRO NEGADOS

La semana pasada, en redes sociales se viralizó el video del supuesto intento de secuestro que, se aseguró, había ocurrido en la calle 20 de noviembre, en las cercanías del templo de San José, en el centro de Morelia.

Posteriormente, la Comisionada para la Seguridad de Morelia, Julisa Suárez Bucio, declaró que el área a su cargo analizó a profundidad el video y no encontró indicios de que efectivamente el presunto intento de rapto haya sucedido en esta ciudad.

“No se parece a ninguna de las calles de nuestra ciudad. Estamos haciendo la búsqueda para ver si este video ya estaba en redes y pertenece a otro espacio, pero todavía no tenemos la información concreta. Lo cierto, es que aparentemente no es de nuestra ciudad”, afirmó la Comisionada.

 

Sin embargo, vecinos del centro moreliano rectificaron ante medios de comunicación lo señalado por la funcionaria, al hacer del conocimiento que el video del evento violento sí fue grabado en la ciudad de Morelia, en la calle Corregidora, a la altura del número 746, entre las calles Nicolás Bravo y Quintana Roo.

EL RIESGO A PERIODISTAS, TAMBIÉN MINIMIZADO

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado a conocer, desde 2016, que “en lo que se refiere al número de periodistas desaparecidos, los estados de Veracruz y Michoacán tienen 20% de los casos cada uno, mientras que Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León tienen 10%. Significa que siete de cada 10 desapariciones de comunicadores ocurren en esas cinco entidades”.

Pero en 2017 y 2018 las agresiones al gremio periodístico han continuado por parte de las autoridades municipales y estatales en Michoacán, a pesar de esto, los delitos contra los comunicadores parece que fueron considerados cosa menor por los actuales diputados locales.

En el dictamen que contiene la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, los diputados locales optaron por omitir la incorporación de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

El dictamen que contiene la nueva norma, fue aprobado el miércoles 6 de febrero por la Comisión de Justicia y en él se deja fuera la referida Fiscalía, sin que en sus declaraciones del porqué los diputados tuvieran claridad del asunto y pese a que en México el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo, al nivel de Siria y Afganistán.

En las tres iniciativas de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que en su momento presentaron Morena, PRD y PRI, sólo en ésta última se planteó la incorporación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Tras el asesinato del periodista michoacano Salvador Adame Prado, en mayo de 2017, una de las exigencias del gremio periodístico en la entidad fue la creación de la Fiscalía Estatal, tanto que, ese mismo año el Gobierno Estatal se vio forzado a plantear tal posibilidad, que ahora fue omitida.

ALTA IMPUNIDAD

Michoacán es el estado de la República en que menos encarcelamientos existen del total de averiguaciones previas registradas por homicidios, conforme los datos del Índice Global de Impunidad en México 2018, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El documento contiene un análisis de la situación que priva en cada una de las entidades federativas, y en el caso de Michoacán apunta que el estado se clasifica como un caso de comportamiento atípico, con una puntuación de 66.25, ya que la situación que ha enfrentado en los últimos años no garantiza certidumbre en sus datos.

En el rubro denominado “cadena impune” se apunta que el número de averiguaciones previas iniciadas es exactamente el mismo que el de presuntos delitos (35 mil 306), lo que indica que todas las averiguaciones previas contenían el mismo número de delitos o que se reportó la misma información en ambos rubros.

Del total de denuncias o querellas que llegan ante el Ministerio Público, únicamente se les da resolución al 32% (11 mil 355).

Refiere que los retos más grandes para el estado se encuentran en la dimensión funcional del sistema de seguridad y de justicia y agrega que del total de averiguaciones previas por homicidios, sólo se encarcela al 4% de ellas.

“Esta cifra es la más baja a nivel nacional, lo que podría sugerir que un porcentaje de los presuntos inculpados permanecen en las calles y que el sistema de justicia carece de capacidades para desarrollar su labor”, indicó el documento.

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