Fiscalía, alcaldes, diputados, cómplices del terror que azota nuestras regiones
Por: Tere Torres, experta en materia de seguridad
Las omisiones por complicidad, ignorancia, incapacidad institucional, deberían ser sancionadas, especialmente en territorios en donde existe pandemia de homicidios y autoridades que no cumplen las funciones para las que se “alquilaron”.
En una entidad en la que los niveles de impunidad superan el 95 por ciento, la inacción y los vacíos que se generan en la articulación que por ley, debería existir entre los órdenes de gobierno para el mantenimiento del orden púbico, la seguridad y la justicia, castigar la corrupción de quienes no cumplen su labor debería ser prioritario.
Michoacán vive una escalada de violencia que es motivada y creciente en gran medida, por la nula respuesta de las instituciones. Es muy rentable cometer delitos en un estado, en municipios, donde no se castiga, donde es más difícil ser buen ciudadano que delincuente, donde prevale la lógica arcaica y destructiva de “el que no tranza no avanza”.
De manera especial en las regiones como Tacámbaro, que en términos de producción de aguacate en el estado, el primer lugar es Tancítaro, el segundo lugar es Tacámbaro y el tercero es Uruapan, la escalada de violencia tiene mucho que ver con el crecimiento de la riqueza sin el crecimiento del orden público, lo he dicho en muchos foros internacionales, es una tragedia tener riqueza sin educación y sin mantenimiento del orden público, los niveles de extorsiones, de secuestros, de homicidios, de violencia intrafamiliar, de consumo de drogas, de consumo de alcohol, han colocado a esta región, de una manera muy dramática con un crecimiento y una pandemia de delitos, de homicidios sobre todo, como resultado de la inacción de las autoridades y también de la complicidad de los malos ciudadanos, es muy rentable ser mal ciudadano y es muy rentable cometer delitos en territorios así de desordenados.
La verdadera preocupación en términos de operación de la Fiscalía, de los alcaldes en cada una de las regiones y de los diputados, debería ser el diseño de política pública que resuelva esas carencias de abajo hacia arriba; no es posible que Tacámbaro no tenga una Fiscalía Regional y si tenga una quinta compañía de infantería no encuadrada de los militares desde el 95, por el nivel de delitos y de impunidad que ocurren en esa región y por la riqueza que se genera, es decir, pareciera que la realidad en el territorio es bien diferente a la realidad que quieren ver en el escritorio las autoridades.
Los Diputados locales, la Fiscalía, los alcaldes de la región, tendrían que estar pensando en como abatir esos malos resultados que tienen en términos de resultados institucionales y como coordinar las capacidades de investigación, que ahora también se faculta a las policías en lo municipal, pero pareciera que esos diseños no existen, porque pareciera que le es muy conveniente a las autoridades en todas las regiones que estos niveles de impunidad y de violencia se mantengan en crecimiento.