La amenaza ambiental para Michoacán en un papel

La conservación de la riqueza natural de Michoacán ha costado esfuerzos desde lo legal, resistencia, sangre y hasta muertes, pero ahora la amenaza acecha desde un simple papel, con las propuestas de modificaciones de leyes estatales.

Activistas defensores del medio ambiente del estado han alzado la voz ante lo que califican como la peor ley de su tipo en el país.

RIQUEZA ENVIDIADA

De un total de cinco millones 911 mil 847 hectáreas que conforman el territorio michoacano, de ellas tres millones 596 mil 206 son las que se clasifican de uso forestal. Es la región de la sierra – costa en la que se cuenta con el mayor número de hectáreas ocupadas por bosques y selvas. Dicha región la conforman los municipios de Coalcomán, Tumbiscatío, Arteaga y Aquila.

En todo el estado los bosques mixtos, en la actualidad, constituyen el ecosistema forestal más amenazado en la entidad, especialmente los bosques de pino y encino, donde se ha observado el aumento en la incidencia de la tala clandestina, al tiempo que una mayor presencia del conflicto social y control de la delincuencia organizada.

La Comisión Forestal del estado ha expuesto que entre 1990 y 2010 se produjo la pérdida de un millón 335 mil 059 hectáreas, de las que 630 mil 004 corresponden a bosques y 705 mil 055 a selvas, situación que se ha acompañado de un decrecimiento en la obtención legal de madera.

ORIGEN DE LA NUEVA CONTROVERSIA

Desde hace casi un año la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet) planteó modificaciones en la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán.

En ese entonces la dependencia estatal presumió que esa iniciativa buscaba seis reformas y una nueva ordenanza para sustituir la  Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, LADS que está vigente.

Entre las reformas se dijo que se incluían temas, como: mejores técnicas disponibles, límites máximos permisibles, el concepto de buen estado ecológico, la introducción de Principios Ambientales Internacionales, como el Principio de Cooperación, Principio de Prevención, Principio de Desarrollo Sustentable, Principio de Responsabilidad Común pero Diferenciada, Principio de Precaución y Principio Quien Contamina Paga.

Incluso, se presumió que establecería la prohibición del uso de plásticos y productos derivados del poliestireno, mejor conocido como unicel de un solo uso.

Bajo esa presentación oficial, sonaba atractiva la propuesta, pero durante todo el primer periodo del segundo año legislativo del Congreso en turno, se mantuvo en “la congeladora” de la comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Congreso Local.

LA INCONFORMIDAD

Sin embargo, durante el actual período de sesiones del Congreso estatal, esta iniciativa fue retomada por los legisladores locales, aunque no fueron los únicos que la analizaron,  pues grupos ambientalistas decidieron hacer una revisión por su cuenta.

Cuándo fue presentada, hace aproximadamente un año,  se presumió que la Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural realizó 5 foros de consulta en todo el estado, los cuales se realizaron en el mes de octubre del 2017

“Ahí se socializó la propuesta y se enriqueció con la participación de más de mil 100 ciudadanos; se obtuvieron más de 100 propuestas, en las que se identificaron una serie de problemáticas que se presentan en cada región, así como una posible solución a las mismas”, aseguró la dependencia en un boletín.

Pero en una rueda de prensa virtual, realizada en pasado 2 de junio de 2020, la catedrática e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Ávila, consideró que hay un aspecto excluyente en esta ley y es uno de los más graves de este intento de reforma, la que calificó como “débil”, ya que no fueron consultados especialistas o grupos organizados de la sociedad.

Ella y otros participantes en esa rueda plantearon que se convoque a la discusión pública del dictamen planteado por el gobierno estatal y que apoyan los partidos representados en el Congreso, al implicar riesgos.

¿DE QUÉ RIESGOS HABLAN?

Los activistas calificaron este dictamen como un “documento con fines recaudatorios” que, lejos de contener el daño al medioambiente, facilita a las empresas dañar los ecosistemas a cambio de multas, concesiones o permisos.

El activista moreliano Moctezuma Madrigal calificó como “antiambiental” el dictamen que se trabaja en el Congreso. En este punto específico señala opacidad en las sanciones, las cuales no son especificadas en el documento.

Uno de los temas que más preocupan son las Áreas Naturales Protegidas, las cuales han resentido en últimos años la incapacidad institucional de poder reducirlas con el argumento de urbanismo u obra pública.

“Se sigue permitiendo esto y significa que se seguirían agarrando terrenos, vulnerando Áreas Naturales Protegidas, cualquier inmobiliaria, aguacatera o de cualquier tipo las van a comprar. Se van a reglamentos que no existen, no hay sanciones, no dice quién castiga ni cómo. Denunciamos esta ley antiambiental y queremos que se cancele para que den paso a una donde participen los ciudadanos», explicó.

Carmen Buerba, de la Universidad Michoacana, señaló por su parte que la propuesta del ejecutivo estatal pretende contar con una norma “más laxa”, en cuanto a ampliar los plazos para las sanciones o aplicar medidas de mitigación.

Ejemplificó que el uso de los plásticos, en los que dijo, mientras las grandes cadenas comerciales o supermercados acordaron en un mes y medio eliminarlo, en el dictamen se plantea un plazo de hasta más de dos años.

Ávila también criticó el carácter recaudatorio de la reforma; ya que, señaló que los fondos ambientales que se supone generarán tales recursos serán manejados por el gobierno, de acuerdo al dictamen, sin la participación de organizaciones civiles o ciudadanas, lo que hace “ambiguo” su manejo y propiciaría la corrupción o el desvío de recursos hacia otros fines, convirtiéndolos en “caja chica” y con “un manejo discrecional”, lejos de constituirse en un seguro ambiental.

En resumen, los ambientalistas señalan que el problema es que el dictamen final elaborado por las comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, y de Hacienda y Deuda Pública, contiene preceptos que atentan directamente contra el medio ambiente.

Se ha activado un movimiento para revisar esta ley, la que se supone debe proteger uno de los mayores patrimonios de los Michoacanos, el medio ambiente. Dentro del Congreso seguramente habrá eco. Parece que la discusión verdadera apenas comienza.

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