La salud en Michoacán: incertidumbre de muchos, botín de unos pocos

Aunque se supone que la salud es un bien protegido Constitucionalmente, la garantía para acceder a los servicios básicos dista de ser una realidad y en estados como Michoacán, por ahora, es una incertidumbre el tener la atención mínima, como se ha evidenciado con casos recientes. Pero, en contraparte, es también un jugoso negocio de unos pocos.

La supuesta garantía

Es el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establece que todos deben tener acceso a los servicios básicos de salud, sin distinción alguna y de manera gratuita.

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, establece este artículo. Aunque también aclara que, “La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”.

De ese modo, el poder acceder a los servicios mínimos está condicionado a las leyes de estados y federación.

Durante los íntimos 13 años, se han dado dos decisiones que han influido directamente en este derecho: se trata del Seguro Popular que se implementó durante el sexenio encabezado por Felipe Calderón Hinojosa y el recién creado Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar (Insabi), establecido por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, que sustituyó el programa creado por el ex presidente michoacano.

Entre las más notorias diferencias entre el Insabi y el Seguro Popular, está el hecho de que para estar contemplado en el nuevo esquema federal de salud, no se requiere de ningún registro o póliza, sino que bastaba con presentar una identificación oficial o la Clave Única de Registro de Población (CURP) o hasta con el acta de nacimiento, al menos eso es lo que se plasmó en papel.

LA NEGATIVA MICHOACANA

Pero otros aspectos de este esquema no resultaron del todo agradables, pues se menciona que el gobierno federal no hará entrega de recursos a los estados para brindar estos servicios, sino que directamente el gobierno de la República los administrará. Justo ese punto es el que ha causado controversias entre varios estados, entre ellos el nuestro.

El gobernador Silvano Aureoles Conejo expuso que hasta que no se tuviera claridad de como operaria y que resultados tiene el Insabi, la entidad no se apegaría a ese esquema de salud pública.

La decisión de Michoacán de no entrar a este esquema es ratificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias mañaneras; pero ahí empezó la incertidumbre, pues dijo que, aunque no haya firmado el convenio de adhesión, ya se ha tenido el sistema del IMSS-Bienestar, con diferentes nombres, pero ya opera el servicio.

«En el caso de Michoacán si tenemos posibilidad de aplicar el programa», puntualizó el presidente.

Pero al mismo tiempo, el subdirector de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no se puede asegurar que haya medicamentos gratuitos y atención en los centros de salud de los estados que no se unieron al esquema del Insabi.

Mientras tanto, entre muchos michoacanos persiste la confusión sobre cómo se puede acudir para recibir atención médica, si aún funcionan sus pólizas de seguro popular o que deben hacer ahora.

LAS CARENCIAS EVIDENCIADAS

Pero, mientras en Michoacán se duda del esquema Insabi y se presume que es mejor quedarse con el formato actual de salud pública, las instituciones estatales se evidenciaron.

Fue el pasado 12 de febrero que se difundió que una mujer dio a luz en la calle en Michoacán, al estar cerrado el Centro de Salud de Aquila y no recibir atención médica al momento de entrar en labor de parto.

Testigos detallaron que la mujer llegó con dolores de parto, sin embargo, el Centro de Salud se encontraba cerrado, por lo que la mujer no pudo evitar y dio a luz en plena calle, con ayuda de las personas que se encontraban en el lugar y algunos paramédico que llegaron a auxiliar.

Las autoridades se limitaron a decir que la señora y el bebé fueron trasladados al Hospital Integral de Coahuayana, “para su tranquilidad y dar seguimiento clínico especializado”, a través de un comunicado publicado en Twitter.

Cabe destacar que la Secretaría de Salud de Michoacán informó que la señora, Aurelia Ramírez Reyes y su bebé están estables y fuera de peligro, pero no aclararon lo sucedido, ni por qué tuvo que parir en la calle.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos difundió que, por esos hechos, “inició una investigación de oficio para conocer la responsabilidad del personal del lugar y el motivo del por qué no está funcionando ese Centro de Salud, que es para muchos ciudadanos el espacio más cercano para recibir atención médica”, sobre todo para los que viven en toda esa región nahua, donde no hay servicio médico, sino hasta Coalcomán, Lázaro Cárdenas y Colima.

Esto debido a que no se trata de un ‘caso aislado’, pues el pasado 2 de febrero, el mismo organismo defensor de los derechos fundamentales inició investigación de oficio ZAM/059/2020, por el caso de una mujer que dio a luz en los pasillos del Hospital General de Los Reyes, sin que recibiera la atención médica debida para el alumbramiento.

EL BOTÍN DE UNOS POCOS

El pasado 20 de febrero se entregaron al Congreso de la Unión los resultados de la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas número 2018-A-16000-22-1024-2019 realizada por la ASF dentro de la fiscalización a la Cuenta Pública Federal 2018. En ella se señalan irregularidades financieras relacionadas con la construcción de los nuevos hospitales Infantil y Civil de Morelia.

Dentro de la revisión al gasto de origen federal, ejecutado en Michoacán, resalta el caso de las irregularidades dentro del Sector Salud, particularmente en lo relacionado a los proyectos “Sustitución y equipamiento del Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos” y “Sustitución y equipamiento del Hospital General Dr. Miguel Silva”, mismos que tuvieron una suficiencia presupuestaria por 385.8 millones de pesos y 913.5 millones respectivamente.

La ASF reporta que los Servicios de Salud de Michoacán no presentaron el soporte documental con que demostraran haber reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la comprobación y el control de los recursos federales ejercidos por un monto de 169 millones 476.5 mil pesos en 2018, que corresponden al total erogado en el proyecto del Hospital infantil ese año, toda vez que en dicho informe y en la Cuenta Pública de 2018 se reportó sin monto ejercido.

Debido a las irregularidades detectadas la Auditoría Superior de la Federación emitió dos recomendaciones, 12 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de observaciones.

De entrada, la ASF ordena a la Contraría del Estado investigue la inadecuada planeación en la obra y se finquen responsabilidades a quien corresponda, ya que la obra para la sustitución de ambos hospitales no fue concluida en el tiempo previsto, que era el 30 de junio de 2019 en el caso del Hospital Infantil y el 13 de octubre de 2019 en el caso del Hospital Civil.

El gobierno del estado realizó sin los procedimientos adecuados cambios a los proyectos; por ejemplo, en el Hospital Infantil de inicio se previó que hubiera 150 camas de hospitalización, que posteriormente se redujeron a 100; y se modificó en dos ocasiones la extensión del espacio previsto para la construcción.

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