Las “herencias incómodas” y sus fallas

Un lustro pasó desde la designación de Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán; pero, aunque lejano parece el evento, sus secuelas persisten. Aunque otras mostraron el erróneo manejo de los secuaces “chilangos”, del que llegó a ser considerado gobernador de facto de Michoacán.

EL PRIMER SEÑALAMIENTO CONTRA LOS “CHILANGOS”

Desde la llegada de Castillo Cervantes a Michoacán con el cargo designado por el entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto, los ojos se postraron en el área de procuración de justicia.

Y es que, quien fuera titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se había convertido en el que dictaba la política interna de gobierno en Michoacán.

Al menos así ha quedado evidenciado en la práctica, luego de que, a propuesta del comisionado Alfredo Castillo, se hicieron cambios en dos áreas estrategias de la administración estatal: Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en la Procuraduría de Justicia del Estado (PJE).

También hubo cambios en el gabinete de Michoacán, de los cuales detallaremos líneas más adelante.

Pero al frente de la Secretaría de Seguridad Pública se asignó a Carlos Castellanos Becerra; quien, antes de llegar a velar por la seguridad de los michoacanos, fue director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría de Justicia en el Estado de México, cuando el titular de la dependencia era el mismo Alfredo Castillo. Después, Castellanos Becerra se incorporó a la Profeco, en la dirección jurídica.

Como procurador de Justicia, Castillo designó en esos días a Martín Godoy Castro, quien esperó el trámite de validación del congreso local para ser instalado en esa dependencia, donde se mantuvo al frente hasta hace algunas semanas.

Godoy Castro también llegó a Michoacán luego de ser subprocurador de verificación en la Profeco, cuando estuvo al frente el mismo Castillo.

Así pues, desde sus orígenes estos funcionarios fueron señalados y no bien recibidos en ese 2014.

LOS “CUATES”

Con esa “oleada” de chilangos llegaron:

-Carlos Castellano Becerra

Estuvo: Al frente de la SSP

Antes de eso: Director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría de Justicia en el Estado de México

 

-Bernardo Téllez Duarte

Estuvo como: Secretario del Consejo Estatal de Seguridad Publica

Antes de eso: Director de planeación en la Procuraduría de Justicia mexiquense

 

-Martín Godoy Castro

Estuvo como: Procurador de Justicia

Antes de eso: Subprocurador de Verificación en Profeco

-Jaime Rodríguez Aguilar

Estuvo como: Subprocurador para Morelia

Antes de eso: Estuvo al frente de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla

-José Juan Monroy García

Estuvo como: Subprocurador de justicia en Lázaro Cárdenas

Antes de eso: Trabajó a las órdenes del comisionado como Fiscal Regional de Texcoco y como subdelegado en el Estado de México para la PGR

-Jesús Isaac Acevedo Román

Estuvo como: Subsecretario de prevención y reinserción social

Antes de eso: Trabajó como Fiscal Regional de Nezahualcóyotl

 

-Adolfo Eloy Peralta Mora

Estuvo como: Subsecretario de seguridad pública del gobierno de Michoacán

Antes de eso: Trabajó como director de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México y fue jefe regional de la AFI, en Sonora

 

-Victorino Porcayo Domínguez

Estuvo como: Subprocurador de justicia en Apatzingán

Antes de eso: Fue titular de la Fiscalía Regional de Atlacomulco. Es el único que se escapa a la influencia de García Luna

-José Ramón Ávila Farca

Estuvo como: Subprocuraduría de Zitácuaro

Antes de eso: Se desempeñó como director general de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamientos de la Profeco. Antes había trabajado en la PJE del Estado de México, como fiscal especial para delitos dolosos cometidos por cuerpos policiacos.

POLICÍAS LOS PRIMEROS AFECTADOS

 

Meses después de que se hicieron estas asignaciones, iniciaron los despidos de policías estatales, bajo el argumento de que no habían aprobado los exámenes de control y confianza; pero la realidad, denunciada por los elementos policiacos, era que estaban siendo sustituidos por agentes que anteriormente laboraban en el estado de México, es decir, secuaces de los funcionarios traídos por Castillo.

La llegada de estos elementos no ha generado más que la permanencia de la antes Procuraduría General de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General), entre los primeros lugares en número de quejas por violaciones de Derechos Humanos, misma situación en que se ha visto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Hechos como los enfrentamientos en Arantepacua, o con los comuneros de Caltzontzin o agresiones a periodistas, son los que han marcado la continuidad en las inadecuadas actuaciones de las dependencias de seguridad.

Las modificaciones en el sistema de procuración de justicia que crearon la Fiscalía General del Estado, llevaron a la presión social para evitar (o intentar evitar) el “fiscal carnal”, por lo que se removió a Martín Godoy Castro de la PGJE cuando estaba por ser sustituida por la fiscalía, pero después fue presentado como Secretario de Seguridad Pública del Estado

Pero su complicidad con los “chilangos” persevera y continúa generando dolores de cabeza para los michoacanos, pues como hace reciente recuento la columna “Sinopsis Política” en este mismo medio, las atrocidades son innumerables por parte de los “chilangos”.

LA CONTRAPARTE

Otro de los funcionarios que fueron traídos a Michoacán por Castillo Cervantes, fue Carlos Aranza Doniz, quien fungió como titular de la Secretaría de Salud de Michoacán.

Sus visitas al estado comenzaron en abril del año 2014. Llegado el mes de julio el nuevo secretario de salud no recibió el nombramiento de parte del gobernador electo, sino de Salvador Jara Guerrero, segundo gobernador interino de esa administración. Eran tiempos del comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes, del pacto de coordinación con los grupos autodefensas, de la renuncia de Fausto Vallejo Figueroa a la gubernatura por problemas de salud y del encarcelamiento de Jesús Reyna García por nexos con el crimen organizado.

En sus visitas al estado había observado un ambiente de intranquilidad, comenta Aranza Doniz, pero había guardado el objetivo de ser secretario de salud de un estado en algún punto de su carrera y por eso aceptó el cargo, después de entrevistarse con Jara Guerrero. No obstante, asegura, tras la toma del cargo se encontró con rechazo por su condición de funcionario proveniente del exterior y prácticamente desde su primer día en el puesto hubo quienes comenzaron a pedir su destitución.

Después de un año en funciones, el secretario de salud de Michoacán ocupó titulares nacionales por la compra de una flotilla de camionetas, consideradas “de lujo” y con un valor mayor a los 14 millones de pesos, supuestamente destinada a su uso personal y el de otros altos funcionarios de la dependencia. La publicación original se logró gracias a “Méxicoleaks”, una plataforma de filtración protegida de documentos. La denuncia vino desde dentro de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

Además, se generaron conflictos con los sindicatos de trabajadores del sector por falta de pagos e insuficiencias de insumos en las unidades de salud, la situación llegó a ser mencionada como al borde de la quiebra.

Pero en esta dependencia, a diferencia de otras, tuvo un cambio con la designación de nuevos titulares y recientemente el Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, señaló que la Secretaría de Salud de Michoacán pudiera ser la mejor del país, por los cambios logrados en materia financiera y relación laboral, lo cual ha mejorado a partir de la actual administración.

El cambio pues, que requirió la salida de uno de los cómplices de Castillo Cervantes, hizo la diferencia en una dependencia que pasó por momentos críticos. La pregunta que se genera es entonces ¿Porque mantener a funcionarios que no generan resultados positivos?

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