Ni los derechos humanos se salvan de irregularidades

El organismo encargado de la protección de los Derechos Humanos en Michoacán está en proceso de renovación de su titular, pero ni siquiera en este proceso, en una de las instituciones que reclaman el apego a la ley, hay respeto a las normativas, pues proliferan señalamientos de opacidad.

Los Derechos Humanos, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes.

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

SU PROTECCIÓN EN MICHOACÁN

El 8 de febrero de 1993 se creó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, mediante decreto legislativo número 96 y que se publicó en el Diario Oficial del Estado, durante la administración estatal del entonces gobernador  Ausencio Chávez Hernández.

Esta ley es de orden público y de aplicación en el Estado de Michoacán en materia de los derechos humanos a que se refiere el Apartado B del artículo 102 de la Constitución General de la República y 96 de la Constitución Política del Estado, con vigencia en el Estado de Michoacán.

El primer presidente de dicha Comisión, para el período 1993-1996, fue José Rigoberto Díaz Zavala y la estructura se conformaba de un presidente, un secretario general, tres visitadores generales, así como el número de visitadores adjuntos, personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

Desde entonces la Comisión es un Organismo con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, con carácter permanente y tiene como finalidad esencial la defensa, protección, estudio, investigación, promoción y divulgación de los derechos humanos.

Entre quienes han ocupado el cargo de presidentes de esta comisión, destaca que solo ha habido una mujer, Gabriela Loredo Velásquez, que ocupó el cargo de 2001 al 2003; y solo una persona ha estado dos veces en el cargo, se trata de Víctor Manuel Serrato Lozano, que estuvo de 2007 a 2011 y  de 2015 hasta este 8 de diciembre.

LAS MANCHAS EN EL CARGO

Pero, a pesar de su origen y supuesta naturaleza de protección a derechos humanos, que le convierte al cargo de presidente del organismo en algo más (casi, porque hay un pago de por medio) altruista, recientemente la utilización de ese espacio como una plataforma política, quedó en evidencia.

En una reciente entrevista, Serrato Lozano fue cuestionado sobre sus intenciones de aspirar a algún cargo público en el proceso electoral de 2021, a lo que respondió: “Para que te digo que no si, sí”, una respuesta que se dio luego de que el dirigente michoacano del Partido Verde, Ernesto Nuñez, destapó a Serrato Lozano para ser abanderado de ese partido para la gubernatura de Michoacán en el próximo proceso electoral.

Incluso, estas declaraciones y su destape, sumados a su desempeño en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, llevaron a que a nivel nacional medios señalaron la gestión de Serrato Lozano como un fracaso.

PROCESO TURBIO

A principios del mes de noviembre inició el proceso para la renovación de titular de esta comisión, proceso que inició con el registro de solo tres aspirantes a presidente de la misma, pero finalmente fueron un total de 27 los pretendientes que se inscribieron.

Inició entonces el proceso de las comparecencias de los aspirantes, pero estás quedaron marcadas por los reiterados señalamientos de falta de transparencia en el manejo de recursos del órgano autónomo, por parte de quienes aspiran a suceder a Víctor Manuel Serrato Lozano, así como por la falta de claridad sobre el proceso de designación por parte de la diputada presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Teresa Mora Covarrubias.

De los 21 aspirantes que se presentaron a las comparecencias, luego de que las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos del Legislativo descartaran seis perfiles por no cumplir a cabalidad con los requisitos, fueron varios los aspirantes que señalaron sobre el manejo discrecional de recursos públicos en la CEDH, incluidos quienes han laborado en el organismo.

Uno de estos y que destacó, vino de la ex consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Elvia Higuera Pérez; pues, si bien fueron al menos cinco los aspirantes que señalaron falta de claridad en el uso de recursos, la maestra en derecho subrayó que en el proyecto de presupuesto para 2020 se contemplan 11 millones de pesos en compensaciones para funcionarios, sin que quede claro cuáles serán los criterios para distribuir ese dinero.

Otra de sus propuestas importantes, fue reducir en 30 por ciento el salario para puestos estratégicos y, aunque en entrevista dijo no saber el salario del ombudsman, indicó que los siguientes en jerarquía ganan alrededor de 60 mil pesos, por lo que manifestó sus dudas de que quienes aspiran a ocupar el cargo lo hagan por un interés genuino en los derechos humanos.

En los señalamientos sobre opacidad en la CEDH llamaron la atención los dichos de Gerardo Herrera, ex candidato a una diputación por el Partido Verde y quien laboró en la actual administración del órgano autónomo, fue enfático al señalar que quien presida el organismo deberá dejar su escritorio y bajarse de la camioneta Suburban. También propuso reducción de salarios, aunque no precisó la cifra, mismo que dijo, sería destinado a la atención a grupos vulnerables.

Jean Cadet Odimba Onetambalako Wetshokonda, catedrático en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y condecorado con varios premios por su especialización en temas de derechos humanos, enfatizó que, mientras los funcionarios no tengan claro qué son los derechos humanos, poco se podrá avanzar en la defensa de los mismos, por lo que su plan de reingeniería incluye capacitación a funcionarios para hacerles ver la pertinencia de cumplir las recomendaciones de derechos humanos.

Al final de las comparecencias, que se extendieron desde las 9:00 hasta casi las 17:00 horas, la diputada presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo, Teresa Mora Covarrubias, mostró en entrevista tener poca claridad respecto al proceso de designación, pues no supo precisar qué porcentaje tiene cada requisito solicitado a los aspirantes.

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