No predica con el ejemplo, el Congreso de Michoacán en líos legales
No predica con ejemplo el Congreso de Michoacán en líos legales
Por: Esteban Patricio M.
El Congreso del Estado de Michoacán, el encargado de elaborar la mayoría de las leyes y reglamentos que rigen en la entidad, no predica con el ejemplo, pues en lugar de mantenerse en apego al marco jurídico, se está viendo envuelto en litigios y controversias jurídicas.
El cambio de diputados locales acarreó una serie de problemas legales para el Congreso del Estado, que lo pone en medio de la controversia por su apego al derecho que este mismo organismo se encarga de crear.
EL HACEDOR DE LEYES
El Congreso del Estado de Michoacán es el órgano colegiado, es decir, que tiene múltiples integrantes que se coordinan en una labor, en el cual se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en el Estado.
El Poder Legislativo se refiere a la elaboración de los lineamientos legales que rigen instituciones, conductas y actividades de una sociedad.
Según las leyes, entre sus principales funciones destacan la de representar políticamente a los michoacanos, legislar sobre los ramos de la administración que sean competencia del Estado, así como participar en las adiciones o reformas a la Constitución Local y a la Constitución de la República.
También fiscalizar (es decir, revisar) las acciones del Estado y los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública; y, por otro lado, erigirse en Jurado de Sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio del interés público.
El Congreso del Estado funciona por Legislaturas, como se le llama a los periodos con sus respectivos integrantes, cada periodo constitucional es de tres años.
LA RENOVACIÓN QUE DESCONTROLA
Los legisladores no hacen su labor por sí solos, cada uno se hace de un equipo de asesores que contratan como parte de la planilla laboral del Congreso.
Con cada cambio de legislatura se da el despido de asesores y otros colaboradores directos de cada uno de los integrantes del congreso, un proceso que llega a ser de rutina y se genera sin mayores problemas.
En los presupuestos de cada tres años se deben de contemplar los gastos a cubrir por el despido de este personal y esto llega a generar ajustes en los montos a gastar en el Congreso.
LA NUEVA CONTROVERSIA
El 28 de octubre de 2021 se hizo el relevo de diputados locales al tomar protesta la LXXV legislatura del estado de Michoacán y con este cambio de nuevo se dio el relevo de trabajadores en el Congreso.
Pero esta vez algo no se hizo del todo bien y la baja de estos trabajadores trajo como consecuencia decenas de demandas laborales.
Apenas iniciando este 2022, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) dio a conocer que en 2021 recibió un total de 44 demandas laborales contra el Congreso de Michoacán, y que constituyen expedientes laborales de ex trabajadores a quienes despidió la 74 Legislatura sin pagarles su finiquito.
Cada una de estas demandas se presentó de forma individual y cada expediente es distinto, debido a que los despidos o incumplimiento salarial a los trabajadores pudieron tener sus propias temporalidades, especificó el presidente del TCA, Erik González Cárdenas.
El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Congreso de Michoacán, Mario Alberto Villegas Alfaro, informó que, con corte al mes de diciembre de 2021, había un monto global de laudos por pagar por la cantidad de 13 millones 209 mil 145 pesos con 72 centavos, es decir, una deuda que se recarga sobre los hombros de los contribuyentes.
El fenómeno de los laudos laborales es complejo en el Congreso de Michoacán, son juicios que comienzan a configurarse desde que diputados contratan a personas de confianza que, con el paso del tiempo, acaban por generar derechos laborales que a la postre, en términos de ley, reclaman en la ventanilla del TCA.
ACUSAN A LOS DIPUTADOS DE “CLAVARSE” LOS FINIQUITOS
Varios de estos asuntos legales del ámbito laboral se han alargado y ahora han explotado en la cara de los legisladores locales.
El pasado 25 de enero un grupo de exempleados de la 74 Legislatura denunció que los diputados, que ahora están en el Congreso, se robaron dos terceras partes de los finiquitos, que eran para los empleados que fueron despedidos en octubre pasado.
La acusación se deriva de que los legisladores actuales han omitido cumplir un convenio firmado con los ahora ex trabajadores.
El tema fue expuesto en una rueda de prensa que realizaron el ex diputado federal Rafael García Tinajero, quien fue asesor A del exdiputado Antonio Soto, del PRD; Jacobo Díaz Ortega, ex asesor B de la diputada de Morena, Teresa López; y Said Mendoza, quien era asesor A del exdiputado del PAN, Javier Estrada Cárdenas.
Ellos señalaron que los actuales integrantes de la Junta de Coordinación Política violentaron la ley.
“Había 21 millones de pesos presupuestados para nuestros finiquitos, pero los actuales diputados empezaron a pagar dos tercios menos de lo que establecía el convenio”, explicó Jacobo Díaz Ortega.
Además añadió que, “ante la necesidad, muchos trabajadores han accedido a cobrar solo un tercio. Legalmente los compañeros se desisten de este cobro, pero moralmente les robaron dos tercios de sus finiquitos”.
Después de estas acusaciones, los actuale diputados salieron a defenderse “echándole la bolita” a sus antecesores.
“Hubo diputados que al cuarto para que salieran decidieron firmar un convenio y no pagarlo, y heredaron estas responsabilidades”, dijo ante medios el diputado coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, quien además es miembro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Los encargados de hacer las leyes no pueden establecer claridad de cómo las aplican, desde sus entrañas el Congreso del Estado tiene dificultades para mostrar el respeto a la ley con el ejemplo.
