Perdones y sentencias, causa de controversias

Mientras a empresas, y hasta a gobiernos de Michoacán, les perdonaron el pago de impuestos, la cara contraria son las sentencias para representantes indígenas. El de por sí difícil panorama de delincuencia y corrupción que aqueja a los michoacanos toma más poder con la incertidumbre en las instituciones.

NAHUATZEN: CASTIGO A LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA

Nahuatzen, es un municipio con más de 27 mil habitantes (según el censo de 2010), se declaró municipio autónomo en 2015. En realidad, cuatro de las diez comunidades que lo componen, entre ellas la capital municipal, del mismo nombre, se rigen desde entonces bajo usos y costumbres.

Los vecinos  argumentaron en ese entonces un incremento de la presencia del crimen organizado vinculado a las autoridades políticas, por lo que decidieron constituir sus propias instituciones.

El 23 de junio de 2019 el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió la causa 021/2019 y dio la razón a los partidarios de que Nahuatzen se rija a través del Consejo Ciudadano Indígena.

Pero el año pasado, la comunidad purépecha pasaba por un conflicto generado por el rechazo de los integrantes del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), órgano electo por usos y costumbres que gobierna esa localidad desde hace tres años, al alcalde perredista David Otlica Avilés, a quien acusan de ser resultado de una imposición del gobierno estatal.

Esa pugna derivó en sucesos violentos el jueves 1de noviembre de 2018, cuando un comunero resultó herido de bala en el estómago y otro sufrió fractura en la nariz, luego de una trifulca que se originó cuando policías municipales y estatales trataron de detener a integrantes de la policía comunitaria y de despojarlos de dos vehículos.

Por su parte, las autoridades del ayuntamiento de Nahuatzen, que eran encabezadas en ese entonces por David Otlica, manifestaron en un comunicado que el CCIN no respetó el acuerdo de no agresión.

Según su versión, el jueves los integrantes de la ronda comunitaria despojaron a empleados del gobierno local de un camión de volteo para la recolección de basura y de un coche compacto que utilizan las autoridades para dar el servicio de seguridad.

Acusó a los miembros del CCIN de retener a empleados de la presidencia municipal y de amenazarlos, por lo cual se solicitó la presencia de la Policía de Michoacán.

Como consecuencia, José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera, miembros del concejo indígena y activista de Nahuatzen, fueron detenidos y se les acusó de sabotaje, robo calificado y robo de vehículo.

El 23 de junio, del 2019, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán había resuelto la causa 021/2019, dando la razón a los partidarios de que Nahuatzen se rija a través del Consejo Ciudadano Indígena.

Sin embargo, el pasado 23 de octubre, un Juez condenó a los tres detenidos por obstruir la labor municipal. La sentencia definitiva se conocerá todavía en unos días más, pero partidarios del Concejo Ciudadano Indígena prevén movilizaciones.

LOS PERDONADOS

Pero, en contraparte, desde el Gobierno del Estado hasta ayuntamientos, la Universidad Michoacana, periódicos, la Arquidiócesis de Morelia, bares y empresas de grandes capitales, como Arcelormittal en Michoacán, fueron perdonados entre 2014 y 2018 por no pagar sus impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Esto se descubrió a principios del mes de octubre, cuando el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, consiguió que tras cuatro años de litigio se le permitiera acceder a dicha información, pues logró que el SAT le entregara los archivos sobre las personas físicas y empresas a quienes se les perdonaron adeudos fiscales en el periodo del 1 enero de 2007 al 4 de mayo de 2015.

Son 96 mil 111 nombres de cancelaciones autorizadas por el SAT, mientras que los condonados suman un total de 13 mil 625. De acuerdo a la organización, el SAT entregó la lista de condonaciones de 2007-2015 por un total de 172 mil 335 millones de pesos; sin embargo, no se puede conocer aún la información relativa a 101 mil 443 millones de pesos correspondiente a 201 contribuyentes amparados.

Entre esos está el Gobierno del Estado de Michoacán, que fue incumplido en el pago de impuestos, por lo que se le condonaron multas no pagadas en 2015.

Además, están entre esos perdonados los ayuntamientos de Álvaro Obregón, Charapan, Churumuco, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Nahuatzen, Tangamandapio, Tlalpujahua, Uruapan, Zacapu, y Zamora.

Igualmente figuran sistemas de agua potable de los municipios de Uruapan, Cherán y Buenavista, que fueron beneficiados por condonaciones, al igual que las Juntas de Sanidad Vegetal de Tancítaro y Taretan, que les fueron cancelados sus adeudos por el SAT, la primera en 2014 y la segunda en 2015.

También está en la lista el periódico ‘La Jornada Michoacán’, que era publicado por Editora de Medios de Michoacán. Empresa que, en diciembre de 2015, se declaró en quiebra y su dueño, Juan Manuel Venegas Ramírez, fue demandado en 2016 por los trabajadores del rotativo, sin que la querella se resuelva hasta el momento.

Las instituciones educativas también están entre las favorecidas por el SAT. Ese listado es encabezado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en 2015, y seguida por los Tecnológicos Superiores de Apatzingán y Uruapan en 2014; el Instituto George Washington de Morelia (2018); Instituto Harvard de Morelia (2014); El Instituto Latino de Morelia AC (2014); el Colegio Salesiano Colon de Zamora (2014); el Instituto Técnico en Computación de Zamora (2014); y Centro Escolar Lancaster de Morelia (2018).

Son numerosos los comercios, gasolineras, restaurantes, bares y hasta empresas internacionales, como ARCELORMITTAL, que fueron beneficiadas con las condonaciones de multas.

                Así contrastan pues las aplicaciones de la ley en Michoacán, generando incertidumbre y desconfianzas entre la ciudadanía.

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