¿POR QUÉ NO SE GARANTIZA EL EJERCICIO DEL VOTO EN MÉXICO?

POR: ARTURO JOSÉ MAURICIO BRAVO

Morelia, Michoacán; septiembre del 2019

Podemos decir que es un hecho público y conocido por todos los estudiosos del derecho que el artículo 36 de la Constitución, establece las obligaciones que todo ciudadano de la República Mexicana tiene, entre ellas se encuentra la de votar en las elecciones y en las consultas populares, sin embargo, en mi particular punto de vista, lo reglamentado en la Constitución no se cumple a cabalidad por los ciudadanos y lo peor es que no existe autoridad que eficaz y efectivamente vigile y garantice el cumplimiento de lo ahí establecido, ni siquiera se encuentra regulada la consecuencia que lleva consigo el incumplimiento de dicha obligación constitucional, que bien puede ser una sanción.

Ante tal circunstancia pareciera que la obligación señalada en la ley e impuesta al ciudadano, en realidad no fuera una obligación como tal, sino simplemente se tratase de un acto facultativo del ciudadano, lo que ocasiona un grave detrimento a nuestro marco jurídico constitucional y consecuentemente al Estado Mexicano, puesto que el actuar de los ciudadanos no corresponde propiamente a lo escrito en la ley, inclusive históricamente a lo largo y ancho de la República indebidamente se habla de qué “el voto es un deber cívico”, actitud que ha sido consentida por las autoridades electorales y que desde luego agrede al propio Estado Mexicano, evidenciando la debilidad del Estado para hacer cumplir la ley, por tales razones considero que se debe reformar la Constitución, así como sus leyes reglamentarias, (creando para ello la medida coercitiva más eficaz), prácticamente como una necesidad y con la finalidad de fortalecer el sistema jurídico-electoral en México, ya que desafortunadamente y de acuerdo a las estadísticas de los resultados de las últimas elecciones en nuestro país, el abstencionismo y la falta de legitimidad se han hecho evidentes, suceso que repercute incuestionablemente en el ámbito social y gubernamental, bajo ese contexto y sin más preámbulo, es necesario llevar a cabo una serie de razonamientos y cuestionamientos relativos al tema, con la finalidad de fundamentar y dar la mayor claridad posible a la propuesta planteada.

En ese sentido, resulta indispensable conocer el significado de la palabra obligación[1], el cual es: “aquello que una persona está forzada (obligada) a hacer, puede tratarse de una imposición legal o de una exigencia moral”, bajo esa tesitura, y en el presente caso, evidentemente el ciudadano se encuentra obligado a participar de forma activa en las elecciones que correspondan, pues se infiere que el legislador tiene como propósito orillar al ciudadano a participar en la vida democrática del país y así contribuir a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades administrativas electorales, que son entre otras: “contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática», sin embargo en la práctica esto no es así, en primer lugar porque el ciudadano (en un gran porcentaje) no vota, y en segundo lugar la autoridad administrativa electoral tampoco cumple eficazmente con su obligación de hacer cumplir las obligaciones de los ciudadanos, razón por la cual se actualiza la figura de incumplimiento de un mandato constitucional de ambas partes.

Dicha situación nos obliga a cuestionar ¿quién es el responsable de que no se cumplan a cabalidad las obligaciones constitucionales referidas, el ciudadano o la autoridad?, considero que ambos, pero con un mayor grado de responsabilidad las autoridades electorales, porque tanto la Constitución, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen con claridad que votar es una obligación del ciudadano y que la autoridad electoral tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de ellos, así como de llevar a la práctica el principio rector de la legalidad, en ese sentido evidentemente la autoridad ha sido omisa y pasiva al tolerar el incumplimiento de la norma, y al no realizar propuestas, sugerencias o iniciativas para lograr el cumplimiento eficaz de esas obligaciones y así fortalecer las figuras del Estado Mexicano, así como el estado de derecho.

Finalmente debemos tener en cuenta y dejar claro que es obligación de las autoridades electorales garantizar el derecho de los ciudadanos a votar, pero también lo es vigilar y sancionar el cumplimiento de esa obligación.  

Ante ese escenario, parece impostergable la necesidad de determinar los mecanismos y procedimientos coercitivos y/o sancionadores, que bien pueden ser desde una sanción económica, la pérdida temporal de la vigencia de la credencial para votar, la pérdida temporal del derecho político electoral de ser votado, servicio social, los cuales a criterio de un servidor deberán ser ejecutados por el Instituto Nacional Electoral, y en su caso validados por los Tribunales Electorales, o en su defecto un incentivo otorgado al ciudadano por el solo hecho de votar, concediendo un día de descanso o bien la reducción en algún impuesto.

Por otro lado, todos sabemos que las autoridades electorales en México, en términos generales por ley tienen la obligación (además de la organización de las elecciones en todas sus etapas) de incentivar la participación de la sociedad en la vida política y democrática del país, en ese sentido es preciso plantear la siguiente interrogante: ¿beneficia a México que el voto verdaderamente sea obligatorio?, yo creo que sí, ¿porqué? primeramente, porque se daría cumplimiento a la norma y al observarla debidamente se fortalece el sistema jurídico electoral, así como al propio Estado Mexicano, y en consecuencia el principio de la democracia, lo anterior tomando en consideración que uno de los principales objetivos de la democracia es precisamente que exista una activa y verdadera participación de la ciudadanía en los procesos electorales, hecho que se encuentra íntimamente ligado con que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”[2]; en segundo lugar, porque todos los gobiernos electos se encontrarán debidamente legitimados, circunstancia que trae consigo la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, asimismo el interés de la población en los asuntos de gobierno atinentes a una sociedad, destacando que regularmente los gobiernos que no se encuentran legitimados suelen encontrarse en problemas con la ciudadanía, toda vez que ésta última demuestra abiertamente un desinterés en toda acción que el gobierno emprenda, contrario totalmente es cuando el gobierno está debidamente legitimado, en ese supuesto caso, existe no solamente el interés y atención de la población en las acciones que emprenda el gobierno, sino también apoyo, respaldo y participación en los asuntos, toda vez que está demostrado que existe una mayor conexión e identificación entre gobierno y sociedad, bajo ese contexto se puede concluir, que con esta medida de hacer en realidad el voto obligatorio, pudiéramos hablar de que tendríamos mejores gobiernos y finalmente en tercer lugar porque se atacaría de forma directa y frontal el fenómeno del abstencionismo, obviamente con la finalidad de combatirlo y reducir sus índices en gran medida.

Adicionalmente es importante destacar que los efectos del voto conllevan al fortalecimiento de un sistema democrático, lo cual respalda la intervención de los ciudadanos en los asuntos políticos.  Pero si se entiende como voto, aquella acción concluyente que finaliza un proceso de análisis consecuente a los deberes del ciudadano, la mejor forma de ejecutar este derecho es cumpliendo a cabalidad con deber de efectuarlo. Algunos teóricos como López Guerra establecen el voto, no sólo como la ejecución de un derecho, sino también como el medio por el cual el ciudadano contribuye con la organización del Estado y al buen funcionamiento del Estado Democrático, ideal de todo pueblo, entonces bajo esa tesitura, el Estado debe también debe hacer lo propio para lograr la participación de la población en sus elecciones, es decir se trata de un tema de responsabilidad compartida.  


[1] Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2011. Actualizado: 2014.

[2] Artículo 39 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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